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Basta de «lo de siempre»: Lo que la 58ª sesión del CDH nos dice sobre las instituciones multilaterales

El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es el principal órgano político de derechos humanos de la ONU. Es el lugar donde los países debaten y negocian cuestiones de derechos humanos, se desafían mutuamente y se exigen responsabilidades por las violaciones. Este año, la 58ª sesión del CDH (CDH58) tuvo lugar en Ginebra del 24 de febrero al 4 de abril, con paneles sobre respuesta al VIH, el derecho al trabajo en la economía Informal y los derechos de las personas con discapacidad, con resoluciones sobre defensores de derechos humanos y sobre derechos económicos, sociales y culturales.

El primer día de la sesión, el Consejo conmemoró el 30° aniversario de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, en la mesa redonda de alto nivel sobre transversalización. En Nueva York, la 69a. sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW69) estaba en el proceso de adopción de una declaración política para renovar los compromisos de los países con la Declaración de Beijing de 1995. Beijing marcó un momento de esperanza para les feministas, pero en el actual mundo de múltiples crisis y un orden global cambiante, ¿hasta qué punto son capaces de dar respuestas estas instituciones multilaterales? El CDH58 se desarrolló en este escenario, al que se agregan la continua movilización antigénero y los desafíos que enfrentan la sociedad civil y les feministas debido a los recortes en el financiamiento.

Tendencias antigénero

Durante el CDH58, la organización cristiana de extrema derecha Alliance Defending Freedom (ADF) y otras organizaciones antigénero presentaron una declaración sobre «Proteger a los niños de la ideología de género», describiendo a la atención de afirmación de género como un proceso en el cual «niños vulnerables son empujados hacia un camino irreversible de medicalización durante toda su vida» y es «activamente facilitada por instituciones educativas sin el consentimiento de los padres».

La semilla de la «ideología de género» plantada por el Vaticano en Beijing se ha convertido en una característica de los espacios de derechos humanos. Les feministas han desmentido enfáticamente estos elementos de debate, que emplean una receta de frases hechas para manipular el marco conceptual de derechos humanos y socavar los logros alcanzados en términos de la autonomía corporal y de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), además de crear un encuadre de derechos conservador alternativo.

Varios días antes de la emisión de la declaración de ADF, en representación de un grupo de 70 estados Vanuatu presentó una declaración que refuerza que «la familia es la unidad fundamental de la sociedad y el medio natural para el bienestar de un niño» y que «los padres (...) están posicionados para determinar qué es lo mejor para las necesidades de sus hijos». La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y los mecanismos de Procedimientos Especiales de la ONU (tales como el Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas) han reafirmado persistentemente que los estados tienen la obligación de prevenir la violencia, el abuso y la explotación dentro de las familias. En consecuencia, si bien existen abundantes marcos integrales sobre igualdad de género derivados de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y de otros dispositivos, el retroceso y la instrumentalización de los derechos humanos dificulta la promoción feminista de los derechos dentro del sistema, y por lo tanto requieren implementación y responsabilidad.

Confrontar la estructura económica global

El CDH58 puso en evidencia un interrogante más amplio respecto de la capacidad del Consejo para confrontar las actuales manifestaciones e intersecciones de patriarcado, nacionalismo, neoliberalismo y colonialismo. Un evento paralelo organizado por la Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI) junto con asociados, «Addressing Preventable Maternal Mortality and Morbidity: An Intersectional and Systems-Based Approach» mostró que, entre 2016 y 2020, la mortalidad y morbilidad materna (MMM) se ha estancado y/o agravado en la mayoría de las regiones del mundo. Las Orientaciones Técnicas de la ONU avanzaron mucho en la inclusión de la MMM dentro de los SDSR y del marco conceptual de la justicia reproductiva, y varias resoluciones del Consejo sobre MMM han sido adoptadas por el CDH. Sin embargo, la implementación sigue siendo un problema. A nivel global, los sistemas de salud siguen careciendo drásticamente de financiamiento y de personal, y están superpoblados, y la salud materna es un área significativa de falta de inversión por parte de las iniciativas de salud mundiales. Las mujeres racializadas y empobrecidas del Sur Global se ven afectadas de manera desproporcionada.

Además del impacto de la reacción conservadora sobre SDSR, la privatización de la atención a la salud en todo el mundo ha exacerbado los esquemas generales de desigualdad estructural, y en particular ha aumentado los costos directos de la atención a la salud reproductiva y materna. Los programas de ajuste estructural y las medidas de austeridad impuestas por las instituciones financieras internacionales han llevado al desfinanciamiento sistémico de los servicios de salud pública, y las condicionalidades de los donantes han provocado la fragmentación de los sistemas de salud, socavando los esfuerzos por construir sistemas de salud resistentes e integrados, capaces de atender de manera equitativa la morbilidad y mortalidad materna evitable. De modo que, si bien el marco de los derechos humanos obliga a los estados a asignar el máximo de los recursos disponibles a la realización de los derechos económicos y sociales, estos recursos dependen considerablemente de factores internacionales, que incluyen la expropiación capitalista y colonial, y el orden económico y financiero global no equitativo.

Como señaló SRI, los sistemas de derechos humanos a menudo no pueden o no quieren abordar los efectos nocivos que tienen las relaciones políticas y económicas desiguales sobre el grueso de la población del Sur Global y sobre las comunidades marginadas del Norte Global. Sin embargo, la adopción de la resolución sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en el HRC58 constituyó una oportunidad para hacerlo. La resolución, adoptada con regularidad desde 2007, trata por primera vez la estructura económica global desigual, en temas clave tales como la cooperación impositiva internacional, la deuda, los servicios públicos y el financiamiento climático. Si queremos que las normas y los estándares de SDSR presentes en el sistema de derechos humanos sean implementados por los estados, nuestra incidencia respecto del género y la sexualidad debe estar basada en las condiciones materiales de las mujeres y de las comunidades marginadas. Para quienes trabajamos en este espacio, también significa desafiar activamente el paradigma económico dominante, y ocuparnos de la arquitectura macroeconómica como para de los derechos humanos.

Participación de la sociedad civil en el CDH58

La serie de recortes a la asistencia (tanto para gobiernos como para la sociedad civil) efectuados en los últimos años ha impactado profundamente en el sistema de derechos humanos de la ONU, que ha sufrido a su vez crisis financieras y de liquidez, y sus propios recortes presupuestarios. El CDH58 demostró, una vez más, que la sociedad civil es habitualmente el primer sector afectado por la crisis de liquidez y los recortes presupuestarios.

En esta sesión la participación remota se suspendió, obstaculizando el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil fuera de Ginebra. Para brindar a la sociedad civil la opción de desarrollar un evento paralelo con modalidad híbrida, la Oficina de Naciones Unidas de Ginebra cobraba un mínimo de USD 389 para utilizar sus instalaciones, y cargos sin precedentes para utilizar cabinas de interpretación en los eventos paralelos que contaban con interpretación de idiomas. Además, la crisis de liquidez ha derivado en recortes de las actividades de Procedimientos Especiales y ha limitado las oportunidades de participación de los sujetos de derechos. Como señaló la campaña #EmptyChairs en su comunicado al Consejo, «los estados no pueden seguir desfinanciando al sistema de Procedimientos Especiales que ellos mismos han creado, impidiéndoles así cumplir con sus mandatos esenciales. Los estados deben pagar sus cuotas en forma completa, y a tiempo.»

La sistemática expulsión de la sociedad civil forzosamente exacerbará la debilitada confianza en los sistemas de derechos humanos y multilaterales. Beijing y los posteriores avances en normas de derechos humanos sobre género y sexualidad fueron posibles solo gracias al trabajo y la movilización de activistas y defensores feministas. Sin la participación significativa de la sociedad civil, las instituciones multilaterales ya no serían capaces de cumplir su función.

Derechos humanos en tiempos de genocidio

La falta de implementación y responsabilidad por múltiples genocidios ha culminado en la grave crisis de credibilidad de las instituciones multilaterales a la que asistimos hoy en día. A pesar de los persistentes llamamientos de instituciones tales como la Corte Internacional de Justicia y los Procedimientos Especiales de la ONU para poner fin al genocidio y a la complicidad de la comunidad internacional, los ataques de Israel en Gaza se han intensificado, apuntando sistemáticamente contra hospitales, personal médico y otres trabajadores humanitaries.

En la sesión, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado presentó un informe que detalla el uso sistemático por parte de Israel de violencia sexual y reproductiva y de otras formas de violencia de género, a partir del 7 de octubre de 2023. Este informe fue recibido con beneplácito por la sociedad civil palestina. Esa misma semana algunos ministros de Israel, apoyados por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, reafirmaron públicamente su intención de desplazar por la fuerza y de forma permanente a les palestines, bajo el falso pretexto de la reubicación «voluntaria».

Sabemos que esta flagrante inobservancia de la legislación internacional y la falta de rendición de cuentas solo han sido posibles gracias al férreo apoyo de poderosos aliados, y a la estructura global de gobernanza al servicio de la voluntad política y de la agenda de estos aliados en el Norte Global, así como de la élite política internacional. Si bien dos meses antes Estados Unidos había anunciado que no participaría en el CDH, entre bambalinas incidió fuertemente en contra de una propuesta de Pakistán sobre la creación de un mecanismo internacional, imparcial e independiente para investigar las acciones de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados. Durante la última semana del Consejo, Viktor Orban prometió que la visita de Netanyahu a Hungría no derivaría en un arresto, de acuerdo con la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional en noviembre de 2024. Esto fue anunciado conjuntamente con el plan de Hungría de retirarse del Estatuto de Roma.

En este momento todavía no están claras las repercusiones que tendrán en el largo plazo el cambio global y las crisis que enfrenta el multilateralismo. De todos modos, como feministas que trabajamos en estos espacios, no deberíamos limitarnos a «lo de siempre», ni evitar abordar colectivamente estas cuestiones existenciales. Desde la inequidad del orden político y económico global, hasta la cooptación neoliberal de nuestros derechos, este momento político requiere que modifiquemos nuestro enfoque estrecho y compartimentalizado en el abordaje del género y la sexualidad, y que resistamos contra la cooptación de nuestras luchas a cambio de ganancias de corto y mediano plazo.

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