
Sabeen Mahmud

Lxs defensorxs se identifican a sí mismas como mujeres y personas lesbianas, bisexuales, transgénero, queer e intersex (LBTQI) y otrxs que defienden derechos y que debido a su trabajo en derechos humanos están bajo riesgos y amenazas específicos por su género y/o como consecuencia directa de su identidad de género u orientación sexual.
Lxs defensorxs son objeto de violencia y discriminación sistemáticas debido a sus identidades y su inclaudicable lucha por derechos, igualdad y justicia.
El Programa Defensorxs colabora con contrapartes internacionales y regionales así como con lxs afiliadxs de AWID para crear conciencia acerca de estos riesgos y amenazas, abogar por medidas de protección y de seguridad que sean feministas e integrales, y promover activamente una cultura del autocuidado y el bienestar colectivo en nuestros movimientos.
lxs defensorxs enfrentan los mismos tipos de riesgos que todxs lxs demás defensorxs de derechos humanos, de comunidades y del medio ambiente. Sin embargo, también están expuestas a violencia y a riesgos específicos por su género porque desafían las normas de género de sus comunidades y sociedades.
Nos proponemos contribuir a un mundo más seguro para lxs defensorxs, sus familias y comunidades. Creemos que actuar por los derechos y la justicia no debe poner en riesgo a lxs defensorxs, sino que debe ser valorado y celebrado.
Promoviendo la colaboración y coordinación entre organizaciones de derechos humanos y organizaciones de derechos de las mujeres en el plano internacional para fortalecer la capacidad de respuesta en relación a la seguridad y el bienestar de lxs defensorxs.
Apoyando a las redes regionales de defensorxs y de sus organizaciones, tales como la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensorxs de Derechos Humanos y la WHRD Middle East and North Africa Coalition [Coalición de Defensorxs de Derechos Humanos de Medio Oriente y África del Norte], promoviendo y fortaleciendo la acción colectiva para la protección, poniendo el énfasis en establecer redes de solidaridad y protección, promover el autocuidado y la incidencia y movilización por la seguridad de lxs defensorxs.
Aumentando la visibilidad y el reconocimiento de lxs defensorxs y sus luchas, así como de los riesgos que enfrentan, a través de la documentación de los ataques que sufren, e investigando, produciendo y difundiendo información sobre sus luchas, estrategias y desafíos.
Movilizando respuestas urgentes de solidaridad internacional para lxs defensorxs que están en riesgo a través de nuestras redes internacionales y regionales y de nuestrxs afiliadxs activxs.
Listen to the story here:
الاستطلاع متاح باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية، البرتغالية، الروسية والاسبانية!
Olivia was the spiritual leader of the Shipibo Konibo indigenous peoples.
A wise Indigenous woman and grandmother, she was known for cultivating traditional medicine and the sacred songs of her people (Íkaros). Olivia Arevalo was an active defender of the cultural and environmental rights of her people. Olivia’s murder occurred in a context of territorial conflict between the Shipibo community and companies that desire to take over their land to cultivate palm oil.
Members of her community have said: “Her death is an aggression against the entire Shipibo community. She was the living memory of her people”.
As feminists struggling for gender, peace, economic, social and environmental justice, we know there is no single recipe for success but an array of possibilities that can and are making change happen. The menu of options is as diverse as our movements and the communities in which we live and struggle.
Before we dare to present some of the feminist imaginations for another world, here are the principles around which we base our propositions:
We believe there is no one model for all and that everyone has a right to claim and contribute to building another world that is possible, as the World Social Forum motto puts it.
This includes the right to participate in democratic governance and to influence one’s future – politically, economically, socially and culturally.
Economic self-determination gives peoples the ability to take control over their natural resources and use those resources for their own ends or collective use. Furthermore, women’s economic agency is fundamental to mitigating the often cyclical nature of poverty, denial of education, safety, and security.
The principle of substantive equality is laid out in the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and other international human rights instruments. This principle is fundamental for development and achieving a just economy as it affirms that all human beings are born free and equal.
Non-discrimination is an integral part of the principle of equality that ensures that no one is denied their rights because of factors such as race, gender, language, religion, sexual orientation, gender identity, political or other opinion, national or social origin, property or birth.
The inherent dignity of all persons without distinction must be upheld and respected. While States are responsible for ensuring the use of maximum available resources for the fulfilment of human rights, reclaiming rights and dignity is fundamentally a key space for civil society struggle and popular mobilization.
This principle, exercised through organized efforts to transform unjust institutions, guides the restoration of balance between "participation" (input) and "distribution" (output) when either principle is violated.
It puts limits on monopolistic accumulations of capital and other abuses of property. This concept is founded on an economy model that is based on fairness, and justice.
In order to make change happen, we need strong and diverse feminist networks. We need movements building solidarity from the personal to the political, from the local to the global and back.
Building collective power through movements helps convert the struggle for human rights, equality and justice into a political force for change that cannot be ignored.
“Only movements can create sustained change at the levels that policy and legislation alone cannot achieve.”
See more on this at Batliwala, S: 2012 “Changing Their World. Concepts and Practices of Women’s Movements” 2nd Edition. AWID
La pandemia de COVID-19 le mostró al mundo la importancia de lxs trabajadorxs esenciales. Estamos hablando de limpiadorxs, enfermerxs, paramédicxs, trabajadorxs del hogar, transportistxs, las personas que trabajan en los supermercados, entre muchísimas otras. Su trabajo es atender y garantizar el bienestar de lxs demás y hacer funcionar nuestras economías.
Pero mientras ellxs nos cuidan…
La activista y académica Soma Kishore Parthasarathy señala que existen diversas formas de pensar los bienes comunes.
En un sentido más convencional, se los entiende como recursos naturales destinados a ser usados por quienes dependen de su uso. Sin embargo, el concepto de «bienes comunes» se ha expandido para incluir recursos como los conocimientos, la herencia, la cultura, espacios virtuales e incluso el clima. Es un concepto anterior al régimen de propiedad individual y que aportó las bases para la organización social. Las definiciones que aportan las entidades gubernamentales limitan su alcance a los recursos de la tierra y materiales.
El concepto de los bienes comunes se apoya en la práctica cultural de compartir espacios de subsistencia y recursos como dones de la naturaleza, para el bien común, y para la sostenibilidad de lo que es común a todxs.
Los bienes comunes de la humanidad están cada vez más amenazados porque las naciones y fuerzas del mercado continúan colonizándolos, explotándolos y ocupándolos.
En algunos contextos favorables, los «bienes comunes» tienen el potencial de habilitar una posición de autonomía sobre todo para las mujeres bajo opresión económica desde la que pueden negociar sus múltiples necesidades y aspiraciones.
Cuando a las mujeres y a otros géneros oprimidos se les niega el acceso a los bienes comunes y la posibilidad de controlarlos, se refuerza el patriarcado.
Por eso, una economía feminista busca restaurar los derechos legítimos de las comunidades a estos recursos comunes. Esa autonomía les permite mantenerse a sí mismas al mismo tiempo que desarrollan sistemas más igualitarios de gobernabilidad y de uso de esos recursos. Una economía feminista reconoce los roles de las mujeres y les ofrece las mismas oportunidades para tomar decisiones, es decir, las coloca en igualdad de condiciones como demandantes de esos recursos.
الهدف الأساسي من وراء استطلاع "أين المال" هو تسليط الضوء على على وقائع التمويل المتنوّعة والمركّبة للحركات النسوية، حركات النساء، حركات العدالة الجندرية وحركات مجتمع الميم - عين والحركات الحليفة لها على المستوى العالمي. بناءاً على هذا، وبناءً على ذلك - تعزيز قضية تحويل أموال أكثر وأفضل وتحويل السلطة باتجاه الحركات النسوية.
Anna a grandi à Lewes, dans le Sussex (Royaume-Uni). Après avoir décidé de ne pas poursuivre sa licence d’anglais à l'Université de Sheffield, elle a déménagé à Bristol et est devenue plombière.
Elle a passé une grande partie de son temps à défendre les personnes marginalisées et défavorisées, à assister à des rassemblements antifascistes et à offrir son soutien aux femmes de la Dale Farm lorsqu'elles furent menacées d'expulsion. Végétalienne et amie des animaux, elle a participé à des missions de sabotage de chasses et son nom est honoré sur le monument commémoratif « Arbre de vie » de l’organisation PETA. Anna s'est rendue à Rojava en mai 2017 pour lutter en faveur du renforcement du pouvoir des femmes, de la pleine représentation de toutes les ethnies et de la protection de l'environnement.
Anna est décédée le 15 mars 2018, après avoir été atteinte par une frappe aérienne turque dans la ville d'Afrin, dans le nord de la Syrie. Anna se battait auprès des forces de protection des femmes (YPJ) quand elle a été tuée.
A pesar de su rigidez en cuestiones doctrinales y de cosmovisión, lxs actores anti-derechos han demostrado una apertura a nuevos tipos de alianzas estratégicas, nuevas técnicas de organización y nuevas formas de discurso. Todo esto les ha permitir detentar mayor poder en los espacios internacionales.
Se ha observado una notable evolución en las estrategias de lxs actores ultra conservadores que operan a este nivel. No solo intentan manipular los límites de los consensos y bloquear cierto lenguaje, sino también transformar el marco conceptual, desarrollar normas y estándares alternativos y encontrar otras vías de influencia.
Lxs actores ultra conservadores trabajan para establecer y mantener vínculos con representantes de los Estados ofreciéndoles oportunidades regulares de capacitación — como el Foro Mundial de Políticas sobre la Familia que es anual — y materiales de capacitación específicos.
Estas capacitaciones y la provisión de recursos en forma periódica les aportan discursos y técnicas de negociación a lxs representantes para que continúen colaborando en pro de los objetivos anti-derechos en el sistema de derechos humanos. Lxs representantes también reciben compilaciones organizadas de «lenguaje consensuado» y referencias a información pseudo-científica o estadística para reforzar sus argumentos.
La transmisión consolidada de estos mensajes explica en parte por qué lxs representantes de los Estados que adoptan posiciones ultra conservadoras en los debates internacionales sobre derechos humanos a menudo lo hacen contradiciendo su propia legislación y políticas nacionales.
La red de reuniones virtuales regionales e internacionales de lxs actores anti-derechos contribuye a crear vínculos más estrechos entre las OSC ultra conservadoras, los Estados y bloques de Estados, y poderosos órganos intergubernamentales. El Congreso Mundial de las Familias que se realiza todos los años es uno de los principales ejemplos de esta estrategia.
Estas reuniones refuerzan los vínculos personales y las alianzas estratégicas, elementos centrales para construir y sostener cualquier movimiento. También facilitan la creación dinámica de relaciones que van más allá de los países o las religiones y se articulan en torno a temáticas e intereses compartidos, lo que conduce a un enfoque más proactivo para formular demandas integrales en la esfera política internacional por parte de lxs actores anti-derechos.
Históricamente, los Estados y los bloques estatales han tratado de socavar el consenso internacional o la rendición de cuentas por parte de cada país frente a las normas internacionales de derechos humanos interponiendo reservas a los acuerdos que ponen en peligro la aplicabilidad universal de los derechos humanos.
La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) es la que ha sido objeto del número más alto de reservas, muchas de las cuales se fundamentan en presuntos conflictos con la ley religiosa. Sin embargo, la CEDAW está fuera de discusión como parte del derecho internacional de los derechos humanos, y las referencias a la tradición, cultura o religión no pueden justificar violaciones de los derechos humanos. Muchas reservas a la CEDAW son inválidas porque son «incompatibles con el objeto y el propósito» de este tratado. Sin embargo, los Estados invocan continuamente estas reservas para eludir sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
También se están introduciendo cada vez más «reservas» a documentos y acuerdos de Naciones Unidas que no son tratados formales, como las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General.
Resulta alarmante observar cómo actores regresivxs que operan en la ONU han comenzado a cooptar estándares de derechos existentes y a hacer campaña para desarrollar un lenguaje consensuado que sea profundamente anti-derechos.
Su objetivo es crear y luego propagar en los escenarios internacionales de derechos humanos un lenguaje que valide normas patriarcales, jerárquicas, discriminatorias y culturalmente relativistas.
Un paso hacia el logro de este propósito es la redacción de textos declarativos, como la Declaración Mundial de la Familia y los Artículos de San José, que se presentan como fuentes no vinculantes en materia de derechos humanos, recogen adhesiones por parte de múltiples actores de la sociedad civil, estatales e institucionales; y luego sirven como base para la promoción y el cabildeo.
Como parte de un cambio estratégico hacia el uso de discursos no religiosos, lxs actores anti-derechos han invertido significativamente en crear sus propios grupos de expertxs en «ciencias sociales». Ayudados por los medios conservadores que son cada vez más numerosos, estos materiales se difunden ampliamente entre grupos conservadores de la sociedad civil y también se utilizan como base para la incidencia en espacios internacionales de derechos humanos.
Mientras que los objetivos y la motivación de lxs actores conservadorxs se derivan de sus interpretaciones extremas de la religión, la cultura y la tradición, a menudo refuerzan sus argumentos con estudios que reivindican para sí una cierta autoridad intelectual. Así se produce un contra-discurso, a través de una mezcla engañosa de doctrina tradicionalista y ciencias sociales.
Esta es una de las estrategias más efectivas empleadas por la derecha religiosa y representa una inversión importante en el futuro de los movimientos anti-derechos.
El reclutamiento de jóvenes y el desarrollo de sus liderazgos, comenzando en el nivel local con iglesias y campus universitarios, son una prioridad para muchos actores conservadores dedicados a influir sobre políticas internacionales.
Esta estrategia les ha permitido infiltrarse en espacios específicos de las Naciones Unidas para jóvenes, incluidos los de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, y crear un fuerte contrapunto a las redes y organizaciones progresistas de la juventud.
Los grupos regresivos han comprendido que dentro del sistema de Naciones Unidas su influencia es mucho menor cuando se trata de mecanismos de expertxs (Procedimientos Especiales y órganos de monitoreo de tratados) o de organismos operativos (agencias) y no de mecanismos políticos.
Por eso , los grupos anti-derechos afirman que las agencias de Naciones Unidas están «sobrepasando su mandato»; el Comité CEDAW y otros organismos de tratados no tienen autoridad para interpretar esos instrumentos; y los Procedimientos Especiales son en realidad expertxs que han tomado partido y que se extralimitan en su mandato. Los grupos anti-derechos también han tenido éxito en su cabildeo para recortar la financiación a organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Esta invalidación de los mecanismos de las Naciones Unidas alimenta la impunidad estatal. Cuando los gobiernos están bajo escrutinio internacional, pueden defender sus acciones acusando al mecanismo que los examina de tener defectos estructurales o de estar sobrepasando su mandato.
Lxs actores no estatales conservadores invierten cada vez más en las redes sociales y otras plataformas en línea para promover sus actividades, hacer campaña y difundir ampliamente información de los espacios internacionales de derechos humanos.
La organización española CitizenGo, por ejemplo, se presenta como la versión conservadora de Change.org, organizando peticiones y campañas de cartas. Una petición reciente, que se opone a que la ONU instituya un Día Internacional sobre el Aborto Seguro, reunió más de 172 000 firmas.
Si conocemos las estrategias empleadas por lxs actores anti-derechos, podemos contrarrestarlas de manera más efectiva.
Meet the Solidarity Network, a health and service union mostly led by women. Emerging as a response to increasing precarity, severe underpayment and hostile work environments faced by workers in Georgia, Solidarity Network fights for dignified compensation and work places.
Its goal? To create a national worker’s democratic movement. To do so, it has been branching out, organizing and teaming up with other local and regional unions and slowly creating a network of unions and empowering women workers to become union leaders.
Its political approach is a holistic one. For Solidarity Network, labor rights issues are directly connected to broader national political and economic agendas and reforms. That’s why they are pushing for tax justice, women and LGBTQIA+ rights, and fighting against the dismantling of the Georgian welfare state.
The Solidarity Network is also part of Transnational Social Strike (TSS), a political platform and infrastructure inspired by migrant, women and essential worker organizing that works to build connections between labor movements across borders and nurture global solidarity.
Нет, мы высоко ценим вашу работу, но в данный момент мы не просим откликов от женских и феминистских фондов. Мы будем рады, если вы поделитесь информацией об опросе со своими партнерками(-рами) и контактами внутри феминистской сети.