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© ACDI/Katalina Morales

Defensoras de derechos humanos confrontando a las industrias extractivas

Un panorama de los riesgos críticos y las obligaciones en materia de derechos humanos

Women Human Rights Defenders Confronting Extractive Industries - Report cover

Este informe está dedicado a todas las defensoras de los derechos humanos que luchan diariamente para la defensa de sus tierras y sus comunidades, y en memoria de todas las defensoras que han perdido la vida en la lucha por los derechos y la justicia. Su activismo continúa inspirando la acción y la resistencia.


Resumen ejecutivo

La violencia contra las defensoras de derechos humanos sigue en aumento. Las defensoras que confrontan a un poder corporativo ilimitado en la defensa de los derechos humanos enfrentan situaciones particulares de riesgos y amenazas.

En todo el mundo se han registrado criminalización, violencia, abuso sexual, intimidación y represalias contra las defensoras que actúan en defensa de su tierra, territorio y el medio ambiente.

Mientras la industria extractiva es sólo una manifestación del poder corporativo, sus excesos resultan especialmente intensos y conflictivos (a menudo sangrientos) con las comunidades afectadas, generando degradación ambiental y un fuerte desequilibrio de poder entre las corporaciones y las comunidades locales, lo que obstruye el acceso de las personas a la justicia.

Las mujeres que defienden sus tierras, comunidades y el medio ambiente enfrentan riesgos críticos y obstáculos específicos por su género. A menudo, las defensoras que confrontan a las industrias extractivas no sólo desafían al poder corporativo, sino que también enfrentan al patriarcado fuertemente arraigado.

Como consecuencia, son atacadas tanto como defensoras de derechos, de la tierra y de los recursos naturales, así como mujeres que desafían las normas de género. En estas luchas, las mujeres experimentan todas las dificultades de lxs defensorxs de derechos humanos, pero además lidian con la violencia y los riesgos específicos de género.

En entrevistas y consultas, las defensoras describieron las amenazas, riesgos y la violencia que afrontan, lo cual incluye:

  • Obstáculos para la participación en los procesos de toma de decisiones.
  • Criminalización.
  • Estigmatización.
  • Militarización y fuerzas armadas.
  • Marginación dentro de sus propios movimientos y comunidades.

Las defensoras describen los modos en que factores tales como género, raza, etnicidad, clase, estado civil y orientación sexual, definen las relaciones de poder en sus sociedades y aumentan su vulnerabilidad ante la violencia. Experiencias compartidas por las defensoras de todas las regiones, muestran una tendencia global hacia la represión y la violencia específica de género cometidas por las empresas, el

Estado y los actorxs no estatales: corporaciones y compañías privadas, autoridades estatales y locales, fuerzas armadas y policiales, servicios de seguridad privados; pero a veces también por parte de integrantes de la propia familia de las mujeres, comunidades y movimientos sociales.

Este informe demuestra que la violencia hacia las defensoras en las esferas pública y privada está interrelacionada, y siempre enraizada en relaciones de poder social, económico y político.

Los Estados están obligados por los estándares nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos a respetar, proteger y cumplir con los derechos de las defensoras y de sus comunidades y a proveer un ambiente favorable para la defensa pacífica de sus tierras y territorios.

En el caso de violaciones, los Estados tienen la obligación de garantizar a las víctimas el acceso a recursos legales efectivos y a compensación.

Los Estados tienen la obligación de asegurar la plena participación de las personas y las comunidades en la toma de decisiones relativas a sus territorios, recursos naturales y medio ambiente. Es necesario desarrollar políticas para eliminar los obstáculos a la participación de todas las personas afectadas en la toma de decisiones sobre el control de sus territorios y recursos, incluidas las barreras basadas en el género, raza o etnicidad, estatus económico o cualquier otro factor.

Las corporaciones también tienen la responsabilidad de asegurar que sus compromisos con las comunidades afectadas se realicen de buena fe y de acuerdo con los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, incluidos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y las iniciativas voluntarias cuyo propósito es determinar la responsabilidad de las empresas en la protección de los derechos humanos, tales como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Sin embargo, una inmensa cantidad de información sobre abusos de derechos humanos por parte de las empresas indica que las actuales herramientas son ineficaces para exigir responsabilidades a las corporaciones.

La falta de un instrumento legal integral vinculante a nivel internacional que aborde los abusos de derechos humanos por parte de las corporaciones transnacionales, sumada a los vacíos legales a nivel nacional y a sistemas judiciales ineficientes, implica que las violaciones cometidas contra las comunidades y las defensoras queden a menudo impunes.

Los esfuerzos actualmente desarrollados por el grupo de trabajo intergubernamental establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la elaboración de un instrumento legal vinculante a nivel internacional, constituyen un paso importante para garantizar ambientes favorables y más seguros para que las mujeres ejerzan el poder y decidan sobre el futuro de sus recursos, tierras y comunidades.

Sin embargo, los países del norte global hasta ahora han expresado un apoyo limitado a ese proceso.

Si se quiere que los derechos humanos prevalezcan por sobre los intereses corporativos, esto debe cambiar.

Finalmente, las violaciones contra lxs defensorxs son inseparables del modelo de desarrollo extractivo. Existen investigaciones que demuestran que las industrias extractivas no proporcionan el desarrollo que prometen; en cambio, alteran las tierras de las poblaciones y sus medios de subsistencia, desplazan a las comunidades, profundizan las desigualdades económicas, sociales y de género, y causan daños ambientales irremediables.

Las defensoras dejan en claro que los modelos alternativos de un verdadero desarrollo sostenible son posibles. Estos modelos permitirían a las comunidades decidir sobre el futuro de sus territorios, mantener sus formas de vida y respetar sus vínculos culturales y espirituales con su tierra y sus recursos.

Los Estados y las corporaciones deberían de reconocer públicamente el trabajo importante y legítimo que lxs defensorxs realizan en defensa de los territorios y recursos naturales; y cesar el ataque, acoso y/o intimidación a quienes se oponen a los proyectos extractivos. Es importante que, además de proveer un ambiente seguro y favorable para las defensoras, el Estado, las agencias de desarrollo y otrxs actores también aporten apoyo político y financiero para concepciones comunitarias del desarrollo.

 


Recomendaciones

En el informe, AWID y la WHRDIC hacen recomendaciones a los fines de contribuir para un entorno seguro y favorable en el cual las defensorxs ejerciten pacíficamente el poder y definan visiones del desarrollo para sí mismas y sus comunidades.

Leer las recomendaciones

 


¡Explora más!

Este informe es parte de un proyecto de investigación participativo sobre «Defensoras confrontando al extractivismo y al poder corporativo» realizado de manera conjunta por AWID y la Women Human Rights Defenders International Coalition (WHRD IC).

El proyecto esta diseñado como herramientas para el aprendizaje, la sensibilización, la promoción y la resistencia:

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