NOTAS DE LOS VIERNES: En Noviembre de 2014 se presentó en Argentina un proyecto de ley que permitiría un resarcimiento económico para las víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género. AWID entrevistó a la activista trans* Marlene Wayar[1], unas de las autoras del proyecto, sobre los alcances del mismo y algunos de los debates pendientes en el país sobre discriminación y criminalización.
Por Gabby De Cicco
Leyes progresivas en Argentina respecto a derechos LGBTIQ
Cuando el 15 de julio de 2010 se aprobó en la República Argentina la Ley Nº 26.618 de Matrimonio entre personas del mismo sexo, comenzó un cambio histórico para la comunidad LGBTIQ de ese país, que pasó a ser el primero en América Latina que reconocía ese tipo derecho. Dos años más tarde, el 9 de mayo de 2012 se sancionó la Ley Nº 26.743, más conocida como la Ley de Identidad de Género, que permite que las personas trans* (travestis, transexuales y transgénero) sean inscriptas en sus documentos personales con el nombre y el sexo de elección, y además ordena que todos los tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa Médico Obligatorio, lo que garantiza una cobertura de las prácticas en todo el sistema de salud, tanto público como privado.
Ambos proyectos trabajados desde las bases y organizaciones LGBTIQ, abrieron en su momento espacios de debates muy interesantes y encendidos sobre reconocimiento de derechos, discriminación, y lesbohomotransfobia. Ahora se intenta dar un paso más. Algunas organizaciones trans*[2] redactaron de manera conjunta el borrador del proyecto de ley para un “Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de identidad de género”. El 11 en noviembre de 2014, la diputada Diana Conti del partido oficialista Frente para la Victoria, quién avaló el proyecto, hizo la presentación del mismo en un anexo de la Cámara de Diputados.
Por qué son necesarias las reparaciones
La nueva ley tiene por objetivo la creación y otorgamiento de una pensión graciable para aquellas todas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género y como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales y/o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal. El aparato represivo policial venía de la mano de los edictos policiales[3], que si bien tienen una larga historia en Argentina, su uso se hizo más fuerte desde la presidencia de facto del militar Juan C. Onganía (1966-1970) y recrudeció durante la última dictadura militar (1976-1983). Los edictos policiales fueron parte de políticas de persecución y control social que buscaba la normalización de grupos sociales “considerados desviados por el poder estatal, por tener atributos considerados perjudiciales para el estado-nación”. Marlene Wayar señala que “Lo más tremendo que heredamos de la Dictadura (1976-1983) y que siguió absolutamente intacto durante casi 30 años desde que regresamos al orden democrático, es que nosotras fuimos casi las presas exclusivas de este sistema policíaco terrorífico. Nosotras hemos sido desde violadas hasta usufructuadas económicamente, coimeadas, etc.”
Como se remarca en los fundamentos del borrador del proyecto: “las personas trans*, cuyas identidades de género constituían por sí una contravención, y por lo tanto eran -y en muchos casos siguen siendo- víctimas del aparato represivo del estado, tanto en tiempos de dictadura como en democracia. En este sentido, travestis y transexuales eran cuerpos instituidos como abyectos que ponían en riesgo la moral sexual.”
El pedido de resarcimiento que encarna esta ley está fundamentado en el Principio 28 de los Principios Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que indica: "toda víctima de una violación de los derechos humanos, incluso de una violación basada en la orientación sexual o la identidad de género, tiene el derecho a recursos eficaces, adecuados y apropiados. Las medidas adoptadas con el propósito de brindar reparaciones a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, o de asegurar el adecuado desarrollo de estas personas, son esenciales para el derecho a recursos y resarcimientos efectivos."
Para Marlene Wayar la importancia de esta ley reside en ser la posibilidad “real, concreta, y honesta de reparación de vínculos y establecimiento de un orden legal respecto de la comunidad travesti y trans* y los derechos humanos. Es muy importante para nuestra comunidad que este pedido de disculpas sea concreto, y que sea materializado con todo el peso, lamentablemente con el peso de lo económico que parece frívolo pero que no lo es.”
Haciendo visible los derechos trans*
Esta ley tendrá la posibilidad de ayudar a visibilizar de qué manera la represión cometida y el prejuicio contra todo el colectivo de personas trans*, travesti, transexuales, transgénero afectó y aún afectan su subjetividad, y en algunos casos la totalidad de la existencia. Wayar remarca, “No pudimos estudiar, ni trabajar; perdimos de sentirnos queridas y respetadas, de poder construir nuestra identidad con o en autoestima; no pudimos tener un álbum de fotos con nuestras compañeros/as de primaria, secundaria, no hemos podido ser elegidas abanderadas en la escuela, ni ser elegidas mejor compañera...Digamos que hay un cúmulo de vivencias que todas las personas comparten que a nosotras nos fue absolutamente negado. Esto además se ve exponencialmente aumentado si pensamos que nos sometieron a persecución y vejaciones sistemáticas desde el Estado nacional y los estados provinciales por las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad.”
Si bien los edictos policiales han sido derogados casi en su totalidad, en muchas provincias aún existen Códigos de Falta y/o Contravencionales que se siguen utilizando para arrestar a las personas arbitrariamente para averiguación de antecedentes. La Federación Argentina LGBT señaló en un reporte que estos código ya han sido cuestionados en el ámbito nacional e internacional tanto desde el campo de la doctrina penal como desde el de las luchas por los derechos humanos, contra la discriminación y la represión.[4]
Para Wayar muchas cosas quedan por discutir en la sociedad argentina, por ejemplo, qué hay detrás de esas doctrinas que consideran “que determinadas posibles naturalezas incuban lo delictivo en potencia, por tu piel, tu raza, tu religión, por tu sexualidad u opciones sexuales y de género. Esto la sociedad no lo tiene en claro, no ha habido una actitud pedagógica. Esperamos poder dar esa discusión para que todos/as estemos concientizadas y listas por si en cualquier momento algún sector conservador quiera regresar al pasado tener la voz firme para decir No.”
Los próximos pasos hasta el tratamiento de la ley, presumiblemente en mayo, es el trabajo previo en comisiones, en la de finanzas y la de Derechos Humanos. Wayar explica que en esas comisiones trabajarán con las diputados/as lo relacionado el lenguaje estrictamente jurídico, legislativo, y también sobre cuál será el tratamiento administrativo que se dará a las pedidos del resarcimiento. “La idea es que la persona sólo deberá presentar su prontuario para conseguir el resarcimiento, y si alguien tiene dudas (persona o institución) será quien se encargue de presentar pruebas en contra para negarle el derecho.”
Wayar así como también otrxs activistas se están preparando para las reuniones oficiales en donde se escucharán varios de sus testimonios, y saben que la parte más fuerte de cabildeo vendrá de manera individual con cada diputada/o. “Nosotras hemos hablado como los bloques básicos, así que pensamos que si votan en bloque el Proyecto estaría ganado, pero ya se sabe que cada una/o tiene libertad de conciencia y puede que no vote o que no vote a favor. El cabildeo fuerte será el personalizado.”
* Activistas trans* usan el símbolo * para reflejar la gran diversidad de identidades y expresiones de genero presentes en sus comunidades, y que van mas allá de las "femeninas" y las "masculinas".
NOTAS:
[1] Marlene Wayar es también forma parte de Futuro Trans, y es directora de “El Teje”. Es también educadora por el arte, psicóloga social y comunicadora social.
[2] Abogad*s por los Derechos Sexuales (ABOSEX), Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), FUTURO TRANSGENÉRICO y MAL (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación).
[3] El escritor y activista Néstor Perlongher escribió durante la dictadura que “Los llamados edictos policiales –que no son exactamente leyes sino reglamentaciones internas de la policía– permiten detener a cualquier persona sospechosa de prostitución, homosexualidad, vagancia, ebriedad, etc., y recluirla sin intervención de la Justicia, en la cárcel ¡por plazos que oscilan entre los 30 días en Buenos Aires y los 90 en Córdoba!”, inédito de Nestor Perlongher publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-1300-2004-11-09.html
[4]Informe sobre códigos contravencionales y de faltas de las provincias de la República Argentina y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación con la discriminación y la represión a gays, lesbianas, bisexuales y trans*