 
  Adelinda Gomez
 
  Lxs defensorxs se identifican a sí mismas como mujeres y personas lesbianas, bisexuales, transgénero, queer e intersex (LBTQI) y otrxs que defienden derechos y que debido a su trabajo en derechos humanos están bajo riesgos y amenazas específicos por su género y/o como consecuencia directa de su identidad de género u orientación sexual.
Lxs defensorxs son objeto de violencia y discriminación sistemáticas debido a sus identidades y su inclaudicable lucha por derechos, igualdad y justicia.
El Programa Defensorxs colabora con contrapartes internacionales y regionales así como con lxs afiliadxs de AWID para crear conciencia acerca de estos riesgos y amenazas, abogar por medidas de protección y de seguridad que sean feministas e integrales, y promover activamente una cultura del autocuidado y el bienestar colectivo en nuestros movimientos.
lxs defensorxs enfrentan los mismos tipos de riesgos que todxs lxs demás defensorxs de derechos humanos, de comunidades y del medio ambiente. Sin embargo, también están expuestas a violencia y a riesgos específicos por su género porque desafían las normas de género de sus comunidades y sociedades.
Nos proponemos contribuir a un mundo más seguro para lxs defensorxs, sus familias y comunidades. Creemos que actuar por los derechos y la justicia no debe poner en riesgo a lxs defensorxs, sino que debe ser valorado y celebrado.
Promoviendo la colaboración y coordinación entre organizaciones de derechos humanos y organizaciones de derechos de las mujeres en el plano internacional para fortalecer la capacidad de respuesta en relación a la seguridad y el bienestar de lxs defensorxs.
Apoyando a las redes regionales de defensorxs y de sus organizaciones, tales como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensorxs de Derechos Humanos y la WHRD Middle East and North Africa Coalition [Coalición de Defensorxs de Derechos Humanos de Medio Oriente y África del Norte], promoviendo y fortaleciendo la acción colectiva para la protección, poniendo el énfasis en establecer redes de solidaridad y protección, promover el autocuidado y la incidencia y movilización por la seguridad de lxs defensorxs.
Aumentando la visibilidad y el reconocimiento de lxs defensorxs y sus luchas, así como de los riesgos que enfrentan, a través de la documentación de los ataques que sufren, e investigando, produciendo y difundiendo información sobre sus luchas, estrategias y desafíos.
Movilizando respuestas urgentes de solidaridad internacional para lxs defensorxs que están en riesgo a través de nuestras redes internacionales y regionales y de nuestrxs afiliadxs activxs.
Only a year after it was founded, the members of Nadia Echazú started to work in haute couture and organized a fashion show in the historic Bauen Hotel.
They showcased five models and some workers of the textile cooperative walked down the runway with their own designs.
This was revolutionary not only because they were designing alternatives to mainstream fashion, but also because they were creating accessible, inclusive clothes for all trans and travesti bodies.
Feminist economies should also be about feeling amazing and comfortable in the clothes we are wearing.

لجعل الواقع المركّب لتمويل الأشكال المختلفة من التنظيم النسوي، مرئي
 
  Stella began her career at the Ministry of Gender and Community Development in Uganda engaging with policymakers for law reform, including the 1995 Ugandan Constitution, which established some of the most progressive reforms for women in the region.
She is revered throughout the region for her tireless efforts to create and enforce gender-responsive laws and policies. She played a key role in drafting Uganda’s Domestic Violence Act and in mobilizing support for gender-responsive constitutions in both Uganda and in Rwanda.
Through her work with International Center for Research on Women (ICRW), she worked on violence against children, and worked to strengthen the capacities of grassroots organizations addressing gender-based violence. She was a lecturer on gender rights and the law at Makerere University and served on the boards of Akina Mama wa Afrika, ActionAid International Uganda and the Open Society Initiative for Eastern Africa.
 
  En nuestra lucha por la justicia de género, económica, social y ambiental, en la paz, lxs feministas sabemos que no existe una sola receta para el éxito sino una gama de posibilidades que pueden y hacen que sucedan los cambios.
El menú de opciones es tan diverso como lo son nuestros movimientos y las comunidades en las que vivimos y luchamos.
Antes de atrevernos a presentar algunas de las formas en que lxs feministas nos imaginamos un mundo diferente, aquí están los principios que sostienen nuestras propuestas:
Creemos que no existe un modelo único aplicable a todxs y que todxs tienen derecho a reivindicar la construcción de ese otro mundo posible, como lo expresa el lema del Fondo Mundial..
Esto incluye el derecho a participar en la gobernabilidad democrática y de influir sobre el propio futuro, en el ámbito político, social y cultural.
La autodeterminación económica permite que los pueblos controlen sus recursos naturales y los utilicen de manera colectiva o para los fines que ellos mismos decidan. Además, la autonomía económica de las mujeres es fundamental para mitigar la naturaleza a menudo cíclica de la pobreza y la falta de educación, seguridad y protección.
El principio de la igualdad sustantiva o de facto forma parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Es fundamental para el desarrollo y para lograr una economía justa ya que afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales.
La no discriminación forma parte intrínsecamente del principio de igualdad que garantiza que a nadie se le nieguen sus derechos por factores como la raza, el género, el idioma, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, las opiniones políticas o de otra clase, el origen nacional o social, la propiedad o el nacimiento.
La dignidad intrínseca de todas las personas sin distinción alguna debe ser afirmada y respetada. Si bien los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el uso de los máximos recursos de que disponen para la realización de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos y la dignidad configura sobre todo un espacio clave para las luchas de la sociedad civil y la movilización popular.
Este principio, que se ejerce mediante esfuerzos organizados para transformar instituciones injustas, guía la recuperación del equilibrio entre «participación» (entrada) y «distribución» (salida) cuando se ha violado cualquiera de esos dos principios.
Implica ponerle un límite a toda acumulación monopólica de capital y otros abusos de la propiedad. Este concepto se apoya en un modelo económico que gira en torno a la ecuanimidad y la justicia.
Para que se produzcan cambios, necesitamos redes feministas fuertes y diversas. Necesitamos movimientos que construyan solidaridad desde lo personal hacia lo político, desde lo local a lo global, y viceversa.
La construcción de poder colectivo a través de los movimientos sociales ayuda a convertir la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la justicia en una fuerza política para el cambio que no puede ser ignorada.
«Únicamente los movimientos pueden crear cambios sostenidos a niveles que las políticas y las leyes solas no pueden alcanzar»
Para leer más sobre este tema, consulta Batliwala, S: 2012 «Cambiando el mundo: Conceptos y prácticas de los movimientos de mujeres», 2da edición. AWID.
La lucha por un mundo lleno de lugares de trabajo libres de todas formas de discriminación, estigma y exclusión es digna. Un mundo en el que el trabajo sexual sea descriminalizado y reconocido como trabajo es parte integrante de esto.
Un mundo donde todxs lxs trabajadorxs tengan condiciones de trabajo seguras, salarios dignos y puedan disfrutar de los mismos derechos como el acceso a la salud, pensiones, permisos por enfermedad, vacaciones, seguridad laboral y más, sin importar su género, raza, etnia, edad o capacidad.
Los derechos laborales son cuestiones feministas, y los sindicatos feministas desempeñan un papel clave en la promoción de los derechos legales, laborales y económicos de todxs lxs trabajadorxs, especialmente lxs trabajadorxs migrantes, lxs trabajadorxs domésticxs, lxs trabajadorxs informales y lxs trabajadorxs sexuales. Estas son personas que recientemente se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, su crisis de cuidados, los confinamientos, toques de queda y el aumento de la vigilancia y represión policial.
Aquí les presentamos las historias de activistas feministas y sindicalistas que luchan por mejores condiciones de trabajo y mejores mundos para todxs.
 
  Juana fue una de las fundadoras y era actualmente integrante de la junta directiva de la Red de Mujeres Ixiles de Nebaj, una organización por los derechos de las mujeres indígenas que es parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
También era partera y madre de siete hijxs. Había recibido amenazas de muerte que fueron denunciadas ante la Fiscalía. Juana es la tercera defensora de derechos humanos indígena asesinada en el área durante 2018. El Ombudsman de Guatemala informa que un total de 20 defensorxs de derechos humanos fueron asesinadxs este año en el país.
Juana Ramírez Santiago fue baleada de muerte por atacantes desconocidos mientras cruzaba un puente en Nebak, Quiché, Guatemala. Están en curso las investigaciones para identificar a los perpetradores.
 
  Contestant la prémisse que l'économie d'un pays doit toujours «grandir ou mourir», les propositions de décroissance démystifient le rôle central d’une croissance mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut (PIB).
Le modèle de la décroissance propose une transition vers des niveaux de production et de consommation plus faibles et durables. En substance, il s’agit de restreindre l’espace économique pour laisser plus de latitude à la coopération humaine et aux écosystèmes.
Les perspectives féministes sur la théorie et la pratique de la décroissance soutiennent qu'il est également nécessaire de redéfinir et de reconnaître la valeur du travail rémunéré et non rémunéré, sur le marché comme dans le secteur des soins aux personnes. Ceci contribuerait à surmonter les stéréotypes de genre traditionnels, les écarts de salaires en vigueur et les inégalités de revenus qui dévalorisent le travail réalisé dans le domaine des soins.

Le salaire minimum en Géorgie est l’un des plus bas dans le monde. Cette réalité touche surtout les femmes.
Non seulement le pays a un écart de rémunération important entre les genres, mais les femmes travaillent également des heures plus longues et moins réglementées avant de rentrer chez elles pour s'occuper des tâches ménagères et de leur famille. Il n'y a pas de congé de maternité, pas d'augmentation de salaire pour les heures supplémentaires, pas d'assurance-chômage, et pas de congé de maladie ou d'autre protection sociale. Sous la pression d’organisations occidentales, les partis politiques oligarchiques géorgiens ont mis en œuvre des réformes qui détruisent l'État-providence, augmentent les mesures d'austérité et aggravent l'exploitation des travailleur·euses, le tout au profit des grandes entreprises qui applaudissent le pays pour sa «facilité à faire des affaires». Les médias, cooptés par des intérêts privés et corporatifs, sont partiaux sur ces questions ou les réduisent au silence. L'organisation syndicale reste l'une des rares options pour lutter pour les droits humains fondamentaux et pour tenir l'État et les entreprises responsables des violations et persécutions quotidiennes et généralisées contre les travailleur·euses, et en particulier les femmes.
Source: Minimum-Wage et entretien avec Sopo Japaridze dans Open Democracy
 
  Ana était un ardente défenseure des droits des femmes et travaillait avec un large éventail de femmes au sein d’organisations de terrain ainsi que dans le secteur privé.
Elle croyait en la construction de ponts entre les secteurs. Ana était membre du Réseau national de promotion de la femme (RNPM) et participait activement à l'élaboration de nombreux programmes sociaux traitant de questions telles que la santé et les droits sexuels et reproductifs.
 
  Les ultraconservateurs ont développé un certain nombre d’arguments relatifs aux droits humains sur le plan international, lesquels instrumentalisent la religion, la culture, la tradition et la souveraineté nationale dans le but de porter atteinte aux droits liés au genre et à la sexualité. Les acteurs anti-droits s’éloignent de plus en plus d’un langage explicitement religieux.
Nous constatons de plus en plus fréquemment que des acteurs rétrogrades – qui dénigraient auparavant le concept des droits humains – tentent désormais de le récupérer et de le manipuler pour atteindre leurs objectifs.
Ce discours émergent qui prospère actuellement semble inoffensif, mais il fonctionne comme un cadre général abritant de multiples positions patriarcales et anti-droits.
Le thème de la « protection de la famille » est donc un exemple particulièrement parlant de l’évolution de la stratégie de certains acteurs rétrogrades que utilisent désormais un plaidoyer holistique et intégré.
L’argumentaire sur la « protection de la famille » est utilisé pour déplacer le sujet de droits humains de l’individu vers des institutions déjà puissantes.
Il prône également une conception unitaire, hiérarchique et patriarcale de la famille qui suppose une discrimination à l’égard des formes familiales situées en dehors de ces limites rigides. Il tente également d’atténuer l’importance actuellement accordée à la reconnaissance et à la protection des droits des membres vulnérables de la famille pour privilégier la non-discrimination, l’autonomie et l’absence de violence dans le contexte des rapports familiaux.
Le Saint-Siège et un certain nombre de groupes chrétiens de défense des droits cherchent à s’approprier la notion de droit à la vie pour servir leur lutte contre l’avortement. En introduisant la doctrine religieuse conservatrice dans le langage des droits humains, ils soutiennent l’idée qui veut que le droit à la vie, tel qu’énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’applique dès le moment de la conception.
Aucun des instruments universels relatifs aux droits humains ne vient étayer ce discours. Pourtant, c’est une stratégie attrayante pour les acteurs anti-droits dans la mesure où le droit à la vie ne peut être violé en aucune circonstance et qu’il constitue une norme juridiquement contraignante.
Les acteurs anti-droits utilisent un certain nombre d’arguments dans leur campagne pour porter atteinte aux droits sexuels. Ils soutiennent que les droits sexuels n’existent pas ou qu’il s’agit de « droits nouveaux » nuisibles aux enfants et à la société et/ou que ces droits sont en opposition avec la culture, la tradition ou le droit national.
Dans le cadre onusien, les conservateurs plaident contre le droit à une éducation sexuelle complète (ESC) en attaquant ce concept à plusieurs niveaux. Ils prétendent que l’ESC viole les « droits parentaux », qu’elle nuit aux enfants et qu’il s’agit d’un endoctrinement idéologique plutôt que d’une forme d’éducation. Ils affirment également que cette éducation sexuelle complète est imposée aux enfants, aux parents et aux Nations Unies par de puissants lobbyistes qui cherchent à tirer profit des services qu’ils fournissent aux enfants et aux jeunes.
Les tentatives visant à invalider les droits relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre prolifèrent. Les ultraconservateurs font valoir le fait que l’application des principes et du droit relatifs aux droits humains – qui existent pourtant depuis longtemps – consiste en fait à créer de « nouveaux droits ». Ils prétendent enfin que le contenu des droits devrait varier radicalement parce que ceux-ci devraient être interprétés à l’aune de la « culture » ou des « particularismes nationaux ».

Les organisations de la droite chrétienne se mobilisent depuis longtemps contre les droits reproductifs, aux côtés du Saint-Siège et d’autres alliés anti-droits. Elles affirment souvent que les droits reproductifs sont en fait une forme de contrôle de la population imposée par l’Occident aux pays du Sud global. Paradoxalement, ce discours émane le plus souvent d’acteurs issus des États-Unis et de l’Europe occidentale, dont beaucoup travaillent activement pour exporter leur rhétorique et leurs politiques fondamentalistes.
Ces acteurs rétrogrades reprennent également des arguments « scientifiques » élaborés par des groupes de réflexion ultraconservateurs et citent des sources usant de méthodologies de recherche peu fiables pour montrer que l’avortement a de nombreux effets secondaires psychologiques, sexuels, physiques et relationnels.
Les acteurs anti-droits visent à promouvoir le concept de « protection de la famille », mais ils tentent également de créer une nouvelle catégorie de « droits parentaux » à laquelle les normes existantes relatives aux droits humains ne donnent aucun fondement.
Paradoxalement, ce discours tente de dévoyer les systèmes de protection des droits dont les enfants jouissent par principe, tels qu’énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, pour renforcer les droits des parents à exercer un contrôle sur leurs enfants et à limiter leurs droits.
Les acteurs anti-droits tentent de plus en plus fréquemment de s’approprier et de subvertir les références et les arguments défendus par les défenseuses des droits humains, et notamment la notion de violence contre les femmes (VCF).
Dans le cadre de la Commission sur la condition de la femme ainsi que dans d’autres espaces, ces acteurs utilisent notamment la technique rhétorique suivante : ils abordent la violence contre les femmes comme un cadre dans lequel il est possible d’intégrer des arguments hostiles aux droits reproductifs et de nature patriarcale.
Les ultraconservateurs, par exemple, défendent l’idée qui veut que les relations intimes entre partenaires qui ne sont ni hétéronormatives ni traditionnelles constituent un facteur de risque de violence. Ils soulignent que les pères sont nécessaires à la protection des familles contre la violence.
Le Saint-Siège se livre à une critique incessante du genre, de l’« idéologie du genre », des « radicaux du genre » et de la théorie du genre. Les acteurs anti-droits interprètent souvent le terme « genre » comme un code caché pour parler des droits des personnes LGBT*Q. La droite religieuse utilise le concept de genre comme un outil transversal qui relie beaucoup de ses thèmes de prédilection. De plus en plus souvent, les opposant-e-s acharné-e-s à ces notions de genre se braque sur les questions relatives à l’identité de genre et aux droits des personnes trans*.
À l’heure actuelle, un certain nombre d’ultraconservateur utilisent la rhétorique de la complémentarité des sexes. Leur argumentaire est structuré autour de l’hypothèse de la différence entre les sexes : les hommes et les femmes sont censés jouer des rôles différents mais complémentaires dans le mariage et la vie familiale, mais aussi dans leur engagement dans la vie communautaire, politique et économique.
La référence aux rôles « naturels » vise à rejeter fondamentalement le caractère universel des droits humains en matière d’égalité et de non-discrimination.
Cet argument est également utilisé pour justifier les violations de ces droits par les États et les acteurs non étatiques. Il contribue en outre au non-respect de l’obligation faite aux États de lutter contre les préjugés et les pratiques fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes.
Ce discours suggère que les gouvernements nationaux sont injustement ciblés par les organes des Nations Unies ou par d’autres États agissant par l’intermédiaire de l’ONU. Il s’agit d’une tentative de déplacer le sujet des droits humains de l’individu ou de la communauté marginalisée qui subit une violation de ses droits vers une institution puissante et/ou rétrograde, à savoir l’État, dans le but de justifier des exceptions nationales aux droits universels, voire de soutenir l’impunité des États.
Les acteurs anti-droits ont récupéré la rhétorique de la liberté de culte pour justifier les violations des droits humains. Mais les ultraconservateurs se réfèrent à la liberté de culte d’une manière qui contredit frontalement l’objectif de ce droit humain et est en opposition fondamentale avec le principe de l’universalité des droits.
Le raisonnement avancé est que la liberté de culte est menacée et compromise par la protection des droits humains, en particulier de ceux liés au genre et à la sexualité.
Selon l’argument central des conservateurs, le droit à la liberté de culte est destiné à protéger une religion plutôt que la liberté des personnes d’avoir ou de ne pas avoir de croyances religieuses.
Pourtant, en vertu du droit international relatif aux droits humains, le droit protège les croyants plutôt que les croyances, et le droit à la liberté de religion, de pensée et de conscience comprend le droit de ne pratiquer aucune religion ou de ne pas adhérer à une croyance, mais aussi celui de changer de religion ou de conviction.
Les acteurs anti-droits utilisent communément des tactiques fondées sur les références à la culture et aux traditions pour saper les droits humains, dont le droit à l’égalité. Présentée comme monolithique, statique et immuable, la culture apparaît souvent comme une réalité en totale contradiction avec les « normes occidentales ».
Dans les débats politiques internationaux, les acteurs anti-droits font allusion à la culture pour saper l’universalité des droits : ils préconisent un relativisme culturel qui éclipse ou limite les revendications en matière de droits. Ces acteurs font également un usage rétrograde de la notion de droits culturels, qui repose sur une représentation volontairement faussée du concept de droit humain. Les États doivent veiller à ce que les pratiques traditionnelles ou culturelles ne soient pas détournées pour justifier certaines violations du droit à l’égalité.
Le droit relatif aux droits humains prévoit en effet l’égalité d’accès, de participation et de contribution à tous les aspects de la vie culturelle pour tous et toutes, y compris les femmes, les minorités raciales et religieuses ainsi que les personnes dont le genre et la sexualité sont non conformes.
Les acteurs anti-droits engagés dans les espaces politiques internationaux manipulent de plus en plus fréquemment les références à l’universalité des droits humains fondamentaux pour inverser le sens de l’universalité des droits.
Plutôt que d’utiliser le terme universel pour décrire l’ensemble des droits humains indivisibles et interdépendants, les ultraconservateurs délimitent et décrivent un sous-ensemble de droits humains « véritablement fondamentaux ».
Les autres droits considérés comme des « droits nouveaux » et facultatifs, seraient donc laissés à la discrétion des États. Cette rhétorique est particulièrement efficace dans la mesure où le contenu de la catégorie des droits véritablement universels reste implicite, ouvrant ainsi la porte à des variations dans l’interprétation.
Télécharger le chapitre complet (en anglais)

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