Mesoamérica, 17 de marzo de 2016 - Las 691 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos demandamos al gobierno de Honduras cumpla de manera inmediata con su obligación de proteger la vida y la integridad de las defensoras de derechos humanos.
Desde el Golpe de Estado que sufrió la sociedad hondureña en 2009, las agresiones, amenazas y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos se han incrementado. Ello ha afectado de manera particular a las mujeres defensoras quienes, además de enfrentar la violencia generada por la cancelación de las vías democráticas, están sometidas a un contexto de creciente violencia contra las mujeres por la discriminación y desigualdad imperantes. En este país centroamericano, una mujer es asesinada cada 16 horas[1].
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras ha documentado 318 agresiones en contra de mujeres defensoras en Honduras entre 2012 y 2014, así como 7 asesinatos de defensoras entre 2012 y 2014[2], 1 en 2015[3] y 3 en 2016[4], la mayoría de ellos de defensoras del territorio.
En la madrugada del pasado 3 de marzo la reconocida feminista y defensora del territorio, Berta Cáceres, fue asesinada. Ella y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH- habían venido denunciando las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo contra el pueblo Lenca a causa de la imposición del proyecto hidroeléctrico denominado Agua Zarca, desarrollado por la empresa DESA, dentro del territorio indígena de la comunidad Lenca de Río Blanco. En las semanas siguientes a este terrible asesinato, las agresiones contra el COPINH han continuado. El defensor de derechos humanos Gustavo Castro, quien también fue víctima y sobrevivió el ataque en contra de nuestra compañera Berta, ha sido objetivo de múltiples violaciones a sus derechos humanos y retenido de forma ilegal e injustificada en territorio hondureño. El 15 de marzo 150 familias de la comunidad lenca y pertenecientes al COPINH fueron desalojadas por la Policía Militar en Río Lindo, Departamento de Cortés y unas horas después fue asesinado el también integrante del COPINH, Nelson García. A estos graves hechos se han sumado numerosas amenazas, detenciones arbitrarias, seguimientos y actos de intimidación en contra de numerosos defensores y defensoras de derechos humanos, incluidos los y las familiares de Berta.
Honduras está viviendo una seria crisis de derechos humanos que el gobierno se ha negado reiteradamente a atender. A pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y numerosas denuncias por las amenazas y ataques que Berta venía enfrentando, las autoridades Hondureñas nada hicieron para garantizar su seguridad. Ahora que las amenazas se han cumplido, nada hace tampoco el gobierno hondureño por asegurar que el caso se resuelva conforme a derecho y se evite la impunidad. Por el contrario, la violencia sigue afectando a defensores y defensoras de derechos humanos del COPINH y otras organizaciones en Honduras por la acción, omisión y aquiescencia de las autoridades del Estado.
◾️ Se solicite la firma, de manera inmediata, de un convenio de asistencia técnica entre el Estado de Honduras y la CIDH para efectos de nombrar una comisión de personas expertas, independientes y de confianza del COPINH y la familia de manera que supervisen, apoyen y participen de las investigaciones que actualmente realiza el Ministerio Público[5]. Ello en el marco del cumplimiento de las medidas de protección otorgadas por la CIDH.
◾️ Se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, persecución y agresiones contra la comunidad lenca de Río Blanco y contra las personas integrantes del COPINH. Este proyecto de DESA constituye un peligro permanente para su seguridad.
◾️ Se aseguren garantías plenas para que todas las personas defensoras de derechos humanos puedan manifestarse sin temor a enfrentar actos represivos o de hostigamiento y realizar su trabajo en condiciones de protección. En particular a la defensora Garífuna Miriam Miranda de OFRANEH quien está liderando las movilizaciones del día 17 de marzo en Honduras y en general para que todas las mujeres defensoras de derechos humanos puedan realizar esta importante labor sin riesgo de ser víctimas de ningún tipo de violencia, incluida la violencia de género. El gobierno hondureño debe hacer un compromiso público de protección a las personas defensoras y abstenerse de cualquier forma de ataque y criminalización, comprobando con hechos que la inseguridad y la violencia en contra de las personas que defienden los derechos humanos disminuye de forma rápida y efectiva.
◾️ En el caso del compañero Gustavo Castro exigimos que la Fiscalía retire de forma inmediata su pedido al poder judicial de alerta migratoria por 30 días pues se han cubierto las diligencias necesarias y lo que resta puede hacerse desde México. Dicha alerta puede considerarse como una detención ilegal en el país de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos y a la normativa interna de Honduras, ya que no solo es testigo, sino víctima y defensor de derechos humanos.
Celebramos la respuesta mundial y la exigencia de numerosos gobiernos para que el asesinato de nuestra compañera Berta no quede en la impunidad. En particular reconocemos la importancia de que el Banco de Desarrollo Holandés (FMO Entrepreneurial Bank) y el Finnfund de Finlandia hayan suspendido toda ayuda financiera al gobierno de Honduras. Sin embargo, esta exigencia de justicia deberá mantenerse hasta que se haga justicia y se tomen medidas urgentes frente a la crisis de derechos humanos que afecta el país.
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