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La creciente dominación de los mercados y las instituciones financieras internacionales en la definición de las políticas económicas globales ha tenido como resultado la captura del poder popular en aras del interés de las élites y las grandes corporaciones globales.

Este informe «Flujos financieros ilícitos» analiza su desproporcionado impacto de género y los marcos legales y políticos actuales que permiten a las corporaciones multinacionales beneficiarse del fraude fiscal en detrimento de las personas y el planeta.

El informe concluye con siete recomendaciones feministas de políticas para exigir transparencia y rendición de cuentas por parte del poder corporativo para frenar los flujos financieros ilícitos.

Recomendaciones de políticas para la incidencia

Los flujos financieros ilícitos están llamando la atención como nunca antes: ya sea en negociaciones para el desarrollo, como los que condujeron a la Agenda 2030 y a la Conferencia sobre Financiamiento para el
Desarrollo de Addis Abeba en 2015, u ocupando los titulares de los medios hegemónicos con la publicación de documentos filtrados sobre finanzas offshore conocidos como los «Panama Papers». En otro ejemplo, en un
referendum de febrero de 2017, el pueblo ecuatoriano votó para prohibir que políticxs y funcionarixs públicxs posean acciones, compañías o capital en paraísos fiscales. El Gobierno de Ecuador es ahora, dentro del grupo
G-77, una de las voces principales que reclaman en las Naciones Unidas la creación de un organismo tributario global para poner fin a los paraísos fiscales.

Esta atención pública potencialmente da impulso para que lxs feministas, los movimientos sociales y lxs defensores de la justicia tributaria presionen por la transformación del sistema financiero internacional, donde
se arraigan desigualdades globales, incluidas las desigualdades de género.

Ofrecemos aquí siete pedidos de políticas como contribución a los crecientes esfuerzos de incidencia de actores por la justicia social, feministas, por los derechos de las mujeres y por la igualdad de género.

1. Abordar los flujos financieros ilícitos como una violación de los derechos humanos y los derechos de las mujeres:

• Los FFI impiden el cumplimiento de la obligación de los Estados de movilizar los máximos recursos disponibles para la realización de los derechos humanos, incluidos los compromisos de larga data sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
• El aumento de la de la rendición de cuentas de las corporaciones es una posibilidad que está sobre la mesa del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Ya se ha establecido un grupo de trabajo abierto intergubernamental para elaborar un instrumento vinculante internacional que regule, según las normativas internacionales de derechos humanos, las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales. Este proceso tiene el potencial de abordar la evasión fiscal corporativa como una violación de los derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres, y debería recibir más apoyo de los países del Norte y del Sur globales.

2. Garantizar que las corporaciones multinacionales paguen su parte:

• • Desarrollar mecanismos internacionales para detener las prácticas fiscales fraudulentas y evitar las exenciones fiscales a las corporaciones. Los Estados miembros de las Naciones Unidas deberían iniciar negociaciones para redactar el borrador de una convención de la ONU para combatir las prácticas fiscales fraudulentas. La convención debería adoptar un sistema de consolidación y prorrateo para gravar las ganancias corporativas globales.
• Revisar específicamente las regulaciones nacionales de los países ricos que requieren que las CMN paguen impuestos solo en el país de residencia y no en los países de actividad económica. Esta práctica daña sobre todo a los países en desarrollo, ya que cada vez pierden más base tributaria que se desplaza a jurisdicciones de baja o nula tributación. Al respecto deberían considerarse propuestas tales como el enfoque de tributación unitaria.

3. Apoyar el establecimiento de un organismo tributario internacional de las naciones Unidas:

• Un organismo tributario de las Naciones Unidas, con iguales derechos de voto y membresía universal, debería tener la facultad de revisar la política tributaria nacional, regional y global y de garantizar que los Estados cumplan con los compromisos de larga data sobre derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

4. Promover la transparencia y la recolección de datos con perspectiva de género:

• Deben realizarse mayores esfuerzos globales para pulir los datos comparables sobre fraude fiscal, por ejemplo, con datos desglosados por género que ponen al desnudo los prejuicios de género de ciertos sistemas tributarios.
• Los países deben garantizar un esquema para el intercambio automático de información que garantice el acceso público y global a datos clave que afectan los recursos disponibles para la realización de los derechos humanos.
• Implementar obligaciones informativas país por país para que las corporaciones multinacionales publiquen, como parte de sus informes anuales, las ganancias obtenidas y los impuestos pagados en cada país donde operan.
• Debe haber más cooperación de los gobiernos para compartir sus registros públicos nacionales que dan a conocer los verdaderos beneficiarios de compañías, fideicomisos, fundaciones y estructuras legales similares, además de otra información financiera.

5. Promover la justicia tributaria a través de políticas fiscales nacionales progresivas:

• Promover la justicia tributaria a través de políticas fiscales progresivas. Esto implica aumentar el peso de los impuestos directos sobre los ingresos de capital y los sectores sociales de alta rentabilidad y, al mismo tiempo, reducir y eliminar el peso tributario que recae en las mujeres y las personas pobres. Los segmentos precarizados de la sociedad, donde las mujeres están sobrerrepresentadas, no deberían terminar pagando más impuestos, en relación con sus ingresos, que los segmentos más adinerados, que a menudo se benefician de subsidios impositivos, moratorias y reducciones fiscales.
• Los gobiernos deben revisar desde una perspectiva crítica los dañinos acuerdos comerciales y de inversión que otorgan incentivos y exenciones fiscales, que perpetúan la desigualdad y los prejuicios de género.

6. Garantizar la participación de las organizaciones por los derechos de las mujeres, los movimientos sociales y la sociedad civil progresista en sentido amplio:

• Las decisiones sobre política económica y fiscal carecen a menudo de perspectiva de género. La interacción de los ministerios de género y de finanzas, y de estos con la sociedad civil y las defensoras de derechos humanos, es fundamental para entender mejor el impacto que tienen las decisiones sobre los ingresos públicos en los derechos de las mujeres y la igualdad de género.
• Debe establecerse un ambiente propicio que proteja a las defensoras de derechos humanos y otrxs activistas (incluidxs lxs denunciantes y activistas para la justicia tributaria) que expongan el fraude fiscal e informen sobre la corrupción.

7. Poner fin a la impunidad de las actividades delictivas asociadas con los flujos financieros ilícitos y garantizar la rendición de cuentas:

• Establecer un mecanismo coordinado global entre autoridades fiscales nacionales, mecanismos de derechos humanos e igualdad de género y unidades de inteligencia, para garantizar que las actividades delictivas asociadas con los FFI no continúen impunes.
• Fortalecer los sistemas de justicia nacionales y globales para lograr la rendición de cuentas de individuos y entidades por la financiación de actividades delictivas a través de los FFI.

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