
Nasreen Pervin Huq

Defensoras de derechos humanos de todo el planeta defienden sus tierras, medios de subsistencia y sus comunidades ante las industrias extractivas y el poder corporativo. Ellas hacen frente a fuertes intereses económicos y políticos que promueven el robo de tierras, el desplazamiento de comunidades, la pérdida de los medios de subsistencia y la degradación del medioambiente.
El extractivismo es un modelo económico y político de desarrollo que mercantiliza la naturaleza y prioriza la ganancia por sobre los derechos humanos y el medioambiente. Arraigado en la historia colonial, refuerza las desigualdades sociales y económicas tanto a nivel local como global. Muchas veces, las mujeres negras, rurales e indígenas son las más afectadas por el extractivismo, y además son notablemente excluidas de la toma de decisiones. Desafiando estas fuerzas patriarcales y neocoloniales, las mujeres se alzan en defensa de los derechos, las tierras, las personas y la naturaleza.
Las defensoras que enfrentan a las industrias extractivas, experimentan una diversidad de riesgos, amenazas y violaciones, incluidas la criminalización, la estigmatización, la violencia y laintimidación. Sus historias dan cuenta de marcados aspectos de violencia sexual y de género. Entre los perpetradores se incluyen autoridades estatales y locales, las corporaciones, la policía, el ejército, las fuerzas paramilitares y de seguridad privada, y en algunos casos, sus propias comunidades.
AWID y la Coalición Internacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (WHRDIC por su sigla en inglés) tienen el placer de anunciar «Defensoras de derechos humanos confrontado al extractivismo y al poder corporativo»; un proyecto interregional de investigación que documenta las experiencias vividas por las defensoras de Asia, África y América Latina.
Alentamos a activistas, integrantes de movimientos sociales, la sociedad civil organizada, donantes y responsables de políticas públicas, a leer y utilizar estas producciones para el trabajo de incidencia, con fines educativos y como fuente de inspiración:
«Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extractivas: un panorama de los riesgos críticos y las obligaciones en materia de derechos humanos» es un informe sobre políticas desde la perspectiva de género (en inglés, pronto disponible en español). Analiza las formas de violaciones y los tipos de perpetradores, hace referencia a las obligaciones relevantes en derechos humanos e incluye recomendaciones de políticas para los estados, corporaciones, la sociedad civil y donantes.
«Tejiendo la Resistencia a través de la Acción: Las Estrategias de las Defensoras de Derechos Humanos contra a las Industrias Extractivas» es una guía práctica que expone formas creativas y deliberadas de acción, tácticas exitosas e inspiradoras historias de resistencias.
El video «Defendiendo a las Personas y al Planeta: Mujeres Confrontando a las Industrias Extractivas» está protagonizado por defensoras de derechos humanos de África, Asia y América Latina, que comparten sus luchas por la tierra y la vida, y hablan de los riesgos y desafíos que enfrentan en su activismo.
«Desafiar al poder corporativo: Las luchas por los derechos de las mujeres, la justicia económica y de género» es un informe de investigación que explica los impactos del poder corporativo y ofrece ideas sobre estrategias de resistencia.
AWID reconoce con gratitud las invaluables contribuciones de cada Defensora de Derechos Humanos que ha sido parte de este proyecto. Esta guía ha sido posible gracias su generosidad y apertura al compartir sobre sus experiencias y lecciones. Su coraje, creatividad y resiliencia son una inspiración para todxs nosotrxs. ¡Muchas gracias!
AWID comenzó a preparar este informe anual en el momento en que la pandemia global empezaba a desintegrar las formas en que nos reunimos, nos organizamos y vivimos nuestras vidas. Es imposible reseñar lo que hemos hecho sin que el COVID-19 afecte nuestra evaluación.
Descargar el informe anual 2019 completo (PDF)
Es una afirmación, urgentemente necesaria, de que existen otros modos, más justos, de organizar nuestras vidas. Durante 2019, cientos de grupos compartieron con nosotrxs sus experiencias y propuestas de realidades feministas, que van desde las redes radicales de apoyo comunitario que facilitan el aborto autogestionado en América Latina y las prácticas de economías comunitarias en Indonesia y de sistemas alimentarios comunitarios en India y EEUU, hasta la reconcepción y renovación de las prácticas no perjudiciales para ritos de iniciación en Sierra Leona. Estas son las experiencias que trazarán un camino hacia una «nueva normalidad».
Una parte clave de nuestro trabajo de 2019 fue alentar estas exploraciones a través de una guía que AWID lanzó para apoyar a aquellos grupos interesados en descubrir las historias y las aspiraciones que son los componentes esenciales de las proposiciones feministas.
Mientras nos focalizamos en nuestras propuestas para un mundo diferente, también reconocemos el complejo contexto que nos rodea. A través de alianzas con el Observatorio sobre la Universalidad de los Derechos, las Feministas por un Tratado Vinculante, el Consorcio Count Me In! y otras organizaciones, AWID ha continuado resistiendo contra el poder corporativo irrestricto y contra las agendas fascistas y fundamentalistas que socavan los derechos de las mujeres y la justicia de género. En vista de las escasas posibilidades de lograr un cambio transformador a través de procesos multilaterales y de la limitada receptividad de la mayoría de los Estados, estamos redoblando nuestros esfuerzos para garantizar que los movimientos feministas, en toda su diversidad, sean financiados de forma proporcional al papel crítico que desempeñan al apoyar a sus comunidades, reclamar derechos, y responder a las crisis. En 2019, introdujimos principios y enfoques feministas para fondos innovadores como la Iniciativa Spotlight y el Fondo Igualdad, y logramos obtener recursos a través de subvenciones de fondos semilla para realidades feministas provenientes de donantes feministas.
Si miramos hacia adelante, resulta claro que el contexto requiere una transformación de nuestras estrategias de organización:
AWID se está embarcando ahora en un nuevo modelo de membresía que reduce las barreras para el acceso y pone el énfasis en las oportunidades para la participación y la conexión entre afiliadxs. Seguiremos experimentando con distintas herramientas y procesos virtuales para construir comunidad. La interacción entre movimientos continuará siendo central para nuestro trabajo. Las acciones de AWID en solidaridad con los movimientos y las identidades que sufren opresión (incluso y especialmente cuando estas quedan marginalizadas dentro de los movimientos feministas) son importantes para impulsar el cambio y brindar apoyo a los movimientos amplios e inclusivos para todas las personas.
Somos resilientes, nos adaptamos, y nos hacemos presentes para lxs demás. Y tenemos que seguir haciéndolo mejor. Gracias a todxs ustedes, que son parte del viaje junto con nosotrxs.
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Asamblea Placentera: Tejiendo Proyectos Feministas ColaborativosGhiwa Sayegh, Kohl: A Journal for Body and Gender Research De brujeria, chamanismo y otros conocimientos insurrectos contra el patriarcadoSofía Blanco Sixtos, Colectiva Feminista MAPAS |
The current global economic crisis provides stark evidence that the economic policies of the last 3 decades have not been working.
The devastation that the crisis has wrought on the most vulnerable households in the Global North and Global South is a reminder that the formulation of economic policy and the realization of human rights (economic, social, political, civil and cultural) have for too long been divorced from one another. Economic policy and human rights do not have to be opposing forces, but can exist symbiotically.
Macroeconomic policies affect the operation of the economy as a whole, shaping the availability and distribution of resources. Within this context, fiscal and monetary policies are key.
These policies affect key prices such as interest and exchange rates that directly influence, among other things, the level of employment, access to affordable credit, and the housing market.
Applying a human rights framework to macroeconomic policy allows States to better comply with their obligation to respect, protect, and fulfill economic and social rights. Human rights are internationally agreed-upon universal standards. These legal norms are articulated in United Nations treaties including, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR).
Article 1 of the UDHR states that, “All human beings are born free and equal in dignity and rights.”
Although the UDHR was written about six decades ago its relevance is enduring. Many of the ideas address concerns and critical issues that people continue to face globally. Issues regarding inhuman punishment (Art. 5), discrimination (Art. 7), property ownership (Art. 17), equal pay for equal work (Art. 23/2), and access to education (Art. 26/1) are pertinent matters in countries South and North of the equator.
More specifically, States have an obligation under international law to respect, protect and fulfill human rights, including the economic and social rights of people within their jurisdiction. This is particularly relevant now given the financial crisis. In the U.S., regulation is skewed in favor of certain interests. The failure to extend government’s supervisory role in the context of social and economic change is a failure with regard to the obligation to protect human rights.
States should abide by key human rights principles to achieve economic and social rights. Some of the principles have potentially important implications for governance of financial institutions and markets, yet these possibilities have been underexplored.
Economic and social rights have a concrete institutional and legal grounding. Global declarations, international treaties, covenants, and, in a number of cases, national constitutions have incorporated aspects of the economic and social rights framework—providing an institutional infrastructure in national and international law.
Some have suggested that a consideration of global justice may not be a useful pursuit because of the institutional complexities involved. However, this does not get around that fact that global institutions already have an impact on social justice, both positive and negative.
It is useful to tease out the implications that elements of alternative frameworks have for economic governance, specifically those supported by existing institutions. Economic and social rights represent one such concrete framework. The framework is an evolving one, and ongoing discussion and deliberation is necessary to address underdeveloped areas and potential deficiencies.
This section is based on CWGL’s blog “Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies” (2012).
Stephanie Bracken is a feminist who is dedicated to building and supporting strong systems that meet the needs of the moment and the people who interact with them, and serve principles of justice. She holds a Master of Human Rights from the University of Sydney and a BA in Gender Studies, History, and Philosophy from McGill University, and has experience working with feminist and social justice organizations on monitoring, evaluation & learning, strategic work planning, governance, project management, and building operational systems and processes. Stephanie is based in Tiohtià:ke/Montreal, where she enjoys singing with others, camping, fiber arts, and spending time with her kids and community.
Anti-rights actors have had a substantive impact on our human rights framework and the progressive interpretation of human rights standards, especially rights related to gender and sexuality.
When it comes to the impact of conservative actors in international policy spaces, the overall picture today is of stasis and regressions.
We have witnessed the watering down of existing agreements and commitment; deadlock in negotiations; sustained undermining of UN agencies, treaty review bodies and Special Procedures; and success in pushing through regressive language in international human rights documents.
The CSW, held annually in March, has long been one of the most contested sites in the UN system. In March 2015, conservative efforts set the tone before events or negotiations even began; the outcome document of the Commission was a weak Declaration negotiated before any women’s rights activists even arrived on the ground.
At 2016’s CSW, the new Youth Caucus was infiltrated by large numbers of vocal anti-abortion and anti-SRHR actors, who shouted down progressive youth organizations. Again, intensive negotiations resulted in a lacklustre text, which included regressive language on ‘the family.’
Precisely when addressing women’s human rights is of urgent importance, the CSW has been rendered a depoliticized and weakened space. Using it to advance rights has become harder and harder since progressives’ energy is taken up trying to hold the ground against conservative backlash.
As the intergovernmental body responsible for the promotion and protection of human rights around the globe, the HRC is a key entry point for conservative actors. In recent years, this mechanism has been the scene for a number of damaging anti-human rights moves.
In conversation with other anti-rights actors, one strategy of conservative states, and blocs of states, is to aggressively negotiate out positive language and to introduce hostile amendments to resolutions, most often resolutions focusing on rights related to gender and sexuality.
To take one example, during the June 2016 session of the HRC, opposition was mounted towards a resolution on discrimination against women by the member states of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) and allies. During contentious negotiations, multiple provisions were removed, including women’s and girls’ right to have control over their sexuality, sexual and reproductive health, and reproductive rights; and the need to repeal laws which perpetuate the patriarchal oppression of women and girls in families, and those criminalizing adultery or pardoning marital rape.
The HRC has also been the site of pernicious conservative initiatives to co-opt human rights norms and enact conservative “human rights” language, such as that of the Russia-led “traditional values” resolutions, and more recently the “Protection of the Family” agenda.
In 2015, moving their sights to another front, a number of religious right organizations began to target the Human Rights Committee, the treaty monitoring body for the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), a pivotal human rights instrument.
Anti-human rights groups mobilized in hopes of cementing their anti-abortion rhetoric into the treaty.
When the Committee announced it was drafting a new authoritative interpretation of the right to life, over 30 conservative non-state actors sent in written submissions, advocating their misleading discourse on ‘right to life’ - that life begins at conception and that abortion is a violation of the right - be incorporated in the Committee’s interpretation of article 6.
Conservative groups targeting the Human Rights Committee was a shift considering that historically anti-human rights actors have repeatedly attempted to undermine and invalidate the essential work of the treaty monitoring bodies, including the Human Rights Committee.
Anti-human rights actors were involved in lobbying towards the development of the new Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015, focusing again on rights relating to gender and sexuality. These efforts had limited traction in their attempts to embed regressive language in Agenda 2030.
However, after successfully pushing back against progressive language in the final text, conservative actors then pivoted to another strategy. In an attempt to evade state accountability and undermine the universality of rights, several states have repeatedly made reservations to the Goals.
On behalf of the African Group, Senegal claimed that African states would only “implement the goals in line with the cultural and religious values of its countries.”
The Holy See also made a number of reservations, stating it was “confident that the related pledge ‘no one will be left behind’ would be read” as meaning “the right to life of the person, from conception until natural death.”
Saudi Arabia went one step further, declaring that the country would not follow any international rules relating to the SDGs that reference sexual orientation or gender identity, describing them as running “counter to Islamic law.”
Anti-rights actors have made increasing headway at the UN General Assembly (GA). Most recently, during the 71st session in 2016, the GA was the scene of feverish anti-rights organizing in opposition to the new mandate created by the Human Rights Council resolution on sexual orientation and gender identity in June 2016: the Independent Expert on SOGI. Four separate attempts were made to undercut the mandate in GA spaces.
One approach was to introduce a hostile resolution at the Third Committee[1], led by the African Group, which in essence aimed to indefinitely defer the new mandate. While this approach was not successful, such an attempt in the GA to retroactively block the creation of a mandate brought forward by the Human Rights Council represented a new and troubling tactic - anti-right actors are now working to directly undermine the HRC’s authority respective to the General Assembly.
Another approach targeted the Fifth Committee (responsible for administration and budgetary matters) as an entry point to attack the mandate. In an unprecedented move a number of States attempted (again, unsuccessfully) to block the funding of UN human rights experts, including the new IE on SOGI[2],.
While these multiple efforts were unsuccessful in blocking the creation and continuation of the new mandate, the significant support they received, the novel strategizing employed, and the strong alliances built along regional lines through negotiations point to difficulties ahead.
[1] The Third Committee of the GA deals with agenda items relating to a range of social, humanitarian affairs, and human rights issues. Each year it discusses and issues resolutions on issues including the advancement of women, the protection of children, family, and youth.
[2] While UN Special Procedures experts (i.e. Special Rapporteurs, Working Group members and Independent Experts) work pro bono, some funds are generally allocated to facilitate country visits on the invitation of the national government, and support staff.
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Margarita es una feminista y activista por los derechos de las personas LGBTIQA de América Latina. Sus pasiones son la transformación social y el bienestar colectivo. Posee títulos en Psicología, Comunicaciones y Administración Pública, y varias certificaciones en Política Pública, Liderazgo, Gestión y Toma de Decisiones. Como profesional, ha tenido una dilatada experiencia con organizaciones de base, ONG nacionales y regionales, universidades y el sector público, en los que se ha abocado a la facilitación, la capacitación, la incidencia política, las comunicaciones y la evaluación de políticas.
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Notas de prensa, dosieres y kits
AWID ฟอรัม ตลอดมาเป็นพื้นที่ที่ไม่กลัวการสนทนาที่จำเป็น หรือหัวข้อที่ท้าทาย เรายินดีรับข้อเสนอเหล่านี้เมื่อผู้จัดกิจกรรมสามารถรักษาพื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมด้วยความเคารพ ปลอดภัย และอย่างระมัดระวัง
Sara AbuGhazal est une féministe palestinienne vivant à Beyrouth. Elle est Co-fondatrice de Sawt al-Niswa, un collectif qui produit des connaissances à Beyrouth. Elle est co-directrice de The Knowledge Workshop, une organisation féministe basée à Beyrouth qui travaille sur l'histoire orale et l'archivage féministes. Sara est actuellement coordonnatrice régionale de la Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in the Middle East and North Africa.
Sara s'efforce de contribuer à la création d'espaces de transformation et de solidarité féministes. Son travail est principalement axé sur la création de mouvements durables dans la région Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord Elle est investie dans la production de connaissances, la transformation féministe et la Palestine. Elle publie régulièrement dans sawtalniswa.org et ses œuvres de fiction apparaissent également dans le magazine électronique Romman
For decades, feminist scholars and advocates have articulated important concepts related to gender to understand and challenge oppression and discrimination. Those concepts have now become the target of anti-rights actors who claim that oppressive patriarchal gender roles are “common sense”, strategically painting all other ideas, cultural norms, and forms of social life as a dangerous, conspirative ideology.
Read our Brief on “Gender Ideology” Narratives: A Threat To Human Rights
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Abby était une féministe pionnière, militante des droits humains.
Ancienne épidémiologiste de l'Université McGill, Abby était réputée pour défendre les causes sociales et pour ses critiques perspicaces concernant les technologies de procréation humaine assistée et d'autres sujets médicaux. Plus précisément, elle a fait campagne contre ce qu'elle a appelé la « généticisation » des technologies de procréation, contre l'hormonothérapie substitutive et pour des recherches plus qualitatives et plus longues avant l'approbation de nouveaux vaccins comme celui contre le papillomavirus humain.
À la nouvelle de son décès, ses ami-e-s et collègues l'ont décrite avec affection comme une « ardente défenseure » de la santé des femmes.