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Recomendaciones para proteger a las defensorxs confrontando a las industrias extractivas

En nuestro informe Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extractivos, AWID y la Coalición Internacional de Mujeres defensorxs de Derechos Humanos (WHRDIC) hacen las siguientes recomendaciones a los fines de contribuir para un entorno seguro y favorable en el cual las defensorxs ejerciten pacíficamente el poder y definan visiones del desarrollo para sí mismas y sus comunidades.

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Las industrias extractivas impactan en modos específicos de género sobre las mujeres: incremento de la violencia, volumen de trabajo extra y exclusión del proceso de toma de decisiones sobre el futuro de sus comunidades, territorios y recursos naturales.

Las defensorxs de derechos humanos resisten las actividades extractivas buscando derechos y justicia para sus comunidades, y en defensa de los territorios y el medio ambiente. Las defensoras, en su accionar, confrontan el poder corporativo y desafían las normas patriarcales de género, y como resultado de ello, se exponen a una variedad de violaciones, riesgos y amenazas específicas por su género.

Nuestras recomendaciones

Para los estadoes y las empresas nacionales y transnacionales

  • Reconocer públicamente la tarea importante y legítima de las defensorxs que trabajan por la defensa de los territorios y recursos naturales. Tal reconocimiento debe extenderse a las defensorxs en toda su diversidad.

  • Abstenerse de atacar, acosar y/o intimidar a las defensorxs que se oponen a proyectos extractivos, lo que incluye, pero no se limita a, ataques físicos, campañas de desprestigio, ataques basados en el género contra las defensorxs y sus roles en la familia y la comunidad.

  • Garantizar la participación igualitaria de las defensorxs en la toma de decisiones respecto al control y desarrollo sostenible de sus territorios, recursos naturales y medio ambiente.

  • Desarrollar políticas para eliminar los obstáculos a la participación de las defensorxs en la toma de decisiones referentes al control de sus territorios, incluidas aquellas barreras basadas en su estatus de género, raza o etnicidad, estatus económico, o cualquier otro estatus o identidad reales o percibidos.

  • Garantizar que tanto lxs funcionarixs públicos como lxs de las empresas no abusen del sistema judicial para criminalizar las actividades legítimas de las defensorxs que se opone a los proyectos extractivos en sus comunidades y territorios.

  • Garantizar el respeto por los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y su uso como estándar mínimo para el desarrollo de leyes, políticas y planes referidos a las actividades de las industrias extractivas.

Para los estados

  • Garantizar la protección de las defensorxs que trabajan en la defensa de territorios y recursos naturales, y facilitar un entorno favorable libre de violencia de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.

  • Investigar minuciosamente y de manera independiente las violaciones contra las defensorxs por parte de todxs lxs perpetradorxs, y asegurar que tales violaciones no queden impunes. El Estado debería proporcionar a las víctimas el acceso a recursos legales efectivos y a la reparación.

  • Participar constructivamente en el desarrollo de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, y garantizar las condiciones necesarias para la participación de las defensorxs en las negociaciones de este tratado.

  • Garantizar compromisos contractuales entre las autoridades estatales y las empresas que no violen los derechos de las comunidades y de lxs defensorxs de derechos humanos, y salvaguardar el derecho a defender derechos.

  • Detener efectivamente las actividades extractivas cuestionadas por cualquier comunidad y asegurar que se desarrolle un efectivo proceso de resolución de la disputa.

  • Garantizar que los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales salvaguarden los derechos humanos, que incluyan además la protección de las defensoras, las comunidades y el medio ambiente, y que incorporen los mecanismos que ofrecen reparaciones para las violaciones.

  • Desarrollar y fortalecer la regulación legal de lxs actorxs de la seguridad privada de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, y establecer mecanismos de información apropiados para las denuncias de violaciones, incluidos las amenazas y los hechos de violencia y agresión sexual, cometidos por dichos actorxs.

Para las empresas nacionales y transnacionales

  • Garantizar que el consentimiento libre, previo e informado sea recibido de todas las partes de la comunidad afectada, y en toda posible actividad extractiva, y retirarse de aquellas actividades resistidas por la comunidad.

  • Garantizar que la conducta de lxs actorxs de la seguridad privada contratadxs por la empresa esté en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos, incluidos los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, y establecer mecanismos de información para denuncias de violaciones cometidas por dichos actorxs.

Para los mecanismos regionales e internacionales de protección de derechos humanos

  • Vigilar y documentar las violaciones contra las defensorxs, sus organizaciones y movimientos que trabajan en la defensa de territorios y recursos naturales, y generar información sobre violencia e impactos específicos de género contra las defensoras.

  • Integrar la perspectiva de género en informes, resoluciones, recomendaciones y otros documentos de trabajo, y en la protección de lxs defensorxs que trabajan para defender los territorios y el medio ambiente.

  • Hacer recomendaciones específicas a los estados y empresas para que respeten y cumplan con las obligaciones de derechos humanos y contribuyan a un entorno favorable para lxs defensorxs de derechos humanos.

Para lxs donantes

  • Proveer apoyo de largo plazo a las defensorxs y las organizaciones de mujeres a través de financiamiento multianual flexible, que incluya financiamiento básico y de emergencia, que pueda ser utilizado en medidas de seguridad integral y el fortalecimiento institucional, el trabajo en redes y de divulgación.

  • Asignar recursos para apoyar a las defensorxs que enfrentan criminalización y procesos judiciales. Estos recursos no deberían ser solamente concebidos para cubrir costos legales, sino también para otros costos relacionados con el proceso legal tales como el transporte, alojamiento y costos relativos al cuidado de la familia.

  • Apoyar las iniciativas de las mujeres y la comunidad que proponen visiones y modelos de desarrollo feministas y alternativos.

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¡Explora más!

Estos recomendaciones son parte de un proyecto de investigación participativo sobre «Defensoras confrontando al extractivismo y al poder corporativo» realizado de manera conjunta por AWID y la Women Human Rights Defenders International Coalition (WHRD IC).

El proyecto esta diseñado como herramientas para el aprendizaje, la sensibilización, la promoción y la resistencia:

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