
Rita Joe

Les défenseuses des droits humains s’auto-identifient comme des femmes ou des personnes lesbiennes, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes (LBT*QI) ou autres qui défendent les droits. Elles sont exposées à des risques et à des menaces de nature genrée à cause du travail qu’elles accomplissent en faveur des droits humains et/ou en conséquence directe de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle.
Les défenseuses des droits humains subissent une violence et une discrimination systématique du fait de leur identité, mais aussi à cause de la lutte indéfectible qu’elles mènent en faveur des droits, de l’égalité et de la justice.
Le programme Défenseuses des droits humains collabore avec des partenaires internationaux et régionaux ainsi qu’avec les membres de l’AWID pour éveiller les consciences à propos de ces risques et menaces, pour plaider en faveur de mesures féministes et holistiques de protection et de sécurité et enfin pour promouvoir activement une culture du souci de soi et du bien-être collectif au sein de nos mouvements.
Les défenseuses des droits humains sont exposées aux mêmes types de risques que toutes les autres personnes qui défendent les droits humains, les communautés et l’environnement. Mais elles se heurtent également à des violences fondées sur le genre et à des risques spécifiques de nature genrée parce qu’elles remettent en cause les normes de genre en vigueur au sein de leur culture et de leur société.
En défendant les droits, les défenseuses des droits humains sont exposées aux risques suivants :
Nous travaillons en collaboration avec des réseaux internationaux et régionaux ainsi qu’avec nos membres pour :
Nous travaillons à la promotion d’une approche holistique de la protection des défenseuses, qui suppose notamment :
Nous souhaitons contribuer à l’avènement d’un monde plus sûr pour les défenseuses des droits humains, leurs familles et leurs communautés. Nous pensons que le fait que les défenseuses œuvrent en faveur des droits et de la justice ne devrait pas leur faire courir de risques ; leur action devrait être appréciée et célébrée.
Promouvoir la collaboration et la coordination entre organisations de défense des droits humains et des droits des femmes au niveau international, et ce dans le but de d’apporter des réponses plus efficaces dans le domaine de la sureté et du bien-être des défenseuses des droits humains ;
Soutenir les réseaux régionaux de défenseur-es et les organisations, parmi lesquels l’Initiative mésoaméricaine des défenseuses des droits humains et la Coalition des défenseuses des droits humains du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, dans leur travail de promotion et de renforcement de l’action collective en faveur de la protection des défenseuses – en mettant en avant l’importance de la création de réseaux de solidarité et de protection, de la promotion du souci de soi ainsi que du plaidoyer et de la mobilisation en faveur de la sécurité des défenseuses ;
Faire en sorte que les défenseur-e-s des droits humains et les risques qui les menacent soient plus visibles et mieux reconnus, en rassemblant des informations sur les agressions dont elles sont victimes et en produisant et diffusant des documents sur leurs luttes, leurs stratégies et les difficultés qu’elles rencontrent ;
Organiser des réponses urgentes fondées sur la solidarité internationale dès que des défenseuses des droits humains sont en danger, par le biais de nos réseaux internationaux et régionaux mais aussi grâce à nos membres.
La crisis económica global actual ofrece claras evidencias de que las políticas económicas de las últimas tres décadas no han funcionado.
La devastación causada por la crisis en los hogares más vulnerables del Norte y del Sur Globales nos recuerda que la formulación de políticas económicas y la realización de los derechos humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) han estado separados durante demasiado tiempo. Las políticas económicas y los derechos humanos no tienen por qué ser fuerzas opuestas sino que pueden existir de manera simbiótica.
Las políticas macroeconómicas afectan el funcionamiento de la economía en su totalidad, e influyen sobre la disponibilidad y la distribución de los recursos. En este contexto, las políticas fiscales y monetarias son fundamentales.
Estas políticas afectan los principales precios como las tasas de interés y de cambio que a su vez influyen de manera directa sobre otros elementos como el nivel de empleo, el acceso a créditos que se puedan pagar y el mercado de la vivienda.
Aplicar un marco de referencia de derechos humanos a las políticas macroeconómicas les permite a los Estados cumplir mejor con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos son estándares universales que gozan de consenso internacional. Estas normas legales se expresan en tratados de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El artículo 1 de la DUDH dice que «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos».
Aunque la DUDH fue escrita hace más de seis décadas, su relevancia perdura. Muchas de las ideas que expresa se refieren a preocupaciones y temáticas centrales a las que continuamos enfrentándonos en todo el mundo: el rechazo a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), protección contra toda discriminación (artículo 7), la propiedad (artículo 17), igual salario por trabajo igual. (artículo 23.2) y el acceso a la educación (artículo 26.1) son asuntos pertinentes tanto en países ubicados al norte como al sur del Ecuador.
En un sentido más específico, la legislación internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos, que incluyen a los derechos económicos y sociales, de las personas bajo su jurisdicción. Esto cobra una relevancia particular en este momento de crisis financiera. En Estados Unidos, la regulación estatal se desvirtúa en función de intereses particulares. El fracaso en cuanto a extender el rol de supervisión de los gobiernos en el contexto de cambios sociales y económicos es también un fracaso frente a la obligación de proteger los derechos humanos.
Para realizar los derechos económicos y sociales, los Estados deben cumplir con los principios fundamentales de derechos humanos. Algunos de esos principios pueden tener consecuencias importantes para la gobernabilidad de las instituciones y mercados financieros, pero esas posibilidades todavía no se han explorado del todo.
Los derechos económicos y sociales tienen una base institucional y legal concreta. Las declaraciones globales, tratados internacionales, pactos y en varios casos también las constituciones nacionales han incorporado aspectos del marco de referencia de los derechos económicos y sociales, por lo que ofrecen una infraestructura institucional en el derecho doméstico e internacional.
Algunas personas consideran que tal vez no resulte útil pensar en una justicia global por las complejidades institucionales que implica. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que las instituciones globales ya ejercen impactos tanto positivos como negativos sobre la justicia social.
Resulta útil identificar las consecuencias que tienen algunos elementos de los marcos alternativos para la gobernabilidad económica y específicamente los que cuentan con el apoyo de instituciones existentes. Los derechos económicos y sociales constituyen uno de esos marcos de referencia específicos. Se trata de un marco de referencia en continua evolución que requiere de conversaciones y deliberaciones permanentes para abordar sus áreas aún no desarrolladas y sus potenciales deficiencias.
Eni Lestari es una trabajadora de casa particular (doméstica) que vive en Hong Kong y es activista por los derechos de lxs migrantes. Tras escapar de un empleador abusivo, dejó de ser víctima y se transformó en organizadora de lxs trabajadorxs de casa particular y de lxs migrantes en general. En 2000 fundó la Association of Indonesian Migrant Workers [Asociación de Trabajadoras Migrantes de Indonesia, ATKI-Hong Kong] que luego se expandió a Macao, Taiwan e Indonesia. Fue coordinadora y una de las voceras del Asia Migrants Coordinating Body [Organismo Coordinador de Migrantes de Asia, AMCB], alianza de organizaciones de base en Hong Kong que reúnen a migrantes de Indonesia, Filipinas, Tailandia, Nepal y Sri Lanka. Actualmente preside la Alianza Internacional de Migrantes, primera alianza global de migrantes de base, inmigrantes, refugiadxs y otras personas desplazadas.
Ha ocupado cargos importantes en distintas organizaciones como Asia Pacific Forum on Women, Law and Development [Foro de Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo, APWLD] cuyo Consejo Regional integra. También formó parte del Consejo Directivo de la Alianza Contra la Trata de Mujeres (GAATW), fue vocera de la Network of Indonesian Migrant Workers [Red de Trabajadrxs Migrantes de Indonesia, JBMI], consejera de ATKI-Hong Kong y Macao así como de la Association of Returned Migrants and Families in Indonesia [Asociación de Migrantes y Familias Retornadas en Indonesia, KABAR BUMI]. Ha sido ponente en foros organizados por la academia, grupos interreligiosos, sociedad civil, sindicatos y muchas otras entidades en espacios nacionales, regionales e internacionales.
También ha participado activamente en asambleas/conferencias de la ONU sobre desarrollo y derechos de lxs migrantes y fue elegida para hablar en la apertura de la Asamblea General de la ONU sobre Grandes Desplazamientos de Migrantes y Refugiados realizada en 2016 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Recibió nominaciones y reconocimientos como ser incluida entre las mujeres que inspiran de la serie 100 Women de la BBC; Heroína pública (RCTI), Mujer influyente en la categoría lideresa del sector sin fines de lucro (Cámara Estadounidense en Hong Kong), Hacedora de cambios (Cathay Pacific) y un premio del Club Indonesio.
Nous vous présentons le syndicat Réseau Solidarité, un syndicat de la santé et des services dirigé majoritairement par des femmes. Émergeant en réponse à la précarité croissante, aux salaires insuffisants et aux environnements de travail hostiles auxquels les travailleur·euses géorgien·es sont confrontés quotidiennement, le Syndicat Réseau Solidarité se bat pour des lieux et des conditions de travail décents.
Son objectif? Créer un mouvement syndical national démocratique. Pour ce faire, il s'est associé à d'autres syndicats locaux et régionaux et a lentement constitué un réseau de syndicats, permettant à de plus en plus de travailleuses de devenir dirigeantes syndicales en cours de route.
Son approche politique est holistique. Pour le syndicat Réseau Solidarité, les questions relatives aux droits du travail sont directement liées aux programmes et réformes politiques et économiques nationaux plus larges. C'est pourquoi iels font pression pour la justice fiscale, les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, et luttent contre le démantèlement de l'État-providence géorgien.
Le syndicat Réseau Solidarité fait également partie de Grève Sociale Transnationale (Transnational Social Strike, TSS), une plate-forme et infrastructure politique inspirée par l'organisation des migrant·e·s, des femmes et des travailleur·euses essentiel·les qui s'efforcent de créer des liens entre les mouvements ouvriers à travers le monde et de fomenter la solidarité globale.
Lxs actores anti-derechos han logrado ejercer un impacto sustancial sobre nuestro marco de derechos humanos y sobre la interpretación progresiva de estas normas, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad.
Cuando se trata del impacto de lxs actores conservadorxs sobre los espacios políticos internacionales, el panorama general de la situación actual es de inmovilidad y retrocesos.
Hemos visto cómo se diluyen los acuerdos y compromisos existentes; se estancan las negociaciones; o se debilitan en forma sostenida las agencias de Naciones Unidas, los organismos de revisión de los tratados y los Procedimientos Especiales, al mismo tiempo que se logra introducir un lenguaje regresivo en documentos internacionales de derechos humanos.
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más en disputa dentro del sistema de las Naciones Unidas. En marzo de 2015, los actores conservadores marcaron el tono ya antes de que comenzaran los eventos o las negociaciones: el documento final de la Comisión fue una Declaración muy débil, consensuada antes de que las activistas por los derechos de las mujeres siquiera hubieran arribado a la sede de la CSW.
En la CSW de 2016, el nuevo Caucus de la Juventud fue infiltrado por un gran número de actores que se hicieron oír contra el aborto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que a gritos hicieron callar a las organizaciones juveniles progresistas. Una vez más, las intensas negociaciones dieron como resultado un texto deslucido, que incluía lenguaje regresivo sobre «la familia».
Precisamente ahora que los derechos humanos de las mujeres han cobrado una importancia urgente, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado y debilitado. Utilizarla para lograr avances en los derechos resulta cada vez más difícil, ya que la energía de lxs progresistas se agota tratando de defender los logros obtenidos frente a la reacción conservadora.
Como organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada fundamental para lxs actores conservadores. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones anti-derechos que han resultado perjudiciales.
En concordancia con otrxs actores anti-derechos, una estrategia de los Estados y bloques de Estados conservadores es negociar agresivamente para eliminar lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, sobre todo a las que tratan de derechos relacionados con género y sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y sus aliados atacaron una resolución sobre la discriminación contra las mujeres. Las negociaciones fueron muy tensas y tuvieron como resultado que se eliminaran múltiples referencias a temas como el derecho de las mujeres y las niñas a ejercer control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos; la necesidad de derogar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal hacia las mujeres y las niñas en las familias y aquellas que penalizan el adulterio o perdonan la violación dentro del matrimonio.
El CDH también ha sido el espacio en el que se desplegaron iniciativas conservadoras perniciosas para cooptar las normas de derechos humanos e introducir un lenguaje conservador de «derechos humanos», como ocurrió con las resoluciones sobre «valores tradicionales» lideradas por Rusia y, más recientemente, con toda la agenda sobre «Protección de la Familia».
En 2015 varias organizaciones religiosas y de derecha religiosas decidieron abrir un nuevo frente y comenzaron a hacer incidencia en el Comité de Derechos Humanos, el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un instrumento fundamental de derechos humanos.
Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada sobre el derecho a la vida, grupos anti-derechos se movilizaron con la esperanza de incorporar su discurso anti-aborto en el tratado.
Más de 30 actores no estatales conservadores enviaron aportes escritos, defendiendo que su discurso engañoso sobre el «derecho a la vida» — según el cual la vida comienza con la concepción y el aborto constituye una violación a ese derecho — se incorporara en la interpretación del artículo 6 del Comité.
Esta incidencia de los grupos conservadores frente al Comité de Derechos Humanos constituye un giro estratégico ya que históricamente estos actores han intentado socavar e invalidar la labor esencial de los órganos de monitoreo de los tratados, entre ellos el propio Comité de Derechos Humanos.
Lxs actores anti-derechos participaron en el cabildeo por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Tuvieron un éxito limitado en sus intentos por incorporar lenguaje regresivo en la Agenda 2030.
Aun después de haber logrado rechazar lenguaje progresista en el texto final, lxs actores conservadorxs redefinieron su estrategia. En un intento por evadir la responsabilidad estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios estados han formulado diversas reservas a los ODS.
En nombre del Grupo Africano, Senegal afirmó que los estados de esta región solo «implementarían los objetivos en consonancia con los valores culturales y religiosos de sus países».
La Santa Sede también hizo algunas reservas, «confiada en que la promesa de ‘Nadie va a quedarse atrás’» se leería «incluyendo el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural».
Arabia Saudita dio un paso más, declarando que no seguiría ninguna norma internacional relativa a los ODS que hiciera referencia a la orientación sexual o la identidad de género, que considera «contrarias a la ley islámica».
Lxs actores anti-derechos están ocupando cada vez más espacio en la Asamblea General de la ONU (AG). En su sesión 71 (2016), la AG fue escenario de una ferviente manifestación antiderechos en contra del nuevo mandato creado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) en junio de 2016: el Experto Independiente sobre esta temática. Hubo cuatro intentos de socavar este mandato en el marco de la AG.
Primero , el Grupo Africano lideró un intento de aprobar una resolución hostil al mandato en el Tercer Comité, que en esencia se proponía aplazar indefinidamente su implementación. Si bien este intento no fue exitoso, constituyó una táctica novedosa y preocupante. Al bloquear retroactivamente desde la AG la implementación de un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos lxs actores anti-derechos buscan socavar directamente la autoridad del CDH frente a la Asamblea General. Después se dirigieron al Quinto Comité (responsable de asuntos administrativos y presupuestarios) para atacar el mandato.
En una acción sin precedentes, varios Estados intentaron (de nuevo, sin éxito) bloquear el financiamiento para todxs lxs expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo experto sobre OSIG.
Si bien ninguno de estos esfuerzos logró bloquear la creación e implementación del nuevo mandato, el apoyo significativo que recibieron, lo novedoso de la estrategia empleada y las sólidas alianzas construidas con criterios regionales a través de negociaciones marcan dificultades que habrá que enfrentar en el futuro.
Jemimah Naburri-Kaheru is an accomplished international HR strategist with a profound impact within the Horn of Africa Region. Jemimah previously served as the Regional Human Resource and Office Manager at the Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA). Her influence extends to HR leadership for over 70 regional staff, as the organization experienced rapid growth with a 40% increase in annual revenues. Throughout her career, Jemimah has orchestrated successful recruitment efforts, introduced merit-based performance systems, and overseen employee relations and HR policies.. She played a pivotal role in supporting global workforce strategies. With an academic background in Development Studies from Makerere University (Uganda) and an ongoing MBA in Human Resource Management, Jemimah's commitment to professional development is evident. Her contribution to high-performance workforces and international HR leadership positions her as an invaluable asset to any global enterprise.
نعم، انه متاح للأشخاص أصحاب/ صاحبات الإعاقات السمعية، البصرية، النظرية والفكرية المختلفة.
Be part of an international feminist membership organization and community. Our members are based in all regions of the world, learning and supporting each other in a global network based on solidarity.
Ekaete Judith Umoh es una defensora internacional de los derechos de las personas con discapacidad y experta en desarrollo inclusivo, con un agudo análisis de las cuestiones relativas al género, la discapacidad y el desarrollo inclusivo. Su sueño es aumentar la visibilidad de las mujeres y niñas con discapacidad dentro del movimiento feminista internacional y en todos las iniciativas para el desarrollo en el mundo.
Ekaete disfruta con el activismo y la política, y llegó a convertirse en la primera mujer elegida presidenta de la Asociación Nacional Conjunta de Personas con Discapacidad -JONAPWD(www.jonapwd.org ), en Nigeria, donde lideró a organizaciones por los derechos de las personas con discapacidad en las luchas por convertir en ley el Proyecto de Ley de Prohibición de la Discriminación contra las Personas con Discapacidad en Nigeria, tras más de 17 años de trabajo constante de incidencia. Posteriormente, se incorporó a CBM Global como Directora de País pionera y dirigió su equipo durante unos tres años, contribuyendo a acabar con el círculo de pobreza y discapacidad en Nigeria. Aparte del activismo en defensa de las personas con discapacidad, Ekaete ha trabajado como consultora para varias agencias de desarrollo, proporcionando asistencia técnica sobre la inclusión de la discapacidad en el diseño de programas y proyectos.
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"Sabemos que todo está en nuestra contra y hay muy pocas posibilidades de cambiar eso. Pero creemos en la intervención y creo que tenemos una oportunidad y deberíamos usarla. Es por eso que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. Estamos dispuestos a presionar por cosas inauditas".
- Sopo Japaridze para OpenDemocracy
Photo @სოლიდარობის ქსელი / Solidarity Network
Participa en el Foro Internacional de AWID - un importante encuentro feminista global—, y accede a descuentos especiales para afiliadxs de AWID y puntos de entrada para el diálogo virtual. Creado en conjunto por los movimientos feministas, el Foro es un espacio único para una discusión profunda y para dejar correr la imaginación, donde desafiamos y fortalecemos nuestros procesos organizativos, donde conectamos nuestras luchas y las realidades feministas.
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Alejandra es una apasionada de los derechos de las mujeres y la justicia de género. Sueña con crear un mundo centrado en el cuidado de las personas y de la naturaleza. Como experta feminista en derechos humanos, ha trabajado en las intersecciones de la justicia de género, climática, social y económica en varias organizaciones internacionales. Sus áreas de experticia incluyen la construcción de conocimiento y de la creación conjunta, la investigación, la facilitación y la incidencia. Tiene un título de maestría de la Universidad de Essex, y es autora y colaboradora de muchas publicaciones, que incluyen el artículo «Enraged: Women and Nature». La campaña Feminist Activism Without Fear se basa en entrevistas e investigaciones realizadas por Alejandra. Nacida en Argentina, durante las últimas dos décadas ha vivido y trabajado en varios países de Europa y América Latina. Alejandra ama la fotografía, el mar, cocinar con su hija y disfrutar de la comida de todo el mundo. Como madre, su objetivo es cambiar los modelos y patrones establecidos. Alejandra obtiene energía e inspiración de las increíbles mujeres de su vida, que están distribuidas en muchos rincones del mundo.