
Shaimaa El-Shabbagh

Young feminist activists play a critical role in women’s rights organizations and movements worldwide by bringing up new issues that feminists face today. Their strength, creativity and adaptability are vital to the sustainability of feminist organizing.
At the same time, they face specific impediments to their activism such as limited access to funding and support, lack of capacity-building opportunities, and a significant increase of attacks on young women human rights defenders. This creates a lack of visibility that makes more difficult their inclusion and effective participation within women’s rights movements.
AWID’s young feminist activism program was created to make sure the voices of young women are heard and reflected in feminist discourse. We want to ensure that young feminists have better access to funding, capacity-building opportunities and international processes. In addition to supporting young feminists directly, we are also working with women’s rights activists of all ages on practical models and strategies for effective multigenerational organizing.
We want young feminist activists to play a role in decision-making affecting their rights by:
Fostering community and sharing information through the Young Feminist Wire. Recognizing the importance of online media for the work of young feminists, our team launched the Young Feminist Wire in May 2010 to share information, build capacity through online webinars and e-discussions, and encourage community building.
Researching and building knowledge on young feminist activism, to increase the visibility and impact of young feminist activism within and across women’s rights movements and other key actors such as donors.
Promoting more effective multigenerational organizing, exploring better ways to work together.
Supporting young feminists to engage in global development processes such as those within the United Nations
Collaboration across all of AWID’s priority areas, including the Forum, to ensure young feminists’ key contributions, perspectives, needs and activism are reflected in debates, policies and programs affecting them.
"No era una persona. Era una potencia". - Así recuerda unx compañerx activista a Navleen Kumar.
Con integridad y compromiso, trabajó durante más de una década para proteger y restaurar las tierras de los pueblos indígenas (adivasi) en el distrito de Thane, un área arrebatada por los propietarios y promotores inmobiliarios a través de medios como la coerción y la intimidación. Luchó contra esta injusticia y estos crímenes a través de intervenciones legales en diferentes tribunales, y descubrió que la manipulación de los registros de las tierras era una característica recurrente en la mayoría de los casos de adquisición de terrenos. En uno de los casos, el de los Wartha (una familia tribal), Navleen descubrió que la familia había sido engañada con la complicidad de funcionarixs gubernamentales.
Así, a través de su trabajo, ayudó a restituir la tierra a la familia Wartha, y siguió dedicándose a otros casos de transferencias de tierras adivasi.
"Su artículo sobre el impacto de la alienación de la tierra en las mujeres y las niñas y niños adivasi traza la historia y las complejidades de la alienación tribal desde la década de los 70, cuando las familias de clase media comenzaron a trasladarse a los suburbios de Mumbai, que se extendían mientras el valor de la propiedad en la ciudad aumentaba de forma exponencial.Los complejos de viviendas proliferaron en estos suburbios, y lxs integrantes de las comunidades tribales, que eran analfabetxs, pagaron el precio por ello. El costo de las tierras de primera, cerca de las líneas de ferrocarril, alcanzó un precio elevado y los constructores se abalanzaron sobre este cinturón como buitres, arrebatando de forma ilegal las tierras a las comunidades tribales y otrxs residentes locales ". - Jaya Menon, Comisión de Justicia y Paz.
Durante el curso de su activismo, Navleen recibió numerosas amenazas y sobrevivió a varios atentados contra su vida. A pesar de ello, siguió trabajando no sólo en lo que era importante para ella, sino que además contribuyó a cambiar la vida y la realidad de las muchas personas a las que apoyó en su lucha por la justicia social.
Navleen murió apuñalada el 19 de junio de 2002 en su edificio de departamentos. Dos gánsteres locales fueron arrestados por su asesinato.
Argentina tiene una larga historia de cooperativas autogestionadas y lugares de trabajo controlados por lxs trabajadorxs.
En 2001, el país vivió una de las peores crisis económicas de su historia.
Como respuesta a la recesión y como forma de resistencia y resiliencia, lxs trabajadorxs de todo el país comenzaron a ocupar sus lugares de trabajo.
La Cooperativa Textil Nadia Echazú fue la primera cooperativa creada por y para personas trans y travesti en busca de autonomía económica y condiciones de vida dignas.
Proporciona oportunidades de trabajo, acceso a la seguridad social, ingresos sostenibles y derechos económicos para las comunidades a las que sirve.
L’analyse des réponses nous permettra de tirer des conclusions et de définir des tendances. Les résultats seront présentés à l’occasion du 15e Forum international de l’AWID à Bangkok, et en ligne, en décembre 2024. Inscrivez-vous ici pour participer au Forum!
En nuestra lucha por la justicia de género, económica, social y ambiental, en la paz, lxs feministas sabemos que no existe una sola receta para el éxito sino una gama de posibilidades que pueden y hacen que sucedan los cambios.
El menú de opciones es tan diverso como lo son nuestros movimientos y las comunidades en las que vivimos y luchamos.
Antes de atrevernos a presentar algunas de las formas en que lxs feministas nos imaginamos un mundo diferente, aquí están los principios que sostienen nuestras propuestas:
Creemos que no existe un modelo único aplicable a todxs y que todxs tienen derecho a reivindicar la construcción de ese otro mundo posible, como lo expresa el lema del Fondo Mundial..
Esto incluye el derecho a participar en la gobernabilidad democrática y de influir sobre el propio futuro, en el ámbito político, social y cultural.
La autodeterminación económica permite que los pueblos controlen sus recursos naturales y los utilicen de manera colectiva o para los fines que ellos mismos decidan. Además, la autonomía económica de las mujeres es fundamental para mitigar la naturaleza a menudo cíclica de la pobreza y la falta de educación, seguridad y protección.
El principio de la igualdad sustantiva o de facto forma parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y de otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Es fundamental para el desarrollo y para lograr una economía justa ya que afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales.
La no discriminación forma parte intrínsecamente del principio de igualdad que garantiza que a nadie se le nieguen sus derechos por factores como la raza, el género, el idioma, la religión, la orientación sexual, la identidad de género, las opiniones políticas o de otra clase, el origen nacional o social, la propiedad o el nacimiento.
La dignidad intrínseca de todas las personas sin distinción alguna debe ser afirmada y respetada. Si bien los Estados tienen la responsabilidad de garantizar el uso de los máximos recursos de que disponen para la realización de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos y la dignidad configura sobre todo un espacio clave para las luchas de la sociedad civil y la movilización popular.
Este principio, que se ejerce mediante esfuerzos organizados para transformar instituciones injustas, guía la recuperación del equilibrio entre «participación» (entrada) y «distribución» (salida) cuando se ha violado cualquiera de esos dos principios.
Implica ponerle un límite a toda acumulación monopólica de capital y otros abusos de la propiedad. Este concepto se apoya en un modelo económico que gira en torno a la ecuanimidad y la justicia.
Para que se produzcan cambios, necesitamos redes feministas fuertes y diversas. Necesitamos movimientos que construyan solidaridad desde lo personal hacia lo político, desde lo local a lo global, y viceversa.
La construcción de poder colectivo a través de los movimientos sociales ayuda a convertir la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la justicia en una fuerza política para el cambio que no puede ser ignorada.
«Únicamente los movimientos pueden crear cambios sostenidos a niveles que las políticas y las leyes solas no pueden alcanzar»
Para leer más sobre este tema, consulta Batliwala, S: 2012 «Cambiando el mundo: Conceptos y prácticas de los movimientos de mujeres», 2da edición. AWID.
« Le privé est politique » - tel est le mantra féministe que personnifiait la fougueuse et courageuse Nadyn Jouny. Nadyn avait personnellement vécu la douleur de la violence structurelle des systèmes juridiques qui refusent aux femmes de jouir de leurs droits.
Lorsqu’elle décide de demander le divorce, les tribunaux religieux chiites – conformément aux lois relatives au statut personnel du Liban – lui refusent la garde de son jeune fils Karam. Comme tant d’autres femmes au Liban et d’autres pays, Nadyn s’est retrouvée dans la situation douloureuse et insoutenable de devoir abandonner ses droits sur son enfant pour pouvoir quitter une relation abusive et non voulue. Mais Nadyn s’est battue, jusqu’au dernier jour.
Elle s’est servie de ses compétences médiatiques pour devenir la voix de celles qui n’en ont pas dans leur combat contre un droit de la famille discriminant, tant au Liban qu’à l’étranger. Nadyn a cofondé le groupe autofinancé « Protecting Lebanese Women » (PLW) et s’est alliée à d’autres mères libanaises vivant des situations similaires. Ensemble, elles ont cherché à sensibiliser la société en manifestant pour leurs droits devant les tribunaux religieux et attirant l’attention des médias sur les très grandes injustices qu’elles subissaient.
Nadyn a également collaboré avec ABAAD – Resource Center for Gender Equality, une autre organisation libanaise pour les droits des femmes, à l’occasion de campagnes pour la défense des droits des femmes, l’égalité dans le droit de la famille et la garde des enfants, et contre le mariage forcé et précoce.
Pour nombre de ses collègues, elle « symbolisait le combat d’une mère libanaise contre toutes les formes de répression et de misogynie » (en anglais), utilisant « son expérience personnelle et sa propre trajectoire d’autonomisation pour donner aux autres l’espoir qu’elles peuvent être des catalyseuses de changement positif ». - ABAAD – Resource Center for Gender Equality, Liban
Nadyn a tragiquement perdu la vie dans un accident de voiture le 6 octobre 2019, alors qu’elle se rendait à une manifestation contre les augmentations de taxes injustifiées, dans un pays qui connaît déjà une crise financière croissante. Nadyn Jouny n’avait que 29 ans au moment de son décès.
L'espérance de vie d'une personne trans et travesti en Argentine est de 37 ans - l'âge moyen de la population générale est de 77 ans.
Contestant la prémisse que l'économie d'un pays doit toujours «grandir ou mourir», les propositions de décroissance démystifient le rôle central d’une croissance mesurée par l'augmentation du produit intérieur brut (PIB).
Le modèle de la décroissance propose une transition vers des niveaux de production et de consommation plus faibles et durables. En substance, il s’agit de restreindre l’espace économique pour laisser plus de latitude à la coopération humaine et aux écosystèmes.
Les perspectives féministes sur la théorie et la pratique de la décroissance soutiennent qu'il est également nécessaire de redéfinir et de reconnaître la valeur du travail rémunéré et non rémunéré, sur le marché comme dans le secteur des soins aux personnes. Ceci contribuerait à surmonter les stéréotypes de genre traditionnels, les écarts de salaires en vigueur et les inégalités de revenus qui dévalorisent le travail réalisé dans le domaine des soins.
Hevrin Khalaf was a prominent Syrian Kurdish political leader in the autonomous region of Rojava where Kurdish women are risking their lives to resist the Turkish offensive and build a feminist system.
She was Secretary-General of the Future Syria Party (FSP), a group that aimed to build bridges, reconcile different ethnic groups and work towards a “democratic, pluralistic, and decentralized Syria.”
Hevrin was a symbol of this reconciliation effort. She also worked to promote equality between women and men and was a representative for visiting journalists, aid workers, and diplomats.
Hevrin was also a civil engineer from Derik, and was one of the founders of the Foundation for Science and Free Thought in 2012.
On 12 October 2019 she was tortured and murdered by the Turkish-backed militia, Ahrar al-Sharqiya during a military operation against Syrian Democratic Forces in Rojava.
“The killing of Khalaf is a turning point in Syria’s modern history. It once again demonstrated the old Kurdish proverb “no friends but the mountains.” I will always be a friend of Khalaf and her vision of a better world.” - Ahed Al Hendi
THE EXCLUSION, STIGMA AND INSTITUTIONAL ABUSE
that trans and travesti people continue to face on a daily basis
لتقوية صوتنا وقوتنا الجماعية لنصل لتمويل أكبر وأفضل للتنظيمات النسائية والنسوية وحركات الميم - عين وحلفائها/يفاتها عالمياً
Les ultraconservateurs ont développé un certain nombre d’arguments relatifs aux droits humains sur le plan international, lesquels instrumentalisent la religion, la culture, la tradition et la souveraineté nationale dans le but de porter atteinte aux droits liés au genre et à la sexualité. Les acteurs anti-droits s’éloignent de plus en plus d’un langage explicitement religieux.
Nous constatons de plus en plus fréquemment que des acteurs rétrogrades – qui dénigraient auparavant le concept des droits humains – tentent désormais de le récupérer et de le manipuler pour atteindre leurs objectifs.
Ce discours émergent qui prospère actuellement semble inoffensif, mais il fonctionne comme un cadre général abritant de multiples positions patriarcales et anti-droits.
Le thème de la « protection de la famille » est donc un exemple particulièrement parlant de l’évolution de la stratégie de certains acteurs rétrogrades que utilisent désormais un plaidoyer holistique et intégré.
L’argumentaire sur la « protection de la famille » est utilisé pour déplacer le sujet de droits humains de l’individu vers des institutions déjà puissantes.
Il prône également une conception unitaire, hiérarchique et patriarcale de la famille qui suppose une discrimination à l’égard des formes familiales situées en dehors de ces limites rigides. Il tente également d’atténuer l’importance actuellement accordée à la reconnaissance et à la protection des droits des membres vulnérables de la famille pour privilégier la non-discrimination, l’autonomie et l’absence de violence dans le contexte des rapports familiaux.
Le Saint-Siège et un certain nombre de groupes chrétiens de défense des droits cherchent à s’approprier la notion de droit à la vie pour servir leur lutte contre l’avortement. En introduisant la doctrine religieuse conservatrice dans le langage des droits humains, ils soutiennent l’idée qui veut que le droit à la vie, tel qu’énoncé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’applique dès le moment de la conception.
Aucun des instruments universels relatifs aux droits humains ne vient étayer ce discours. Pourtant, c’est une stratégie attrayante pour les acteurs anti-droits dans la mesure où le droit à la vie ne peut être violé en aucune circonstance et qu’il constitue une norme juridiquement contraignante.
Les acteurs anti-droits utilisent un certain nombre d’arguments dans leur campagne pour porter atteinte aux droits sexuels. Ils soutiennent que les droits sexuels n’existent pas ou qu’il s’agit de « droits nouveaux » nuisibles aux enfants et à la société et/ou que ces droits sont en opposition avec la culture, la tradition ou le droit national.
Dans le cadre onusien, les conservateurs plaident contre le droit à une éducation sexuelle complète (ESC) en attaquant ce concept à plusieurs niveaux. Ils prétendent que l’ESC viole les « droits parentaux », qu’elle nuit aux enfants et qu’il s’agit d’un endoctrinement idéologique plutôt que d’une forme d’éducation. Ils affirment également que cette éducation sexuelle complète est imposée aux enfants, aux parents et aux Nations Unies par de puissants lobbyistes qui cherchent à tirer profit des services qu’ils fournissent aux enfants et aux jeunes.
Les tentatives visant à invalider les droits relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre prolifèrent. Les ultraconservateurs font valoir le fait que l’application des principes et du droit relatifs aux droits humains – qui existent pourtant depuis longtemps – consiste en fait à créer de « nouveaux droits ». Ils prétendent enfin que le contenu des droits devrait varier radicalement parce que ceux-ci devraient être interprétés à l’aune de la « culture » ou des « particularismes nationaux ».
Les organisations de la droite chrétienne se mobilisent depuis longtemps contre les droits reproductifs, aux côtés du Saint-Siège et d’autres alliés anti-droits. Elles affirment souvent que les droits reproductifs sont en fait une forme de contrôle de la population imposée par l’Occident aux pays du Sud global. Paradoxalement, ce discours émane le plus souvent d’acteurs issus des États-Unis et de l’Europe occidentale, dont beaucoup travaillent activement pour exporter leur rhétorique et leurs politiques fondamentalistes.
Ces acteurs rétrogrades reprennent également des arguments « scientifiques » élaborés par des groupes de réflexion ultraconservateurs et citent des sources usant de méthodologies de recherche peu fiables pour montrer que l’avortement a de nombreux effets secondaires psychologiques, sexuels, physiques et relationnels.
Les acteurs anti-droits visent à promouvoir le concept de « protection de la famille », mais ils tentent également de créer une nouvelle catégorie de « droits parentaux » à laquelle les normes existantes relatives aux droits humains ne donnent aucun fondement.
Paradoxalement, ce discours tente de dévoyer les systèmes de protection des droits dont les enfants jouissent par principe, tels qu’énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, pour renforcer les droits des parents à exercer un contrôle sur leurs enfants et à limiter leurs droits.
Les acteurs anti-droits tentent de plus en plus fréquemment de s’approprier et de subvertir les références et les arguments défendus par les défenseuses des droits humains, et notamment la notion de violence contre les femmes (VCF).
Dans le cadre de la Commission sur la condition de la femme ainsi que dans d’autres espaces, ces acteurs utilisent notamment la technique rhétorique suivante : ils abordent la violence contre les femmes comme un cadre dans lequel il est possible d’intégrer des arguments hostiles aux droits reproductifs et de nature patriarcale.
Les ultraconservateurs, par exemple, défendent l’idée qui veut que les relations intimes entre partenaires qui ne sont ni hétéronormatives ni traditionnelles constituent un facteur de risque de violence. Ils soulignent que les pères sont nécessaires à la protection des familles contre la violence.
Le Saint-Siège se livre à une critique incessante du genre, de l’« idéologie du genre », des « radicaux du genre » et de la théorie du genre. Les acteurs anti-droits interprètent souvent le terme « genre » comme un code caché pour parler des droits des personnes LGBT*Q. La droite religieuse utilise le concept de genre comme un outil transversal qui relie beaucoup de ses thèmes de prédilection. De plus en plus souvent, les opposant-e-s acharné-e-s à ces notions de genre se braque sur les questions relatives à l’identité de genre et aux droits des personnes trans*.
À l’heure actuelle, un certain nombre d’ultraconservateur utilisent la rhétorique de la complémentarité des sexes. Leur argumentaire est structuré autour de l’hypothèse de la différence entre les sexes : les hommes et les femmes sont censés jouer des rôles différents mais complémentaires dans le mariage et la vie familiale, mais aussi dans leur engagement dans la vie communautaire, politique et économique.
La référence aux rôles « naturels » vise à rejeter fondamentalement le caractère universel des droits humains en matière d’égalité et de non-discrimination.
Cet argument est également utilisé pour justifier les violations de ces droits par les États et les acteurs non étatiques. Il contribue en outre au non-respect de l’obligation faite aux États de lutter contre les préjugés et les pratiques fondés sur des rôles stéréotypés attribués aux hommes et aux femmes.
Ce discours suggère que les gouvernements nationaux sont injustement ciblés par les organes des Nations Unies ou par d’autres États agissant par l’intermédiaire de l’ONU. Il s’agit d’une tentative de déplacer le sujet des droits humains de l’individu ou de la communauté marginalisée qui subit une violation de ses droits vers une institution puissante et/ou rétrograde, à savoir l’État, dans le but de justifier des exceptions nationales aux droits universels, voire de soutenir l’impunité des États.
Les acteurs anti-droits ont récupéré la rhétorique de la liberté de culte pour justifier les violations des droits humains. Mais les ultraconservateurs se réfèrent à la liberté de culte d’une manière qui contredit frontalement l’objectif de ce droit humain et est en opposition fondamentale avec le principe de l’universalité des droits.
Le raisonnement avancé est que la liberté de culte est menacée et compromise par la protection des droits humains, en particulier de ceux liés au genre et à la sexualité.
Selon l’argument central des conservateurs, le droit à la liberté de culte est destiné à protéger une religion plutôt que la liberté des personnes d’avoir ou de ne pas avoir de croyances religieuses.
Pourtant, en vertu du droit international relatif aux droits humains, le droit protège les croyants plutôt que les croyances, et le droit à la liberté de religion, de pensée et de conscience comprend le droit de ne pratiquer aucune religion ou de ne pas adhérer à une croyance, mais aussi celui de changer de religion ou de conviction.
Les acteurs anti-droits utilisent communément des tactiques fondées sur les références à la culture et aux traditions pour saper les droits humains, dont le droit à l’égalité. Présentée comme monolithique, statique et immuable, la culture apparaît souvent comme une réalité en totale contradiction avec les « normes occidentales ».
Dans les débats politiques internationaux, les acteurs anti-droits font allusion à la culture pour saper l’universalité des droits : ils préconisent un relativisme culturel qui éclipse ou limite les revendications en matière de droits. Ces acteurs font également un usage rétrograde de la notion de droits culturels, qui repose sur une représentation volontairement faussée du concept de droit humain. Les États doivent veiller à ce que les pratiques traditionnelles ou culturelles ne soient pas détournées pour justifier certaines violations du droit à l’égalité.
Le droit relatif aux droits humains prévoit en effet l’égalité d’accès, de participation et de contribution à tous les aspects de la vie culturelle pour tous et toutes, y compris les femmes, les minorités raciales et religieuses ainsi que les personnes dont le genre et la sexualité sont non conformes.
Les acteurs anti-droits engagés dans les espaces politiques internationaux manipulent de plus en plus fréquemment les références à l’universalité des droits humains fondamentaux pour inverser le sens de l’universalité des droits.
Plutôt que d’utiliser le terme universel pour décrire l’ensemble des droits humains indivisibles et interdépendants, les ultraconservateurs délimitent et décrivent un sous-ensemble de droits humains « véritablement fondamentaux ».
Les autres droits considérés comme des « droits nouveaux » et facultatifs, seraient donc laissés à la discrétion des États. Cette rhétorique est particulièrement efficace dans la mesure où le contenu de la catégorie des droits véritablement universels reste implicite, ouvrant ainsi la porte à des variations dans l’interprétation.
Télécharger le chapitre complet (en anglais)
Diana Isabel Hernández Juárez fue una maestra guatemalteca, defensora de los derechos humanos y activista comunitaria y del medioambiente. Fue la coordinadora del programa ambiental de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la costa sur del país.
Diana dedicó su vida a co-crear conciencia ambiental, y trabajó de modo particularmente estrecho con comunidades locales para abordar problemas ambientales y proteger los recursos naturales. Inició proyectos tales como viveros forestales, granjas municipales, huertas familiares y campañas de limpieza. Participó activamente en programas de reforestación, tratando de recuperar especies nativas y paliar la falta de agua, en más de 32 comunidades rurales.
El 7 de septiembre de 2019, Diana recibió disparos y fue asesinada por dos hombres armados desconocidos mientras se encontraba participando de una procesión en su comunidad. Diana tenía solamente 35 años en el momento de su muerte.