
Norma Angelica Bruno Roman

En septiembre de 2016, 1800 feministas y activistas por los derechos de las mujeres de todos los rincones de nuestros movimientos se congregaron en las costas de Bahia, en el 13º Foro Internacional de AWID.
En esta sección se destacan los logros, los aprendizajes y los recursos que surgieron de las ricas conversaciones mantenidas. Te invitamos a analizar, compartir y comentar.
Uno de los aportes más importantes del Foro fue la necesidad de ampliar y profundizar nuestro trabajo entre movimientos, frente a la confluencia de los fascismos en auge, fundamentalismos, codicia corporativa y cambio climático.
Nuestras Iniciativas Semilla han ayudado a 20 ideas que surgieron en el Foro para crecer en forma de acciones concretas
El vídeo «Defendiendo a las Personas y al Planeta» y la guía «Tejiendo la resistencia a través de la acción» estan protagonizados por defensoras de derechos humanos y presentan estrategias concretas para confrontar al poder corporativo
Con nuestras animaciones El estado de nuestros movimientos feministas y Justicia climática y ambiental, los movimientos ahora tienen herramientas creativas para apoyar su trabajo.
La compilación de las expresiones artísticas «Los Movimientos Importan», sigue inspirando una organización más fuerte y creativa en todo el mundo.
Los movimientos también pueden beneficiarse de nuevas metodologías para imaginar nuestros futuros feministas (¡pronto!)
AWID se ha comprometido, mediante su próximo plan estratégico y su proceso del Foro, a continuar y profundizar las relaciones, las lecciones y los procesos iniciados en el Foro 2016 y basándonos en el momento actual.
Los Foros de AWID comenzaron en 1983 en Washington DC. Desde entonces, el evento ha crecido hasta convertirse en muchas cosas para muchas personas: un proceso iterativo para darle forma a nuestros análisis, objetivos y acciones; un hito crucial que fortalece los feminismos de lxs participantes e infunde energías a sus procesos de organización; un hogar político donde lxs defensoras de derechos humanos encuentran un santuario y solidaridad.
Solo el 18% de las personas trans y travestis en Argentina acceden a un trabajo formal
The solidarity economy (including cooperative economy and gift economy) is an alternative framework that is allowing for different forms in different contexts, open to continual change.
This framework is grounded in the principles of:
The producers in a solidarity economy develop economic processes that are intimately related to their realities, preservation of the environment and mutual cooperation.
According to feminist geographer Yvonne Underhill-Sem, the gift economy is an economic system in which goods and services flow between people without explicit agreement of their value or future reciprocity.
Behind gifting is human relationship, generation of goodwill, and attention to the nurturance of the whole society and not just one’s immediate self and family, it is about the collective.
For example, in the Pacific region, this includes: collecting, preparing, and weaving terrestrial and marine resources for mats, fans, garlands, and ceremonial items; and raising livestock and storing seasonal harvests.
The incentives for women to be involved in economic activities are diverse, ranging from the fulfillment of career aspirations and making money for a long-term comfortable life to making money to make ends meet, paying off debt, and escaping from the drudgery of routine life.
To accommodate the diverse environments that women operate in, the concept of solidarity economy is in continual development, discussed and debated.
Bessy était aussi membre d’Arcoíris, une organisation qui soutient la communauté LGBTI+. Elle était en outre la personne référente de la plateforme Derechos aquí y Ahora (les droits ici et maintenant) au Honduras et plaidait fermement en faveur d’une pleine citoyenneté pour les personnes trans, ainsi que pour l’adoption d’une loi sur l’identité de genre qui permettrait aux personnes trans de changer légalement d’identité de genre.
« Depuis le début de l’année [2019], la communauté trans a été victime d’une série d’attaques, parce qu’elle a défendu et demandé des droits. » Rihanna Ferrera (sœur de Bessy)
Bessy était une travailleuse du sexe qui a été tuée par balle par deux hommes, au début du mois de juillet 2019, alors qu’elle travaillait dans les rues Comayagüela. Ses assaillants ont par la suite été arrêtés.
Bessy fait partie des nombreux·ses activistes des droits LGBTI+ du Honduras, assassiné·e·s en raison de leur identité et de leur travail, parmi qui se trouvent : Cynthia Nicole, Angy Ferreira, Estefania "Nia" Zuniga, Gloria Carolina Hernandez Vasquez, Paola Barraza, Violeta Rivas et Sherly Montoya.
Le cas de Bessy incarne l’injustice, de même qu’un problème plus large de violence systémique à laquelle se confronte la communauté LGBTI+ au Honduras, puisque l’État ne parvient pas à garantir l’offre de droits ni à fournir une protection. Cela est à l’origine d’une culture de l’impunité.
Malgré les risques auxquels sont confronté.e.s les activistes LGBTI+ au Honduras, tous et toutes continuent leur travail pour défier et résister à la violence, ainsi que pour combattre la stigmatisation et la discrimination au quotidien.
« Si je meurs, il faut que ce soit pour quelque chose de bien, pas pour une futilité. Je ne veux pas mourir en fuyant, en étant lâche. Si je meurs, je veux que les gens disent que je suis mort·e en me battant pour ce qui m’appartient » - membre d’Arcoíris
La crisis económica global actual ofrece claras evidencias de que las políticas económicas de las últimas tres décadas no han funcionado.
La devastación causada por la crisis en los hogares más vulnerables del Norte y del Sur Globales nos recuerda que la formulación de políticas económicas y la realización de los derechos humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) han estado separados durante demasiado tiempo. Las políticas económicas y los derechos humanos no tienen por qué ser fuerzas opuestas sino que pueden existir de manera simbiótica.
Las políticas macroeconómicas afectan el funcionamiento de la economía en su totalidad, e influyen sobre la disponibilidad y la distribución de los recursos. En este contexto, las políticas fiscales y monetarias son fundamentales.
Estas políticas afectan los principales precios como las tasas de interés y de cambio que a su vez influyen de manera directa sobre otros elementos como el nivel de empleo, el acceso a créditos que se puedan pagar y el mercado de la vivienda.
Aplicar un marco de referencia de derechos humanos a las políticas macroeconómicas les permite a los Estados cumplir mejor con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos son estándares universales que gozan de consenso internacional. Estas normas legales se expresan en tratados de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El artículo 1 de la DUDH dice que «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos».
Aunque la DUDH fue escrita hace más de seis décadas, su relevancia perdura. Muchas de las ideas que expresa se refieren a preocupaciones y temáticas centrales a las que continuamos enfrentándonos en todo el mundo: el rechazo a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), protección contra toda discriminación (artículo 7), la propiedad (artículo 17), igual salario por trabajo igual. (artículo 23.2) y el acceso a la educación (artículo 26.1) son asuntos pertinentes tanto en países ubicados al norte como al sur del Ecuador.
En un sentido más específico, la legislación internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos, que incluyen a los derechos económicos y sociales, de las personas bajo su jurisdicción. Esto cobra una relevancia particular en este momento de crisis financiera. En Estados Unidos, la regulación estatal se desvirtúa en función de intereses particulares. El fracaso en cuanto a extender el rol de supervisión de los gobiernos en el contexto de cambios sociales y económicos es también un fracaso frente a la obligación de proteger los derechos humanos.
Para realizar los derechos económicos y sociales, los Estados deben cumplir con los principios fundamentales de derechos humanos. Algunos de esos principios pueden tener consecuencias importantes para la gobernabilidad de las instituciones y mercados financieros, pero esas posibilidades todavía no se han explorado del todo.
Los derechos económicos y sociales tienen una base institucional y legal concreta. Las declaraciones globales, tratados internacionales, pactos y en varios casos también las constituciones nacionales han incorporado aspectos del marco de referencia de los derechos económicos y sociales, por lo que ofrecen una infraestructura institucional en el derecho doméstico e internacional.
Algunas personas consideran que tal vez no resulte útil pensar en una justicia global por las complejidades institucionales que implica. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que las instituciones globales ya ejercen impactos tanto positivos como negativos sobre la justicia social.
Resulta útil identificar las consecuencias que tienen algunos elementos de los marcos alternativos para la gobernabilidad económica y específicamente los que cuentan con el apoyo de instituciones existentes. Los derechos económicos y sociales constituyen uno de esos marcos de referencia específicos. Se trata de un marco de referencia en continua evolución que requiere de conversaciones y deliberaciones permanentes para abordar sus áreas aún no desarrolladas y sus potenciales deficiencias.
O objetivo principal do inquérito WITM é chamar a atenção para o estado financeiro dos diversos movimentos feministas, de direitos das mulheres, de justiça de género, de LBTQI+ e de aliados globalmente, e com base nisto, fortalecer ainda mais o argumento para transferir mais recursos de melhor qualidade e poder para os movimentos feministas.
"She was not a person. She was a power."
- a fellow activist remembering Navleen Kumar
With commitment and integrity, she worked for more than a decade to protect and restore the lands of Indigenous people (adivasi) in Thane district, an area taken away by property and land developers using such means as coercion and intimidation. She fought this injustice and crime through legal interventions at different courts, realizing that manipulation of land records was a recurrent feature in most cases of land acquisition. In one of the cases, that of the Wartha (a tribal family), Navleen found out that the family had been cheated with the complicity of government officials.
Through her work, she helped restore the land back to the Wartha family and continued to pursue other cases of adivasi land transfers.
“Her paper on the impact of land alienation on adivasi women and children traces the history and complexities of tribal alienation from the 1970s, when middle class families began to move to the extended suburbs of Mumbai as the real estate value in the city spiralled.
Housing complexes mushroomed in these suburbs, and the illiterate tribals paid the price for this. Prime land near the railway lines fetched a high price and builders swooped down on this belt like vultures, to grab land from tribals and other local residents by illegal means.”
-Jaya Menon, Justice and Peace Commission
During the course of her activism, Navleen received numerous threats and survived several attempts on her life. Despite these, she continued working on what was not only important to her but contributed to changing the lives and realities of many she supported in the struggle for social justice.
Navleen was stabbed to death on 19 June 2002 in her apartment building. Two local gangsters were arrested for her murder.
"My dreams and objectives have always been the same as those of Lohana Berkins: for the cooperative to continue standing and not to close. To continue to give this place to our travesti comrades, to give them work and a place of support"
Brisa Escobar,
president of the Cooperative
Lxs actores anti-derechos han logrado ejercer un impacto sustancial sobre nuestro marco de derechos humanos y sobre la interpretación progresiva de estas normas, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad.
Cuando se trata del impacto de lxs actores conservadorxs sobre los espacios políticos internacionales, el panorama general de la situación actual es de inmovilidad y retrocesos.
Hemos visto cómo se diluyen los acuerdos y compromisos existentes; se estancan las negociaciones; o se debilitan en forma sostenida las agencias de Naciones Unidas, los organismos de revisión de los tratados y los Procedimientos Especiales, al mismo tiempo que se logra introducir un lenguaje regresivo en documentos internacionales de derechos humanos.
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más en disputa dentro del sistema de las Naciones Unidas. En marzo de 2015, los actores conservadores marcaron el tono ya antes de que comenzaran los eventos o las negociaciones: el documento final de la Comisión fue una Declaración muy débil, consensuada antes de que las activistas por los derechos de las mujeres siquiera hubieran arribado a la sede de la CSW.
En la CSW de 2016, el nuevo Caucus de la Juventud fue infiltrado por un gran número de actores que se hicieron oír contra el aborto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que a gritos hicieron callar a las organizaciones juveniles progresistas. Una vez más, las intensas negociaciones dieron como resultado un texto deslucido, que incluía lenguaje regresivo sobre «la familia».
Precisamente ahora que los derechos humanos de las mujeres han cobrado una importancia urgente, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado y debilitado. Utilizarla para lograr avances en los derechos resulta cada vez más difícil, ya que la energía de lxs progresistas se agota tratando de defender los logros obtenidos frente a la reacción conservadora.
Como organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada fundamental para lxs actores conservadores. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones anti-derechos que han resultado perjudiciales.
En concordancia con otrxs actores anti-derechos, una estrategia de los Estados y bloques de Estados conservadores es negociar agresivamente para eliminar lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, sobre todo a las que tratan de derechos relacionados con género y sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y sus aliados atacaron una resolución sobre la discriminación contra las mujeres. Las negociaciones fueron muy tensas y tuvieron como resultado que se eliminaran múltiples referencias a temas como el derecho de las mujeres y las niñas a ejercer control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos; la necesidad de derogar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal hacia las mujeres y las niñas en las familias y aquellas que penalizan el adulterio o perdonan la violación dentro del matrimonio.
El CDH también ha sido el espacio en el que se desplegaron iniciativas conservadoras perniciosas para cooptar las normas de derechos humanos e introducir un lenguaje conservador de «derechos humanos», como ocurrió con las resoluciones sobre «valores tradicionales» lideradas por Rusia y, más recientemente, con toda la agenda sobre «Protección de la Familia».
En 2015 varias organizaciones religiosas y de derecha religiosas decidieron abrir un nuevo frente y comenzaron a hacer incidencia en el Comité de Derechos Humanos, el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un instrumento fundamental de derechos humanos.
Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada sobre el derecho a la vida, grupos anti-derechos se movilizaron con la esperanza de incorporar su discurso anti-aborto en el tratado.
Más de 30 actores no estatales conservadores enviaron aportes escritos, defendiendo que su discurso engañoso sobre el «derecho a la vida» — según el cual la vida comienza con la concepción y el aborto constituye una violación a ese derecho — se incorporara en la interpretación del artículo 6 del Comité.
Esta incidencia de los grupos conservadores frente al Comité de Derechos Humanos constituye un giro estratégico ya que históricamente estos actores han intentado socavar e invalidar la labor esencial de los órganos de monitoreo de los tratados, entre ellos el propio Comité de Derechos Humanos.
Lxs actores anti-derechos participaron en el cabildeo por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Tuvieron un éxito limitado en sus intentos por incorporar lenguaje regresivo en la Agenda 2030.
Aun después de haber logrado rechazar lenguaje progresista en el texto final, lxs actores conservadorxs redefinieron su estrategia. En un intento por evadir la responsabilidad estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios estados han formulado diversas reservas a los ODS.
En nombre del Grupo Africano, Senegal afirmó que los estados de esta región solo «implementarían los objetivos en consonancia con los valores culturales y religiosos de sus países».
La Santa Sede también hizo algunas reservas, «confiada en que la promesa de ‘Nadie va a quedarse atrás’» se leería «incluyendo el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural».
Arabia Saudita dio un paso más, declarando que no seguiría ninguna norma internacional relativa a los ODS que hiciera referencia a la orientación sexual o la identidad de género, que considera «contrarias a la ley islámica».
Lxs actores anti-derechos están ocupando cada vez más espacio en la Asamblea General de la ONU (AG). En su sesión 71 (2016), la AG fue escenario de una ferviente manifestación antiderechos en contra del nuevo mandato creado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) en junio de 2016: el Experto Independiente sobre esta temática. Hubo cuatro intentos de socavar este mandato en el marco de la AG.
Primero , el Grupo Africano lideró un intento de aprobar una resolución hostil al mandato en el Tercer Comité, que en esencia se proponía aplazar indefinidamente su implementación. Si bien este intento no fue exitoso, constituyó una táctica novedosa y preocupante. Al bloquear retroactivamente desde la AG la implementación de un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos lxs actores anti-derechos buscan socavar directamente la autoridad del CDH frente a la Asamblea General. Después se dirigieron al Quinto Comité (responsable de asuntos administrativos y presupuestarios) para atacar el mandato.
En una acción sin precedentes, varios Estados intentaron (de nuevo, sin éxito) bloquear el financiamiento para todxs lxs expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo experto sobre OSIG.
Si bien ninguno de estos esfuerzos logró bloquear la creación e implementación del nuevo mandato, el apoyo significativo que recibieron, lo novedoso de la estrategia empleada y las sólidas alianzas construidas con criterios regionales a través de negociaciones marcan dificultades que habrá que enfrentar en el futuro.
Não, solicitamos apenas um inquérito completo por grupo.
Lo personal es político, y la apasionada y valiente Nadyn Jouny personificó este mantra feminista. Nadyn experimentó de primera mano el dolor de la violencia estructural de los sistemas legales que despojan a las mujeres de sus derechos.
Cuando Nadyn decidió solicitar el divorcio, los tribunales religiosos chiítas, bajo las Leyes de Estatuto Personal Libanesas, le negaron la custodia de su joven hijo Karam. Nadyn, como tantas otras mujeres del Líbano y de otros países, se vio atrapada entre el dolor imposible de dejar una relación no deseada y abusiva y de perder a la vez los derechos sobre su hijo. Sin embargo, Nadyn se defendió, y lo habría de hacerlo hasta el último día.
Nadyn utilizó su habilidad con los medios de comunicación para convertirse en una voz franca a favor de las mujeres que luchan contra la discriminación en la legislación familiar, en el Líbano y a nivel internacional. Nadyn cofundó el grupo autofinanciado "Protecting Lebanese Women" [Protegiendo a las Mujeres Libanesas] (PLW, por sus siglas en inglés) y se unió a muchas otras madres libanesas que se enfrentaban a problemas similares de custodia. Juntas, trabajaron para crear conciencia sobre las injusticias extremas a las que se enfrentaban, a nivel nacional, protestaron ante los tribunales religiosos por sus derechos y, a nivel internacional, llamaron la atención de los medios de comunicación.
Nadyn también trabajó con ABAAD - Resource Center for Gender Equality [Centro de Recursos para la Igualdad de Género], otra organización por los derechos de las mujeres en el Líbano, para realizar campañas en favor de los derechos de las mujeres, la igualdad en la legislación familiar y relativa a las custodias y contra los matrimonios forzados y precoces.
Para muchxs de sus colegas, Nadyn llegó a "simbolizar la lucha de una madre libanesa contra la supresión y la misoginia de todo tipo" (en inglés), al utilizar "su experiencia personal y trayectoria individual de empoderamiento, dio a otras mujeres esperanza para que ellas también pudieran ser un catalizador para el cambio positivo" - ABAAD - Centro de Recursos para la Igualdad entre los Géneros, Líbano.
El 6 de octubre de 2019, Nadyn murió trágicamente en un accidente de automóvil cuando se dirigía a protestar por los injustos aumentos de impuestos en un país que ya se enfrentaba a una espiral de crisis financiera. Nadyn Jouny tenía solo 29 años en el momento de su muerte.