
Barbara Bergmann

El Tributo de AWID es una exhibición de arte que honra a feministas, a activistas por los derechos de las mujeres y de la justicia social de todo el mundo que ya no están con nosotrxs.
El Tributo de este año cuenta y comparte las historias y narraciones de quienes crearon conjuntamente realidades feministas, ofrecieron visiones de alternativas a los sistemas y actores que nos oprimen, y propusieron nuevas formas de organizarnos, de movilizarnos, de luchar, de trabajar, de vivir y de aprender.
Se agregan a la galería 49 retratos nuevos de feministas y defensorxs de derechos humanos. Aunque muchxs feministas y defensorxs han fallecido debido a edad avanzada o enfermedad, muchísimxs han sido asesinadxs debido a su trabajo y por ser quienes eran.
Esta violencia creciente (de parte de Estados, empresas transnacionales, crimen organizado, sicarios no identificados, etc.) no se dirige solo a activistas individuales sino a nuestro trabajo común y a las realidades feministas.
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Lors retratos de 2020 fueron diseñados por la ilustradora y animadora galardonada, Louisa Bertman.
En AWID nos gustaría agradecer a las familias y organizaciones que nos compartieron sus historias personales, y así haber contribuido a este memorial. Nos unimos a ellxs para continuar el extraordinario trabajo de estxs activistas y defensorxs, y en el esfuerzo para asegurarnos de que se logre justicia en los casos que permanecen en la impunidad
"Ellos trataron de enterrarnos pero no sabían que éramos semillas."‐ Proverbio Mexicano
Primero tomó forma como una exposición física de retratos y biografías de feministas y activistas que habían fallecido, en el 12º Foro Internacional de AWID, en Turquía. Ahora vive como una galería en línea, que actualizamos cada año.
Desde 2012 hemos presentado más de 467 feministas y defensorxs.
La crisis económica global actual ofrece claras evidencias de que las políticas económicas de las últimas tres décadas no han funcionado.
La devastación causada por la crisis en los hogares más vulnerables del Norte y del Sur Globales nos recuerda que la formulación de políticas económicas y la realización de los derechos humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) han estado separados durante demasiado tiempo. Las políticas económicas y los derechos humanos no tienen por qué ser fuerzas opuestas sino que pueden existir de manera simbiótica.
Las políticas macroeconómicas afectan el funcionamiento de la economía en su totalidad, e influyen sobre la disponibilidad y la distribución de los recursos. En este contexto, las políticas fiscales y monetarias son fundamentales.
Estas políticas afectan los principales precios como las tasas de interés y de cambio que a su vez influyen de manera directa sobre otros elementos como el nivel de empleo, el acceso a créditos que se puedan pagar y el mercado de la vivienda.
Aplicar un marco de referencia de derechos humanos a las políticas macroeconómicas les permite a los Estados cumplir mejor con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos son estándares universales que gozan de consenso internacional. Estas normas legales se expresan en tratados de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El artículo 1 de la DUDH dice que «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos».
Aunque la DUDH fue escrita hace más de seis décadas, su relevancia perdura. Muchas de las ideas que expresa se refieren a preocupaciones y temáticas centrales a las que continuamos enfrentándonos en todo el mundo: el rechazo a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), protección contra toda discriminación (artículo 7), la propiedad (artículo 17), igual salario por trabajo igual. (artículo 23.2) y el acceso a la educación (artículo 26.1) son asuntos pertinentes tanto en países ubicados al norte como al sur del Ecuador.
En un sentido más específico, la legislación internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos, que incluyen a los derechos económicos y sociales, de las personas bajo su jurisdicción. Esto cobra una relevancia particular en este momento de crisis financiera. En Estados Unidos, la regulación estatal se desvirtúa en función de intereses particulares. El fracaso en cuanto a extender el rol de supervisión de los gobiernos en el contexto de cambios sociales y económicos es también un fracaso frente a la obligación de proteger los derechos humanos.
Para realizar los derechos económicos y sociales, los Estados deben cumplir con los principios fundamentales de derechos humanos. Algunos de esos principios pueden tener consecuencias importantes para la gobernabilidad de las instituciones y mercados financieros, pero esas posibilidades todavía no se han explorado del todo.
Los derechos económicos y sociales tienen una base institucional y legal concreta. Las declaraciones globales, tratados internacionales, pactos y en varios casos también las constituciones nacionales han incorporado aspectos del marco de referencia de los derechos económicos y sociales, por lo que ofrecen una infraestructura institucional en el derecho doméstico e internacional.
Algunas personas consideran que tal vez no resulte útil pensar en una justicia global por las complejidades institucionales que implica. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que las instituciones globales ya ejercen impactos tanto positivos como negativos sobre la justicia social.
Resulta útil identificar las consecuencias que tienen algunos elementos de los marcos alternativos para la gobernabilidad económica y específicamente los que cuentan con el apoyo de instituciones existentes. Los derechos económicos y sociales constituyen uno de esos marcos de referencia específicos. Se trata de un marco de referencia en continua evolución que requiere de conversaciones y deliberaciones permanentes para abordar sus áreas aún no desarrolladas y sus potenciales deficiencias.
Diana Isabel Hernández Juárez était une enseignante, défenseure des droits humains et activiste pour l’environnement et les communautés guatémaltèque. Elle coordonnait le programme environnemental de la paroisse de Nuestra Señora de Guadalupe, sur la côte sud du Guatemala.
Diana a dévoué sa vie à co-créer des actions de sensibilisation à l’environnement, en étroite collaboration avec les communautés locales, dans le but de résoudre les problèmes environnementaux et protéger les ressources naturelles. Elle a été à l’initiative de projets de pépinières forestières, de fermes municipales, de jardins familiaux et de campagnes de nettoyage. Active dans les programmes de reboisement, elle s’est efforçée de récupérer des espèces locales et de remédier aux pénuries d’eau dans plus de 32 communautés rurales.
Le 7 septembre 2019, Diana a été assassinée par balle par deux hommes armés inconnus alors qu’elle participait à une procession dans sa localité. Diana n’avait que 35 ans au moment de son décès.
Lxs actores anti-derechos han logrado ejercer un impacto sustancial sobre nuestro marco de derechos humanos y sobre la interpretación progresiva de estas normas, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad.
Cuando se trata del impacto de lxs actores conservadorxs sobre los espacios políticos internacionales, el panorama general de la situación actual es de inmovilidad y retrocesos.
Hemos visto cómo se diluyen los acuerdos y compromisos existentes; se estancan las negociaciones; o se debilitan en forma sostenida las agencias de Naciones Unidas, los organismos de revisión de los tratados y los Procedimientos Especiales, al mismo tiempo que se logra introducir un lenguaje regresivo en documentos internacionales de derechos humanos.
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más en disputa dentro del sistema de las Naciones Unidas. En marzo de 2015, los actores conservadores marcaron el tono ya antes de que comenzaran los eventos o las negociaciones: el documento final de la Comisión fue una Declaración muy débil, consensuada antes de que las activistas por los derechos de las mujeres siquiera hubieran arribado a la sede de la CSW.
En la CSW de 2016, el nuevo Caucus de la Juventud fue infiltrado por un gran número de actores que se hicieron oír contra el aborto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que a gritos hicieron callar a las organizaciones juveniles progresistas. Una vez más, las intensas negociaciones dieron como resultado un texto deslucido, que incluía lenguaje regresivo sobre «la familia».
Precisamente ahora que los derechos humanos de las mujeres han cobrado una importancia urgente, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado y debilitado. Utilizarla para lograr avances en los derechos resulta cada vez más difícil, ya que la energía de lxs progresistas se agota tratando de defender los logros obtenidos frente a la reacción conservadora.
Como organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada fundamental para lxs actores conservadores. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones anti-derechos que han resultado perjudiciales.
En concordancia con otrxs actores anti-derechos, una estrategia de los Estados y bloques de Estados conservadores es negociar agresivamente para eliminar lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, sobre todo a las que tratan de derechos relacionados con género y sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y sus aliados atacaron una resolución sobre la discriminación contra las mujeres. Las negociaciones fueron muy tensas y tuvieron como resultado que se eliminaran múltiples referencias a temas como el derecho de las mujeres y las niñas a ejercer control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos; la necesidad de derogar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal hacia las mujeres y las niñas en las familias y aquellas que penalizan el adulterio o perdonan la violación dentro del matrimonio.
El CDH también ha sido el espacio en el que se desplegaron iniciativas conservadoras perniciosas para cooptar las normas de derechos humanos e introducir un lenguaje conservador de «derechos humanos», como ocurrió con las resoluciones sobre «valores tradicionales» lideradas por Rusia y, más recientemente, con toda la agenda sobre «Protección de la Familia».
En 2015 varias organizaciones religiosas y de derecha religiosas decidieron abrir un nuevo frente y comenzaron a hacer incidencia en el Comité de Derechos Humanos, el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un instrumento fundamental de derechos humanos.
Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada sobre el derecho a la vida, grupos anti-derechos se movilizaron con la esperanza de incorporar su discurso anti-aborto en el tratado.
Más de 30 actores no estatales conservadores enviaron aportes escritos, defendiendo que su discurso engañoso sobre el «derecho a la vida» — según el cual la vida comienza con la concepción y el aborto constituye una violación a ese derecho — se incorporara en la interpretación del artículo 6 del Comité.
Esta incidencia de los grupos conservadores frente al Comité de Derechos Humanos constituye un giro estratégico ya que históricamente estos actores han intentado socavar e invalidar la labor esencial de los órganos de monitoreo de los tratados, entre ellos el propio Comité de Derechos Humanos.
Lxs actores anti-derechos participaron en el cabildeo por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Tuvieron un éxito limitado en sus intentos por incorporar lenguaje regresivo en la Agenda 2030.
Aun después de haber logrado rechazar lenguaje progresista en el texto final, lxs actores conservadorxs redefinieron su estrategia. En un intento por evadir la responsabilidad estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios estados han formulado diversas reservas a los ODS.
En nombre del Grupo Africano, Senegal afirmó que los estados de esta región solo «implementarían los objetivos en consonancia con los valores culturales y religiosos de sus países».
La Santa Sede también hizo algunas reservas, «confiada en que la promesa de ‘Nadie va a quedarse atrás’» se leería «incluyendo el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural».
Arabia Saudita dio un paso más, declarando que no seguiría ninguna norma internacional relativa a los ODS que hiciera referencia a la orientación sexual o la identidad de género, que considera «contrarias a la ley islámica».
Lxs actores anti-derechos están ocupando cada vez más espacio en la Asamblea General de la ONU (AG). En su sesión 71 (2016), la AG fue escenario de una ferviente manifestación antiderechos en contra del nuevo mandato creado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) en junio de 2016: el Experto Independiente sobre esta temática. Hubo cuatro intentos de socavar este mandato en el marco de la AG.
Primero , el Grupo Africano lideró un intento de aprobar una resolución hostil al mandato en el Tercer Comité, que en esencia se proponía aplazar indefinidamente su implementación. Si bien este intento no fue exitoso, constituyó una táctica novedosa y preocupante. Al bloquear retroactivamente desde la AG la implementación de un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos lxs actores anti-derechos buscan socavar directamente la autoridad del CDH frente a la Asamblea General. Después se dirigieron al Quinto Comité (responsable de asuntos administrativos y presupuestarios) para atacar el mandato.
En una acción sin precedentes, varios Estados intentaron (de nuevo, sin éxito) bloquear el financiamiento para todxs lxs expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo experto sobre OSIG.
Si bien ninguno de estos esfuerzos logró bloquear la creación e implementación del nuevo mandato, el apoyo significativo que recibieron, lo novedoso de la estrategia empleada y las sólidas alianzas construidas con criterios regionales a través de negociaciones marcan dificultades que habrá que enfrentar en el futuro.
We bring you an inspiring curated collection of powerful stories and images of transformation and resistance created by feminist activists, writers and artists from all over the world.
O objetivo principal do inquérito WITM é chamar a atenção para o estado financeiro dos diversos movimentos feministas, de direitos das mulheres, de justiça de género, de LBTQI+ e de aliados globalmente, e com base nisto, fortalecer ainda mais o argumento para transferir mais recursos de melhor qualidade e poder para os movimentos feministas.
Fadila M. was a Soulaliyate tribal activist from Azrou, the Ifrane region of Morocco. She fought against a specific form of land discrimination directed against tribal women.
As part of the Soulaliyate Women’s Land-Use Rights Movement, she worked towards overhauling the framework legislation relating to the management of community property through the 2019 adoption of three projects of laws guaranteeing the equality of women and men.
According to the customary laws in force, women had no right to benefit from the land, especially those who were single, widowed or divorced. The rights to collective land in Morocco were transmitted traditionally between male members of a family of over 16 years of age. Since 2007, Fadila M. had been part of the women’s movement, the first grassroots nationwide mobilization for land rights. Some of the achievements included that in 2012 for the first time Soulaliyate women were able to register on the lists of beneficiaries and to benefit from compensation relating to land cession. The movement also managed to get the 1919 dahir (Moroccan King's decree) amended to guarantee women the right to equality.
Fadila M. died on 27 September 2018. The circumstances of her death are unclear. She was part of a protest march connected to the issue of collective land and while authorities reported her death as being accidental, and her having a cardiac arrest on the way to the hospital, the local section of the Moroccan Association of Human Rights (AMDH) pointed out that Fadila was suffocated by a member of the police force using a Moroccan flag. Her family requested investigation but the results of the autopsy were not known.
Find out more about the Soulaliyate Women’s Land-Use Rights Movement
Please note: As there was no photograph/image of Fadila M. available to us, the artwork (instead of a portrait) aims to represent what she fought and worked for; land and rights to live and have access to that land and what grows on it.
Comparte tus historias y conoce las de otrxs. Al conectar nuestras experiencias, relatos y propuestas ayudamos a crear en conjunto y amplificar las Realidades Feministas.
Não, solicitamos apenas um inquérito completo por grupo.
Rosa Cándida Mayorga Muñoz fue una trabajadora social guatemalteca, líder sindical y defensora de los derechos laborales. La llamaban cariñosamente «Rosita».
En la década de 1980, Rosa se convirtió en la primera mujer integrante del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Electrificación (STINDE), un sindicato al que se había incorporado originalmente para defender los derechos laborales de las mujeres. Para ella, esto significaba luchar por la igualdad de oportunidades en una empresa en la que muchas mujeres enfrentaban un sistema discriminatorio y violento creado por las autoridades de la compañía. Rosa también había sufrido acoso sexual en su lugar de trabajo, tanto por parte de sus compañeros de trabajo, como de los funcionarios. Sin embargo, no era alguien a quien se pudiera acallar.
Rosa continuó con su pelea y fue parte del esfuerzo por configurar la lucha en una forma más específica, la del «Pacto colectivo de condiciones de trabajo INDE -STINDE». Este pacto fue pionero: el primero en tipificar el concepto de acoso (sexual) en Guatemala. Sirve como referencia para la legislación guatemalteca en temas laborales, y es un estímulo para otros sindicatos.
«No tenía herramientas de lucha más que sus propios ideales... Muchas veces fue intimidada, hostigada para dejar por un lado la lucha, pero su valentía a enfrentar generaba la imagen de la esperanza para los sindicalistas de bases. Rosita se trazó una imagen de respeto, no solo dentro de su sindicato, sino ante las autoridades de la institución, ante el movimiento de mujeres; fue reconocida, como pionera, del movimiento de mujeres sindicalistas, en un espacio que había sido más desarrollado por hombres.» - Maritza Velasquez, ATRAHDOM
Rosa falleció el 4 de abril de 2018, a la edad de 77 años.