Young feminist activists play a critical role in women’s rights organizations and movements worldwide by bringing up new issues that feminists face today. Their strength, creativity and adaptability are vital to the sustainability of feminist organizing.
At the same time, they face specific impediments to their activism such as limited access to funding and support, lack of capacity-building opportunities, and a significant increase of attacks on young women human rights defenders. This creates a lack of visibility that makes more difficult their inclusion and effective participation within women’s rights movements.
AWID’s young feminist activism program was created to make sure the voices of young women are heard and reflected in feminist discourse. We want to ensure that young feminists have better access to funding, capacity-building opportunities and international processes. In addition to supporting young feminists directly, we are also working with women’s rights activists of all ages on practical models and strategies for effective multigenerational organizing.
We want young feminist activists to play a role in decision-making affecting their rights by:
Fostering community and sharing information through the Young Feminist Wire. Recognizing the importance of online media for the work of young feminists, our team launched the Young Feminist Wire in May 2010 to share information, build capacity through online webinars and e-discussions, and encourage community building.
Researching and building knowledge on young feminist activism, to increase the visibility and impact of young feminist activism within and across women’s rights movements and other key actors such as donors.
Promoting more effective multigenerational organizing, exploring better ways to work together.
Supporting young feminists to engage in global development processes such as those within the United Nations
Collaboration across all of AWID’s priority areas, including the Forum, to ensure young feminists’ key contributions, perspectives, needs and activism are reflected in debates, policies and programs affecting them.
Liliana was a teacher, a weaver, and a well recognized writer from Argentina.
Her trilogy La saga de los confines received several awards and is unique in the fantasy genre for its use and re-imagining of South American Indigenous mythology.
Liliana’s commitment to feminism was expressed in the diverse, rich and strong women voices in her writing, and particularly in her extensive work for young readers. She also took public positions in favour of abortion, economic justice and gender parity.
Ya tienes el producto final y completo de la investigación organizado y editado. Ahora querrás facilitar la difusión de los resultados y para ello necesitarás que sean visualmente accesibles e interesantes.
En esta sección
- Prepara el informe extenso para la difusión pública
1. Piensa tal como lo hace tu público
2. Trabaja con profesionales del diseño
3. Asegura la consistencia de los productos- Controla la calidad de las traducciones
Considera la posibilidad de elaborar productos más breves además del informe extenso.
Como dijéramos en «Sintetiza los resultados de la investigación», AWID muchas veces prepara productos más breves a partir del informe de investigación completo. Esto permite difundirlo más y mejor entre audiencias específicas de importancia clave.
Siempre ten presente cuál es la población a la que te diriges: ¿quién va a leer tu informe?
Ejemplos de productos breves derivados de un informe más extenso:
Todo el tiempo nos bombardean con información. Para conservar el interés de la audiencia, el producto deberá tener un atractivo visual. Una vez más, saber qué quieres lograr y a quién esperas llegar, permitirá que quien se encargue del diseño pueda crear productos para audiencias específicas.
Un informe escrito de muchas páginas en PDF tal vez te parezca la única forma posible de presentar la investigación, pero a mucha gente le puede resultar abrumador — sobre todo en Internet.
Si quieres compartir el producto con una comunidad en línea, piensa en crear memes e infografías para usar en las redes sociales, blogs y plataformas virtuales.
Para decidir si vas a crear o no productos más breves, piensa si podrás dividir los resultados en varios productos más breves para compartirlos con poblaciones específicas o en distintos momentos del año, reavivando así el interés por el producto.
Si cuentas con un tiempo limitado y el presupuesto te lo permite, te recomendamos contratar a profesionales del diseño.
Por razones económicas puedes sentir la tentación de pedirle al personal de tu organización que le dé formato al informe. Pero un diseño gráfico profesional puede marcar una gran diferencia en el aspecto del producto final y por lo tanto en el impacto que podrá alcanzar.
Las personas que se encarguen del diseño (ya sean de tu organización o contratadxs) deben ser capaces de:
¿Qué necesitarás aportarles a quienes se encarguen del diseño?
Recuerda que estarás trabajando con profesionales del diseño, que no necesariamente conocen las temáticas de las mujeres ni tampoco los resultados de la investigación, sobre todo si son personas contratadas y que no forman parte de tu organización.
Comunícales qué elementos del informe son importantes para ti y cuál es tu audiencia. Ellxs te sugerirán formas de destacar esos elementos y de hacer que todo el producto resulte atractivo a lxs usuarixs.
Cuando hayas creado un conjunto de productos informativos más breves, no olvides vincularlos entre sí:
También es importante que el personal que hizo la investigación se involucre en este estadio del proceso, para garantizar que todos los productos derivados sean consistentes con los resultados de la investigación.
Una vez que hayas completado el diseño y la presentación del informe de investigación en su versión final, asegúrate de volver a enviar a traducir cualquier modificación que se haya producido en la terminología o el contenido.
Si además creaste productos breves, una vez que estén diseñados y listos para ser difundidos también necesitarás contar con copias en los idiomas a los que se tradujo el informe. Las traducciones deben ser lo suficientemente claras como para que quien se encarga del diseño pueda elaborar los productos aun si no habla el idioma en que están escritos.
Una vez completadas las traducciones, asegúrate de que una persona que sea hablante nativa del/los idioma/s que corresponda/n las revise, antes de difundirlas.
7. Sintetiza los resultados de la investigación
• 2 - 3 meses
• 1 persona (o más) de investigación
• 1 Editor (editor web o si crea un producto en línea)
• Personal o empresa de diseño
• Traductores, de ofrecer encuesta en varios idiomas
• Lista de los espacios en línea para la difusión
7. Sintetiza los resultados de la investigación
9. Haz incidencia y cuéntale al mundo
Seul·es 18 % des trans et travestis en Argentine ont accès à un emploi formel.
Сделать видимой сложность обеспечения ресурсами различных феминистских организаций
Anna creció en Lewes, Sussex (Reino Unido) y se mudó a Bristol, donde se hizo plomera, luego de decidir que no iba a continuar con su carrera de Inglés en la Universidad de Sheffield.
Dedicó mucho de su tiempo a defender a las personas marginadas y sin privilegios, a participar de marchas antifascistas y a ofrecer apoyo a las mujeres de la Granja Dale cuando estuvieron bajo amenaza de desalojo. Vegana y amante de los animales, participó en sabotajes a partidas de caza y su nombre es honrado en el Monumento «Árbol de la vida», de PETA. En mayo de 2017, Anna se trasladó a Rojava llevada por su fuerte compromiso con el empoderamiento de las mujeres, la plena representación de todas las identidades étnicas y la protección del ambiente.
Murió el 15 de marzo de 2018, al ser alcanzada durante un bombardeo aéreo de fuerzas turcas a la ciudad de Afrin, en el norte de Siria. Anna cayó combatiendo junto a las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ).
En tant que féministes luttant pour la justice de genre, la paix, la justice économique, sociale et environnementale, nous savons qu'il n'existe pas de recette miracle, mais plutôt un éventail de possibilités qui peuvent faire changer les choses, et qui les font changer.
Cet éventail d’options est aussi diversifié que nos mouvements et les communautés dans lesquelles nous vivons et nous luttons.
Avant de vous présenter quelques-unes de ces propositions féministes pour un autre monde, voici les principes qui encadrent nos propositions :
Nous croyons qu'il ne doit pas y avoir un seul modèle pour tous, et que chacun-e doit avoir le droit de revendiquer et de contribuer à la construction d'un autre monde possible, comme le formule le slogan du Forum social mondial.
Cela inclut le droit de participer à la gouvernance démocratique et d'influer sur son avenir, politiquement, économiquement, socialement et culturellement.
L'autodétermination économique permet aux peuples de prendre le contrôle de leurs ressources naturelles et d'utiliser ces ressources pour atteindre leurs propres objectifs ou pour un usage collectif. En outre, le pouvoir d’agir des femmes dans la sphère économique est fondamental pour atténuer le caractère souvent cyclique de la pauvreté, le déni de l'éducation, de la sécurité et de la sûreté.
Le principe de l'égalité réelle est énoncé dans la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits humains. Ce principe est fondamental pour le développement et la transformation vers une économie juste, car il affirme que tous les êtres humains naissent libres et égaux.
La non-discrimination fait partie intégrante du principe d'égalité, qui veille à ce que personne ne soit privé de ses droits en raison de facteurs tels que la race, le sexe, la langue, la religion, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, une opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance.
La dignité inhérente à toute personne sans distinction doit être maintenue et respectée. Alors que les États doivent veiller à l'utilisation d’un maximum de ressources disponibles pour la réalisation des droits humains, le fait d’exiger ces droits et la dignité est un enjeu clé pour la lutte de la société civile et la mobilisation populaire.
Ce principe, mis en œuvre par les efforts coordonnés visant à transformer les institutions injustes, soutient le rétablissement de l’équilibre entre la « participation » (entrées) et la « distribution » (sorties), lorsque celui-ci est rompu.
Il permet de poser des limites à l'accumulation monopolistique de capital et d'autres abus liés à la propriété. Ce concept est fondé sur un modèle économique qui repose sur l'équité et la justice.
Pour changer les choses, nous avons besoin de réseaux féministes solides et diversifiés. Nous avons besoin de mouvements qui renforcent la solidarité du niveau personnel au niveau politique, du niveau local au niveau global, et inversement.
Construire le pouvoir collectif grâce aux mouvements permet de convertir la lutte pour les droits humains, l'égalité et la justice en une force politique pour le changement qui ne peut être ignorée.
« Seuls les mouvements sont en mesure de créer des changements durables à des niveaux que la politique et les lois seules ne permettraient pas d’atteindre. »
Pour en savoir plus sur ce sujet, consulter S. Batliwala, 2012 Changer leur monde. Mouvements féministes, concepts et pratiques.
THE TRANS EMPLOYMENT QUOTA
sanctioned by law is not being respected by companies and employers
الرجاء اختيار لغتك في الزاوية اليمنى الرجاء اختيار اللغة المفضلة للإجابة على الاستطلاع في أقصى يمين الصفحة
ذا كنت ترغب في معرفة المزيد، انضم إلى لقاء للأعضاء/ العضوات: أين المال؟ يوم الاثنين 27 مايو (أيار) الساعة 9:00 بالتوقيت العالمي - مع ترجمة
فورية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
14:00 بالتوقيت العالمي - مع ترجمة فورية باللغتين الإسبانية والإنجليزية
سنستمع إلى فريق الحركات النسوية لتوفير الموارد التابع لجمعية حقوق المرأة في التنمية (جمعية حقوق المرأة في التنمية) حول خصوصيات وعموميات تمويل التنظيمات النسوية.
انضم/ي إلينا كعضو/ة في وكن/وني جزءًا من جلسة التواصل هذه.
الرد على الدعوة هنا
(Registration only available in English)
Annaliza était la présidente du Conseil de réforme agraire des pionniers de Mindanao, un groupe de coordination de la ville de Tacurong, aux Philippines.
Mère aimée de quatre enfants, sa communauté se souvient d’Annaliza comme de « celle qui dirige quand personne ne veut diriger, qui parle quand personne ne veut parler, qui a eu le courage d'aider les bénéficiaires de la réforme agraire à acquérir des terres ».
Annaliza a été abattue par des assaillants inconnus devant l'Université d'État de Sultan Kudarat (SKSU) alors qu'elle se rendait au lycée national Salabaca à Esperanza.
Sa famille a déclaré : « Naghihintay pa rin kami ng hustisya para sa kanya » (nous attendons toujours que justice lui soit rendue).
The current global economic crisis provides stark evidence that the economic policies of the last 3 decades have not been working.
The devastation that the crisis has wrought on the most vulnerable households in the Global North and Global South is a reminder that the formulation of economic policy and the realization of human rights (economic, social, political, civil and cultural) have for too long been divorced from one another. Economic policy and human rights do not have to be opposing forces, but can exist symbiotically.
Macroeconomic policies affect the operation of the economy as a whole, shaping the availability and distribution of resources. Within this context, fiscal and monetary policies are key.
These policies affect key prices such as interest and exchange rates that directly influence, among other things, the level of employment, access to affordable credit, and the housing market.
Applying a human rights framework to macroeconomic policy allows States to better comply with their obligation to respect, protect, and fulfill economic and social rights. Human rights are internationally agreed-upon universal standards. These legal norms are articulated in United Nations treaties including, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
Article 1 of the UDHR states that, “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”
Although the UDHR was written about six decades ago its relevance is enduring. Many of the ideas address concerns and critical issues that people continue to face globally. Issues regarding inhuman punishment (Art. 5), discrimination (Art. 7), property ownership (Art. 17), equal pay for equal work (Art. 23/2), and access to education (Art. 26/1) are pertinent matters in countries South and North of the equator.
More specifically, States have an obligation under international law to respect, protect and fulfill human rights, including the economic and social rights of people within their jurisdiction. This is particularly relevant now given the financial crisis. In the U.S., regulation is skewed in favor of certain interests. The failure to extend government’s supervisory role in the context of social and economic change is a failure with regard to the obligation to protect human rights.
States should abide by key human rights principles to achieve economic and social rights. Some of the principles have potentially important implications for governance of financial institutions and markets, yet these possibilities have been underexplored.
Economic and social rights have a concrete institutional and legal grounding. Global declarations, international treaties, covenants, and, in a number of cases, national constitutions have incorporated aspects of the economic and social rights framework—providing an institutional infrastructure in national and international law.
Some have suggested that a consideration of global justice may not be a useful pursuit because of the institutional complexities involved. However, this does not get around that fact that global institutions already have an impact on social justice, both positive and negative.
It is useful to tease out the implications that elements of alternative frameworks have for economic governance, specifically those supported by existing institutions. Economic and social rights represent one such concrete framework. The framework is an evolving one, and ongoing discussion and deliberation is necessary to address underdeveloped areas and potential deficiencies.
This section is based on CWGL’s blog “Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies” (2012).
“Mis sueños y objetivos siempre han sido los mismos que los de Lohana Berkins: que la cooperativa siga de pie y no cierre. Seguir dándole este lugar a nuestras compañeras travesti, darles trabajo y un lugar de apoyo”
Brisa Escobar,
presidenta de la Cooperativa
Riham was a lawyer and activist committed to monitoring rights violations in Yemen.
She worked with other activists to supply civilians trapped by Houthi militias in the outskirts of the city of Taiz with food and water.
Riham was killed in February 2018 and it is unconfirmed whether she was killed by a sniper or hit by an aircraft. Nobody has been held accountable for her murder.
Ultra conservative actors have developed a number of discourses at the international human rights level that call on arguments manipulating religion, culture, tradition, and national sovereignty in order to undermine rights related to gender and sexuality.
Anti-rights actors have increasingly moved away from explicitly religious language. Increasingly, we see regressive actors - who may previously have derided human rights concepts - instead manipulating and co-opting these very concepts to further their objectives.
This emerging and successful discourse appears innocuous, but it functions as a useful umbrella theme to house multiple patriarchal and anti-rights positions. The ‘protection of the family’ theme is thus a key example of regressive actors’ move towards holistic and integrated advocacy.
The language of ‘protection of the family’ works to shift the subject of human rights from the individual and onto already powerful institutions.
It also affirms a unitary, hierarchical, and patriarchal conception of the family that discriminates against family forms outside of these rigid boundaries. It also attempts to change the focus from recognition and protection of the rights of vulnerable family members to non-discrimination, autonomy, and freedom from violence in the context of family relations.
The Holy See and a number of Christian Right groups seek to appropriate the right to life in service of an anti-abortion mission. Infusing human rights language with conservative religious doctrine, they argue that the right to life, as set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, applies at the moment of conception.
The discourse has no support in any universal human rights instrument. Yet this is an appealing tactic for anti-rights actors, because the right to life cannot be violated under any circumstances and is a binding legal standard.
Anti-rights actors use a number of rhetorical devices in their campaign to undermine sexual rights: they argue that sexual rights do not exist or are ‘new rights,’ that they cause harm to children and society, and/or that these rights stand in opposition to culture, tradition or national laws.
Conservative actors engaged in advocacy at the UN attack the right to comprehensive sexuality education from several directions. They claim that CSE violates ‘parental rights’, harms children, and that it is not education but ideological indoctrination. They also claim that comprehensive sexuality education is pushed on children, parents, and the United Nations by powerful lobbyists seeking to profit from services they provide to children and youth.
Attempts to invalidate rights related to sexual orientation and gender identity have proliferated. Ultra conservative actors argue that application of long-standing human rights principles and law on this issue constitutes the creation of ‘new rights’; and that the meaning of rights should vary radically because they should be interpreted through the lens of ‘culture’ or ‘national particularities.’
Christian Right organizations have been mobilizing against reproductive rights alongside the Holy See and other anti-rights allies for several years. They often argue that reproductive rights are at heart a form of Western-imposed population control over countries in the global South. Ironically, this claim often originates from U.S. and Western Europe-affiliated actors, many of whom actively work to export their fundamentalist discourses and policies.
Regressive actors also cite to ‘scientific’ arguments from ultra-conservative think tanks, and from sources that rely on unsound research methodologies, to suggest that abortion causes an array of psychological, sexual, physical, and relational side effects.
Just as anti-rights actors aim to construct a new category of ‘protection of the family,’ they are attempting to construct a new category of ‘parental rights,’ which has no support in existing human rights standards.
This discourse paradoxically endeavours to use the rights protections with which children are endowed, as articulated in the Convention on the Rights of the Child, to support the rights of parents to control their children and limit their rights.
Increasingly, anti-rights actors are attempting to infiltrate and subvert standards and discourses developed by women human rights defenders, such as violence against women (VAW).
At the Commission on the Status of Women and other spaces, one rhetorical move is to treat VAW as a concept in which to embed anti-reproductive rights and patriarchal arguments. Ultra conservative actors, for example, have argued that non-heteronormative or traditional intimate partner relationships are a risk factor for violence, and emphasize that fathers are necessary to protect families from violence.
The Holy See has set off a sustained critique of gender, ‘gender ideology’, ‘gender radicals,’ and gender theory, and anti-rights actors often read the term as code for LGBTQ rights. Gender is used by the religious right as a cross-cutting concept that links together many of their discourses. Increasingly, the hysteria on this subject fixates on gender identity and trans rights.
Complementarity of the sexes is a discourse employed by a number of ultra-conservative actors today. Its rhetoric is structured around an assumption of difference: men and women are meant to have differing but complementary roles in marriage and family life, and with respect to their engagement in the community and political and economic life.
Reference to ‘natural’ roles is meant to fundamentally reject universal human rights to equality and non-discrimination.
It is also used to justify State and non-State violations of these rights, and non-compliance with respect to State obligations to eliminate prejudices and practices based on stereotyped roles for men or women.
This discourse suggests that national governments are being unjustly targeted by UN bodies, or by other States acting through the UN. This is an attempt to shift the subject of human rights from the individual or marginalized community suffering a rights violation to a powerful and/or regressive institution - i.e. the state, in order to justify national exceptions from universal rights or to support state impunity.
Anti-rights actors have taken up the discourse of freedom of religion in order to justify violations of human rights. Yet, ultra-conservative actors refer to religious freedom in a way that directly contradicts the purpose of this human right and fundamentally conflicts with the principle of the universality of rights. The inference is that religious liberty is threatened and undermined by the protection of human rights, particularly those related to gender and sexuality.
The central move is to suggest that the right to freedom of religion is intended to protect a religion rather than those who are free to hold or not hold different religious beliefs.
Yet under international human rights law, the right protects believers rather than beliefs, and the right to freedom of religion, thought and conscience includes the right not to profess any religion or belief or to change one’s religion or belief.
The deployment of references to culture and tradition to undermine human rights, including the right to equality, is a common tactic amongst anti-rights actors. Culture is presented as monolithic, static, and immutable, and it is is often presented in opposition to ‘Western norms.’
Allusions to culture by anti-rights actors in international policy debates aim to undermine the universality of rights, arguing for cultural relativism that trumps or limits rights claims. Regressive actors’ use of cultural rights is founded on a purposeful misrepresentation of the human right. States must ensure that traditional or cultural attitudes are not used to justify violations of equality, and human rights law calls for equal access, participation and contribution in all aspects of cultural life for all, including women, religious, and racial minorities, and those with non-conforming genders and sexualities.
Anti-rights actors in international policy spaces increasingly manipulate references to universal or fundamental human rights to reverse the meaning of the universality of rights.
Rather than using the term universal to describe the full set of indivisible and interrelated human rights, ultra conservative actors employ this term to instead delineate and describe a subset of human rights as ‘truly fundamental.’ Other rights would thus be subject to State discretion, ‘new’ rights or optional. This discourse is especially powerful as their category of the truly universal remains unarticulated and hence open to shifting interpretation.
