NOTAS DE LOS VIERNES: Durante los debates en la 46ª Sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD), bajo el tema Nuevas tendencias de la migración: aspectos demográficos, grupos basados en los derechos confrontaron las muy estrechas visiones de agrupaciones conservadoras respecto a la migración y afirmaron el rol que la salud y los derechos sexuales y reproductivos juegan en las vidas de migrantes, particularmente mujeres y niñas.
Por Saira Zuberi
El tema de este año en la CPD inspiró a muchos Estados miembros de la Comisión a enviar especialistas en demografía a la sesión. Ello, combinado con la desinformación propagada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) conservadoras que se oponen al derecho a decidir, así como la presencia de delegaciones influenciadas por su retórica o no bien informadas de los asuntos, creó un contexto de retos para los grupos asistentes cuyo trabajo se basa en los derechos.
La simplista nota en un blog, “¿Por qué está Occidente tan obsesionado con el sexo? ¡No permitamos que activistas por los derechos sexuales y reproductivos secuestren el documento de la CPD haciendo a un lado las necesidades reales de migrantes!”, concluye con una cita reveladora: “Una vez más, la agenda sexual del primer mundo está triunfando sobre las NECESIDADES del tercer mundo... ‘Mi madre me cuenta que ni siquiera una sola vez fueron una preocupación su salud sexual y reproductiva o sus derechos sexuales y reproductivos.’—una inmigrante en Estados Unidos”. Este extracto engloba la manera en que la salud y los derechos sexuales y reproductivos fueron descartados, y más ampliamente desasociados de los derechos humanos, por fuerzas anti-derechos que tuvieron una participación activa en la 46ª Sesión de la CPD (CPD46) en Nueva York el pasado abril.
Por qué importan la salud y los derechos sexuales y reproductivos
La salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR)—incluida la educación integral en sexualidad y los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género—fueron descartados, desvalorizados o falseados por muchos delegados e incluso el propio Presente de la CPD46, quien con frecuencia se refirió al tema de SDSR como una “distracción” y un “fastidio” que amenazaba la posibilidad de generar consenso. Ésta, sin embargo, fue precisamente la razón por la cual activistas por los derechos insistieron en el tema, ya que el derecho a la salud por sí mismo como un aspecto de los derechos humanos no conlleva una seria controversia.
Es simplista y poco sincero—en el mejor de los casos—utilizar las palabras de una inmigrante en Estados Unidos, quien sentía que el tema de SDSR no era una preocupación para su madre, como evidencia de que las personas migrantes no necesitan salud sexual y reproductiva, derechos y servicios. Consideremos que las mujeres migran por diversas razones y en variadas formas. En el contexto de la migración forzada, la crisis de personas refugiadas o la trata humana, por ejemplo, las mujeres y las niñas son más vulnerables a la violación de sus derechos sexuales y su integridad corporal a manos de contrabandistas, funcionarios corruptos u oportunistas y en las precarias circunstancias de vivir en campamentos de personas refugiadas. Los riesgos también son altos para aquéllas que migran como trabajadoras domésticas, pues el hecho de depender de empleadores, así como la falta de estatus migratorio y el aislamiento, pueden hacer que mujeres y niñas sean sumamente vulnerables a coerción y violencia sexuales. Aun en situaciones que están reguladas y proporcionan a migrantes algún estatus y protecciones, las personas que por primera vez llegan a un nuevo ambiente pueden enfrentar barreras lingüísticas y culturales que crean una mayor vulnerabilidad. En estas y muchas otras situaciones, una mujer, una niña o una persona LGBTQI no ‘pierde’ la necesidad de salud sexual y reproductiva o su derecho a ésta. De hecho, esas necesidades pueden aumentar; de ahí el deber de proteger y promover tales derechos.
Los tweets y blogs simplistas de grupos de la derecha religiosa, en los cuales dicen que activistas por el derecho a decidir esperan que las personas migrantes “coman píldoras anticonceptivas” o creen que los condones y el derecho al aborto solucionarán los problemas del mundo, son desdeñosos e insultantes, particularmente para migrantes y sobre todo mujeres y niñas cuyos derechos sexuales e integridad corporal están en gran riesgo. Los riesgos y vulnerabilidades en el proceso de la migración o del asentamiento se suman a las necesidades cotidianas permanentes de salud sexual que no desaparecen cuando alguien migra. No se trata de si las personas migrantes necesitan alimentos, albergue, cuidados de salud y seguridad, sino de que su salud y seguridad deberían incluir la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Argumentos y tácticas que los grupos religiosos conservadores utilizan
Sin embargo, a pesar de las claras conexiones, fueron generalizados los esfuerzos de las fuerzas anti-derechos por excluir el tema de SRHR. Un exitoso cabildeo por OSC conservadoras bien financiadas ha conducido a construir relaciones fuertes con delegaciones y líderes con quienes han encontrado una causa común. Algunas de las principales tácticas usadas en estos espacios son propagar desinformación y argumentos falsos, cada vez más mediante el uso de medios sociales, manipular el lenguaje sobre los derechos e insertar cláusulas cuyo objetivo es diluir compromisos y lenguaje convenidos.
Por ejemplo, conservadores religiosos y sociales suelen argumentar que la educación integral en sexualidad es ya sea un ‘código’ para los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género, o una manera de alentar la promiscuidad en niñas y niños pequeños. Este viejo mito fue usado de nuevo durante la CPD46 por grupos tales como Family Watch International, que distribuyó desinformación focalizada basada en datos manipulados y distorsionados, por ejemplo, a través de un informe sobre educación integral en sexualidad que trivializa los esfuerzos por asegurar que las y los jóvenes tengan preparación e información adecuadas respecto a sus cuerpos y sus derechos, calificándolos como una mera “sexualización de niñas y niños pequeños”. Trágicamente, el cabildeo contra la provisión de un tipo de educación que empodera contribuyó a la pérdida de lenguaje acordado sobre la educación integral en sexualidad en el texto final de la Resolución de la CPD46. Y pese a los esfuerzos de activistas por los derechos y de personas delegadas de bloques tales como la Unión Europea y Estados como Uruguay, Sudáfrica y otros por incluir una mención explícita de las vulnerabilidades de migrantes LGBTQI en países tanto de origen como de destino, también estos esfuerzos fallaron debido al cabildeo concertado de los grupos conservadores.
Además, el hecho de calificar la promoción y defensa basadas en los derechos como “obsesionada” con los derechos reproductivos descarta el muy claro compromiso que estos grupos tenían respecto a otros asuntos cruciales relacionados con los derechos, como lo fue haber pugnado concertadamente por vincular el derecho general a la salud con los servicios ya establecidos para el cuidado de la salud, independientemente del estatus migratorio. Aunque es un tema de gran polémica y feroz debate entre muchos Estados de origen y de destino, este esfuerzo de dichos grupos condujo a un lenguaje—en el Párrafo Operativo 4 (OP4) del texto final de la Resolución—que insta a los Estados a promover y proteger “los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio...”.
Una y otra vez se utilizaron argumentos ya muy conocidos para propagar desinformación sobre el aborto; por ejemplo, la declaración oral de la representante del Foro Endeavour reiteró la falsa noción de que el aborto seguro no existe, usando investigación desacreditada y razonamientos sesgados como base para afirmar que incluso el aborto legal daña la salud mental y reproductiva de las mujeres. A partir de este argumento se lanzaron acusaciones contra grupos defensores de la salud y los derechos sexuales, señalándolos de que lucran con la industria del aborto y seleccionan a migrantes para hacer dinero. Los esfuerzos por ampliar la salud y los derechos sexuales y reproductivos fueron calificados como “imperialismo”, con la acusación de que centrarse en los derechos y necesidades de SDSR de las mujeres en África y América Latina y de poblaciones migrantes es de hecho un “genocidio contra la gente pobre”, como si las tasas del aborto inseguro y los riesgos relacionados con las necesidades de salud sexual insatisfechas no fueran un asunto urgente para incontables personas en todo el Sur Global. Y a la desinformación que estaba siendo distribuida se sumaron comentarios en Twitter como uno que afirmó que activistas por los derechos no incorporaron “Ninguna mención de servicios o mejoras en los cuidados de salud para mujeres embarazadas y sus bebés”—El énfasis está en la eliminación del niño concebido”.
Pese a estos esfuerzos de ocultamiento y distracción, la Resolución final de la CPD46 sí reafirmó el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, además de hacer una referencia específica al aborto seguro y la anticoncepción de emergencia donde la ley los permita, particularmente para migrantes sobrevivientes de violencia sexual. También se reafirmó el derecho a la salud sin calificaciones (es decir, independientemente del estatus migratorio) y el derecho a la salud fue desglosado para incluir información y educación, no discriminación y acceso a servicios que resguarden los derechos sexuales y reproductivos de personas migrantes, particularmente de las más vulnerables a violaciones (mujeres, niñas y personas LGBTQI).
Lamentablemente, los logros alcanzados y el terreno mantenido respecto a SDSR para migrantes también fueron socavados por la inclusión de un párrafo sobre la soberanía de los Estados que reiteró “el derecho de cada país a implementar las recomendaciones del Programa de Acción u otras propuestas en la presente resolución, en concordancia con las leyes nacionales y las prioridades del desarrollo, con pleno respeto a los diversos valores religiosos y éticos y los orígenes culturales de su pueblo, y de conformidad con los derechos humanos internacionales reconocidos universalmente”. Esta cláusula en particular suele ser utilizada por las fuerzas anti-derechos para jugar con la semántica contra el carácter indivisible y holístico de los derechos humanos al argumentar que el aborto o la orientación sexual no son universalmente (léase, no ‘literalmente’) reconocidos en el cuerpo del derecho internacional de los derechos humanos.
Cada vez más, las fuerzas conservadoras acusan a activistas de imperialismo o genocidio por el solo hecho de que intentan promover los derechos humanos de todas las personas, independientemente de dónde estén o quiénes sean. Afirman que su libertad religiosa o libertad de conciencia es negada por el reconocimiento de ciertos derechos para otras personas. Corresponde a activistas por los derechos continuar desafiando y exponiendo la desinformación y los datos manipulados en que se sustentan los argumentos fundamentalistas, como también abogando por que los gobiernos cumplan y amplíen las protecciones y la promoción de los derechos humanos cubiertos por la legislación y la política internacionales. Es necesario que sigamos insistiendo y reafirmando que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son una parte integral de los derechos humanos y del derecho a la salud, y que todos los Estados tienen la obligación de proteger, promover y realizar estos derechos.
Fuente: Notas de los Viernes de AWID, 14 de junio de 2013. Título original: Why Do Migrants’ SRHRs Matter? Why Don’t They? Traducción: Laura E. Asturias