Flickr/Leonardo Veras (CC BY 2.0)

Análisis Especiales

AWID es un organización feminista internacional de membresía, que brinda apoyo a los movimientos que trabajan para lograr la justicia de género y los derechos de las mujeres en todo el mundo.

Protección de la familia

El contexto

Esta sección de análisis especial ofrece un análisis feminista crítico y acceso a los recursos clave relacionados con la «protección de la familia» en los espacios internacionales de derechos humanos.

Durante los últimos años, venimos observando una nueva y preocupante tendencia en el ámbito internacional de derechos humanos, donde se están empleando discursos sobre la «protección de la familia» para defender violaciones cometidas contra miembros de la familia, de modo de reforzar y justificar la impunidad y para coartar la igualdad de derechos en el seno de la familia y la vida familiar. 

La campaña para «proteger a la familia» es impulsada por proyectos conservadores que tienen como fin imponer interpretaciones «tradicionales» y patriarcales de familia; quitando los derechos de las manos de sus miembros para ponerlos en las de la institución «familia».

Los proyectos de «protección de la familia» tienen su origen en los siguientes fenómenos:

  • el auge del tradicionalismo,
  • el auge del conservadurismo cultural, social y religioso, y
  • posturas hostiles a los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos de las niñas y los niños y los derechos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas.  

Desde 2014 un grupo de estados opera como bloque en espacios de derechos humanos, bajo el nombre «Group of Friends of the Family» [Grupo de amigos de la familia], y a partir de entonces se han aprobado resoluciones sobre la «Protección de la familia» todos los años.

Esta agenda se ha extendido más allá del Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés).  Hemos visto cómo el lenguaje regresivo sobre «la familia» se ha introducido en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW, por sus siglas en inglés), y hemos asistido a intentos por incluir este lenguaje en las negociaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


Nuestro enfoque

AWID trabaja con asociadxs y aliadxs para resistir conjuntamente las agendas regresivas de «Protección de la familia» y otras, y para defender la universalidad de los derechos humanos.

En respuesta a la creciente influencia de actores regresivos en los espacios de derechos humanos, AWID se ha unido con aliadxs para formar el Observatorio de la Universalidad de los Derechos (OURs, por sus siglas en inglés).  OURs es un proyecto colaborativo que monitorea, analiza y comparte información sobre iniciativas anti-derechos tales como la «Protección de la familia».

Derechos en Riesgo, el primer informe de OURs, traza un mapa de los actores que conforman el cabildeo global anti-derechos e identifica sus discursos y estrategias principales, señalando los efectos que estos discursos y estrategias están teniendo sobre nuestros derechos humanos.

El informe expone a la «Protección de la familia» como una agenda que ha promovido la colaboración entre una amplia gama de actores regresivos en las Naciones Unidas. La describe como un marco estratégico que aloja «múltiples posiciones patriarcales y anti-derechos, cuyo marco, a su vez, apunta a justificar e institucionalizar estas posiciones».

Contenido relacionado

Economía solidaria

Definición

La economía solidaria (que incluye la economía cooperativa y la llamada economía del don) es un marco alternativo que adquiere formas diferentes según el contexto y está siempre abierto a los cambios.

Este marco de referencia se asienta sobre los siguientes principios:

  • solidaridad, mutualismo (ayuda mutua), y cooperación
  • equidad en todas las dimensiones
  • bienestar social
  • sostenibilidad
  • democracia social y económica
  • pluralismo

En una economía solidaria, quienes producen participan en procesos económicos que guardan íntima relación con sus realidades, con la preservación del medio ambiente y la cooperación mutua.

Contexto

Según la geógrafa feminista Yvonne Underhill-Sem, la economía del don es un sistema económico en el que los bienes y servicios circulan entre las personas sin que haya acuerdos explícitos acerca de su valor o de una reciprocidad esperada en el futuro.

Lo que hay detrás del otorgamiento de dones es una relación humana, una generación de buena voluntad y el acto de prestar atención a nutrir a toda la sociedad y no solo a lo que concierne a unx mismx y su familia: se trata del colectivo.

En el Pacífico, por ejemplo, esto se manifiesta en la recolección, preparación y procesamiento de recursos terrestres y marinos para tejer alfombras, abanicos, guirnaldas y objetos ceremoniales, así como en la cría de ganado y el almacenamiento de las cosechas estacionales.

Perspectiva feminista

Las mujeres tienen diversos incentivos para involucrarse en actividades económicas y que van desde satisfacer sus aspiraciones profesionales y ganar dinero para gozar de una vida confortable en el largo plazo hasta llegar a fin de mes, pagar deudas y huir del desgaste de una vida rutinaria.

Para acomodarse a los diferentes ambientes en los que operan las mujeres, el concepto de economía solidaria está en permanente desarrollo, discusión y debate.


Para leer más acerca de esta propuesta:


 

Gloria Chicaiza

Gloria Chicaiza, an Ecuadorian social and environmental activist, was a fervent defender of land and water. She defied the status quo, fighting against a model of development based on extraction and worked tirelessly for ecological justice and the rights of communities affected by mining.  

In diverse areas of Ecuador, Gloria was part of resistance actions in favour of protecting the ecosystem. With passion and dedication, Gloria supported the indigenous and environmental movement, its communities and organizations who oppose mining projects and protect their territories and collective life projects. She spoke out, in local and international foras, against the criminalization of dissent and resistance, the pressure and violence being enacted against community activists, in particular, women human rights defenders and in support of community led efforts for food sovereignty and sustainability

She was the Mining Justice Coordinator at Acción Ecológica, member of the Latin American Network of Women Defenders of the Social and Environmental Rights and a Board member at the Observatory of Mining Conflicts of Latin America.

In October 2010, Gloria was accused by the mining company Curimining / Salazar Resources S.A. (with Headquarters in Vancouver, Canada) of sponsoring an act of terrorism, sabotage and illegal association to commit a crime. Acción Ecológica believed this to be “in retaliation for her work of denouncing the impacts of mining activities in the country.”

In 2014, Gloria supported the coordination of a delegation to the UN COP 20 Dialogue on Climate Change. The group consisted of 25 Indigenous women from Latin America.

Gloria passed away due to complications from a lung transplant on December 28, 2019. She is remembered for her resistance and tireless work. 

"The fastest way to achieve sustainability is still resistance." -  Gloria Chicaiza (2010 interview)



Tributes:

“Para GLORIA. GLORIA Agua. GLORIA Tierra. GLORIA Madre. GLORIA Revolución. GLORIA Hermana. GLORIA Cielo. GLORIAmiga. GLORIAstral. Thank you for weaving us together.” -Liliana Gutierrez

“Thank you Glorita, for sustaining hope, for keeping the fabric strong, for connecting the community, for the united hands, for solidarity, thank you Glorita for standing with us in the most difficult moments. Thank you for teaching us that throughout life, nobody gets tired.” (Chakana News)

“Gloria Chicaiza cherished and flourished in being one of many. And as humble as she was, she had an uncanny ability to lead and maintain a steady and thunderous beat, a life-affirming pulse that guided, mobilized, and inspired communities and networks in the protection of Mother Earth. She denounced all forms of violence against cuerpos-territorios. She endorsed el buen vivir.” - Gabriela Jiménez, Latin America Partnerships Coordinator, KAIROS

“Thank you Gloria Chicaiza from infinity we are sure that you will continue to support our struggle. You who continued to struggle with us despite your failing health. You will live on in the forests and the water that you defended with such courage. You will live on in our hearts.”- The community of Intag in Ecuador

Read more Tributes to Gloria
 

Snippet FEA Workers demonstrations in Georgia 2 (EN)

The photo shows a demonstration where a crowd of people is holding a banner in Georgian that reads as follows: “8th of March for worker women”.

لغتي ليست واحدة من لغات الاستطلاع الرسمية ولدي صعوبة بتعبئته. ماذا يمكن أن أفعل؟

تلتزم جمعية حقوق المرأة في التنمية بالعدالة اللغوية ونأسف على عدم توفر الاستطلاع بلغات أخرى في الوقت الحالي. إن كنتم/ن بحاجة لدعم من مترجم/ة أو أردتم/ن تعبئة الاستطلاع بأي لغة أخرى، الرجاء الكتابة لنا عبر البريد الالكتروني: witm@awid.org

Un cadre alternatif pour la gouvernance économique

Le contexte

La crise économique mondiale actuelle fournit la preuve évidente que les politiques économiques des trois dernières décennies n’ont pas fonctionné.

La dévastation que la crise a opéré sur les ménages les plus vulnérables dans les pays du Nord et du Sud nous rappelle que la formulation de politiques économiques et la réalisation des droits humains (économiques, sociaux, politiques, civils et culturels) ont été trop longtemps séparées l’une de l'autre. La politique économique et les droits humains ne doivent pas être des forces opposées, elles peuvent coexister en symbiose.

Les politiques macroéconomiques influencent le fonctionnement de l'économie dans son ensemble, elles façonnent la disponibilité et la distribution des ressources. Dans ce contexte, les politiques budgétaires et monétaires sont fondamentales.

Définition

  • La politique budgétaire se réfère à la fois aux recettes et aux dépenses publiques, et aux relations entre elles qui sont formulées dans le budget de l’État.

  • La politique monétaire regroupe les politiques sur les intérêts et les taux de change et la masse monétaire, ainsi que la réglementation du secteur financier.

  • Les politiques macroéconomiques sont mises en œuvre à l’aide d'instruments tels la fiscalité, les dépenses du gouvernement, et le contrôle entre la masse monétaire et le crédit.

Ces politiques affectent les taux d’intérêt et les taux de change qui ont une influence directe sur, entre autres choses, le niveau de l'emploi, l'accès à un crédit abordable et le marché du logement.

L'application d'un cadre de droits humains aux politiques macroéconomiques permet aux États de mieux se conformer à leur obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits économiques et sociaux. Les droits humains sont inscrits aux conventions internationales selon des normes universelles. Ces normes juridiques sont énoncées dans les traités des Nations Unies tels la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).

 L’Article 1 de la DUDH stipule que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ».

Bien que la DUDH ait été rédigée il y a près de six décennies, sa pertinence est toujours de mise. La plupart des principes énoncés répondent aux problèmes auxquels les gens continuent d’être confrontés à l'échelle mondiale. Les questions concernant les châtiments inhumains (art. 5), la discrimination (art. 7), la propriété (art. 17), un salaire égal pour un travail égal (art. 23/2), et l'accès à l'éducation (art. 26/1) sont des questions pertinentes tant pour les pays au Sud et au Nord de l'équateur.

En particulier, les États ont l'obligation, en vertu du droit international, de respecter, de protéger et de réaliser les droits humains, y compris les droits économiques et sociaux des personnes relevant de leur compétence. Cet aspect est particulièrement pertinent aujourd'hui, compte tenu de la crise financière. Aux États-Unis, la réglementation est faussée en faveur de certains intérêts. Dans le contexte du changement social et économique actuel, l'incapacité des gouvernements à étendre leur rôle de surveillance est un échec cuisant face à l’obligation de protéger les droits humains.

Perspective féministe

Les États devraient respecter les principes clés des droits humains pour réaliser les droits économiques et sociaux. Certains de ces principes ont des implications potentiellement importantes pour la gouvernance des institutions financières et des marchés. Ces possibilités ont été sous explorées jusqu’à présent.

Les droits économiques et sociaux ont un ancrage institutionnel et juridique concret. Les traités internationaux, les déclarations mondiales, les conventions, et, dans un certain nombre de cas, les constitutions nationales ont intégré certains aspects des cadres de droits économiques et sociaux, ce qui a permis l’élaboration d’infrastructures institutionnelles au niveau du droit national et international.

Certaines personnes avancent que l’idée d’une justice mondiale n’est peut-être pas un exercice utile en raison des complexités institutionnelles en jeu. Toutefois, les institutions mondiales ont sans aucun doute des incidences sur la justice sociale, à la fois positives et négatives.

Il est utile de déterminer ce que ces éléments des cadres alternatifs impliquent pour la gouvernance économique, en particulier ceux qui sont soutenus par les institutions existantes. Le cadre des droits économiques et sociaux est un bon exemple concret : ce cadre évolue constamment et les discussions et les délibérations en cours sont nécessaires afin d'aborder les sections sous développées et les lacunes potentielles.


Pour en savoir plus sur cette proposition :

Cette section est fondée sur le blog du CWGL intitulé Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies (L'application d'un cadre de droits humains aux politiques macroéconomiques, 2012).

Lorena Borjas

Lorena Borjas, una mujer trans latina y activista, vivía y trabajaba en el barrio de Jackson Heights de Queens, en la ciudad de Nueva York. En esas calles, cuidó de su comunidad durante años, defendiendo los derechos de las personas trans e inmigrantes, apoyando a lxs sobrevivientes del tráfico humano y del abuso, y haciendo campaña por los derechos de lxs trabajadorxs sexuales y de las personas que viven con VIH y SIDA.

Lorena era fuerte e incansable en su lucha por apoyar, defender y proteger a quienes son más marginalizadxs y discriminadxs por la transfobia, la misoginia y el racismo.

«Ella nos empujaba a brillar auténticamente, a  convertirnos en un grito de subversión que dice “Aquí estoy, y merezco felicidad también”.» - Cecilia Gentili, activista trans amiga de Lorena

Luego de haber enfrentado ella misma numerosos traumas y dificultades como mujer trans inmigrante y víctima de tráfico humano, recabó conocimientos y memoria emocional de la fuente de sus propias experiencias para ayudar a construir y fortalecer la comunidad de la cual era parte, y que era parte de ella. Algunas de las formas en que llevó esto a cabo fue organizando y movilizando apoyo, que abarcaba desde proveer preservativos y conectar a las mujeres trans con distintos servicios sociales, hasta armar una clínica para el testeo de VIH en su propia casa.

«Era un alma tan bella que ayudaba a otrxs, aun cuando su propio camino era difícil y doloroso como inmigrante, como inmigrante trans. Creía que la comunidad trans necesitaba amor, aceptación, y compasión, y lo daba todo.» - Luchia Dragosh, supervisora de producción de QPTV de un documental sobre Lorena

En sus más de 25 años de activismo, también fundó con Chase Strangio (abogadx y activista por los derechos trans) el Lorena Borjas Community Fund. Este fondo ayuda a lxs diferentes integrantes de su comunidad (y en especial a las personas trans) que lidian con problemas de inmigración, para evitar el ciclo de arresto-cárcel-deportación.

Lorena falleció en marzo de 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19.

Su enorme y hermoso legado será llevado adelante a través de las calles de Queens por la red y la comunidad que ella ayudó a crear.

« Continuaremos su trabajo desde donde ella lo dejó, un trabajo que es esencial para el bienestar de “mis pájaras”, como llamaba Lorena a las chicas trans de Queens que protegía bajo su ala.» - Cecilia Gentili


Tributos:

 «Lorena nos trajo luz, cuando atravesábamos tiempos muy oscuros aquí en Nueva York. Nos trajo luz cuando tuvimos que enfrentar la epidemia del crack, cuando tuvimos que enfrentar la crisis del SIDA, cuando tuvimos que enfrentar los cambios en las políticas de inmigración.» - Cristina Herrera, fundadora y CEO de Translatina Network y amiga de Lorena

«Lorena ha hecho más que nadie que yo conozca para arrojar luz sobre la epidemia del tráfico en las comunidades transgénero y para ayudar a otras mujeres trans a escapar de la explotación.» - Lynly Egyes, representante de Borjas en nombre del Transgender Law Center

Mira un documental sobre Lorena Borjas (solo en inglés)

Lee un artículo publicado en The New Yorker sobre Lorena Borjas (solo en inglés)

Lee una nota de opinión de Cecilia Gentili publicada en The New York Times (solo en inglés)

Snippet FEA Workers Persecution S4 (ES)

Un agente de la ley con equipo antidisturbios rosa sosteniendo un palo

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Les conséquences principales sur le système international des droits humains

Les acteurs anti-droits ont eu un impact substantiel sur le cadre relatif aux droits humains et sur l’interprétation progressiste des normes relatives à ces droits, en particulier dans le champ du genre et de la sexualité.

Pour mesurer l’impact de l’action des conservateurs dans les espaces politiques internationaux, il suffit de constater l’immobilisme et les régressions qui caractérisent la situation actuelle.


Nous sommes témoins de l’affaiblissement des accords et des engagements existants ; de négociations dans l’impasse ; du travail de sape continu mené à l’encontre des agences des Nations Unies, des organes de surveillance des traités et des Procédures spéciales ; et enfin de l’intégration d’un langage rétrograde dans les documents internationaux relatifs aux droits humains.

La commission de la condition de la femme       

La CSW, qui se réunit chaque année en mars, est depuis longtemps l’un des espaces les plus contestés du système des Nations Unies. En mars 2015, les conservateurs ont donné le ton avant même que les événements ou les négociations ne commencent. Le document final élaboré par la Commission s’est avéré être une Déclaration très peu ambitieuse qui avait été négociée avant même que les activistes des droits des femmes n’aient pu intervenir.

Pendant la CSW 2016, le nouveau Caucus des jeunes a été infiltré par un grand nombre d’activistes anti-avortement et anti-droits sexuels et reproductifs qui ont réussi à réduire les organisations de jeunes progressistes au silence. Une fois de plus, les intenses négociations ont abouti à un texte terne dans lequel les éléments relatifs à « la famille » sont formulés dans un langage rétrograde.

Alors qu’il est devenu particulièrement important et urgent de faire progresser les droits humains des femmes, la CSW est devenue un espace affaibli et dépolitisé. Il est de plus en plus difficile d’envisager d’y faire progresser ces droits dans la mesure où les activistes progressistes utilisent toute leur énergie pour essayer de faire barrage au recul voulu par les conservateurs.

Le Conseil des droits de l’homme

En tant qu’organe intergouvernemental responsable de la promotion et de la protection des droits humains dans le monde entier, le CDH est une porte d’entrée essentielle pour les conservateurs. Ces dernières années, cette institution a été le théâtre d’un certain nombre de démarches anti-droits.

En concertation avec d’autres acteurs anti-droits, certains États et blocs d’États conservateurs ont adopté une stratégie qui vise à faire retirer tout langage progressiste des résolutions et à introduire des amendements hostiles. Ils s’attaquent le plus souvent aux résolutions qui traitent de droits relatifs au genre et à la sexualité.

Par exemple, lors de la session du CDH qui s’est tenue en juin 2016, les États membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI) et leurs alliés se sont opposés à l’adoption d’une résolution sur la discrimination à l’égard des femmes. Au cours de négociations tendues, de multiples dispositions ont été supprimées, y compris celles relative au droit des femmes et des filles de contrôler leur sexualité et leur santé ainsi qu’à leurs droits sexuels et reproductifs. Ont également été supprimées toutes les dispositions portant sur la nécessité d’abroger les lois qui perpétuent l’oppression patriarcale des femmes et des filles dans les familles et celles qui criminalisent l’adultère ou pardonnent le viol conjugal.

Le CDH a également été le théâtre d’initiatives pernicieuses des conservateurs visant à coopter les normes relatives aux droits humains et à introduire un langage conservateur en matière de « droits humains » – comme celui utilisé dans les résolutions en faveur des « valeurs traditionnelles » soutenues par la Russie et ses alliés et, plus récemment, dans le cadre de la campagne pour la « protection de la famille ».

La Commission des droits de l’homme

En 2015, un certain nombre d’organisations religieuses conservatrices ont ouvert un nouveau front de lutte en commençant à s’attaquer à la Commission des droits de l’homme, organe de contrôle de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et instrument essentiel pour les droits humains.

Des groupes anti-droits se sont mobilisés dans l’espoir de faire inclure leur rhétorique anti-avortement dans le traité.

Lorsque la Commission a annoncé qu’elle rédigeait une nouvelle interprétation autorisée du droit à la vie, plus de 30 acteurs non étatiques conservateurs ont envoyé des observations écrites, avançant leurs arguments fallacieux sur le « droit à la vie » – à savoir que la vie commence dès la conception et que l’avortement est une violation de ce droit. Ils ont demandé à ce que ces idées soient incorporées dans l’interprétation de l’article 6 par la Commission.

L’action concertée de ces groupes conservateurs auprès de la Commission des droits de l’homme représente une évolution notable dans la mesure où elle concrétise la volonté des acteurs anti-droits de saper et d’invalider le travail essentiel qu’accomplissent les organes de surveillance de l’application des traités, dont celui de la Commission des droits de l’homme elle-même.

Les négociations sur les ODD et le Programme de développement durable à l’horizon 2030

En 2015, les acteurs anti-droits ont mené des actions de plaidoyer dans le cadre de l’élaboration des nouveaux objectifs de développement durable (ODD), insistant une nouvelle fois sur les droits relatifs au genre et à la sexualité. Leurs efforts pour faire adopter un langage rétrograde dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ont été moins fructueux.

Néanmoins, après avoir réussi à empêcher l’inclusion d’un langage progressiste dans le texte final, les conservateurs ont ensuite adopté une autre stratégie. Pour minimiser la responsabilité des États et saper l’universalité des droits, plusieurs États ont émis de multiples réserves sur les ODD.

Au nom du Groupe des États africains membres de l’ONU, le Sénégal a affirmé que les États africains ne « mettraient en œuvre que les ODD alignés sur les valeurs culturelles et religieuses de ses pays membres ».

Le Saint-Siège a également émis un certain nombre de réserves, affirmant qu’il était « certain que l’engagement selon lequel ‘personne ne serait laissé de côté’ serait compris comme une reconnaissance du droit à la vie de la personne, de la conception jusqu’à la mort naturelle ».

L’Arabie saoudite est allée plus loin encore, déclarant que le pays ne suivrait pas les règles internationales relatives aux ODD qui feraient référence à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, les qualifiant de « contraires à la loi islamique ».

L’Assemblée générale des Nations Unies

Les acteurs anti-droits ont un pouvoir d’influence de plus en plus marqué au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies. En 2016, lors de la 71e session, l’AG a été le théâtre de la féroce opposition des acteurs anti-droits à un nouveau mandat créé en juin 2016 en vertu de la Résolution du Conseil des droits de l’homme sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre : le mandat d’Expert indépendant pour la protection contre la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre[Béné1]  (OSIG). Quatre actions ont été mises en œuvre dans les espaces de l’AG pour tenter de réduire la portée de ce mandat.

Le Groupe des États africains a notamment coordonné la présentation d’une résolution hostile auprès de la Troisième Commission[Béné2] , visant essentiellement à faire indéfiniment ajourner ce nouveau mandat. Bien que cette tentative n’ait pas abouti, il s’agit d’une tactique nouvelle et préoccupante visant à bloquer rétroactivement la création d’un mandat présenté par le Conseil des droits de l’homme.

Les acteurs anti-droits œuvrent maintenant à porter directement atteinte à l’autorité du CDH auprès de l’Assemblée générale. Les acteurs anti-droits ont également tenté de nuire à ce mandat en menant une actions auprès de la Cinquième Commission (chargée des questions administratives et budgétaires). Cette initiative inédite a conduit un certain nombre d’États à tenter (encore une fois sans succès) de bloquer le financement des experts des droits humains de l’ONU, dont celui de l’Expert indépendant pour la protection contre la violence et la discrimination basées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Bien que ces multiples tentatives n’aient pas réussi à empêcher la création et le maintien de ce nouveau mandat, le soutien important que ces acteurs ont reçu, les stratégies innovantes qui ont été mise en œuvre et les puissantes alliances régionales qui se sont forgées tout au long des négociations nous donnent une idée des difficultés auxquelles nous allons devoir faire face.

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Autres chapitres

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Cristina Bautista

« Si nous nous taisons, ils nous tuent, et si nous parlons [ils nous tuent] aussi. Alors parlons. »  -  Cristina Bautista, 2019

Cristina Bautista était membre de la communauté autochtone du peuple Nasa, qui vit dans la région nord du Cauca en Colombie. Elle participait à la résistance en tant que leader, défenseuse des droits fonciers, travailleuse sociale et gouverneure de la réserve autochtone Nasa de Tacueyó.

Défenseuse infatigable des droits du peuple Nasa, Cristina s’est exprimée haut et fort contre la violence à l’égard de sa communauté. Dans un discours devant les Nations Unies, elle appelait à protéger les vies des femmes autochtones et à les impliquer dans différents domaines de la vie. En 2017, Cristina était membre du Bureau des Nations Unies pour les droits humains des personnes autochtones. Le Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones lui a octroyé une subvention en 2019. 

« J’aimerais mettre en lumière la situation actuelle du peuple autochtone en Colombie, le meurtre de leaders autochtones, la répression de la contestation sociale. Au lieu d’aider, l’accord de paix a renforcé la guerre et l’exploitation de territoires sacrés en Colombie… Actuellement, nous travaillons en tant que femmes, dans presque toutes les nations autochtones, à un avenir meilleur pour nos familles. Je ne veux pas voir plus de femmes vivre dans ces conditions en milieu rural. Il nous faut des opportunités qui permettent aux femmes autochtones de participer à la vie politique, à l’économie, à la société et à la culture. J’acquiers une réelle force aujourd’hui, en voyant toutes ces femmes ici, et en voyant que je ne suis pas seule. » - Cristina Bautista, 2019

Cristina a été assassinée le 29 octobre 2019, ainsi que quatre autres membres de la garde autochtone désarmée, dans une attaque potentiellement menée par des membres de « Dagoberto Ramos », un groupe dissident FARC.  

D’après Global Witness, « le nombre d’assassinats de leaders communautaires et sociaux·les a terriblement augmenté en Colombie au cours de ces dernières années ». 

« La communauté nasa a prévenu à maintes reprises les autorités au sujet des menaces qui pèsent sur leur sécurité. Malgré les efforts déployés par les gouvernements colombiens successifs, les peuples autochtones continuent de faire face à d'importants risques, surtout les dirigeants communautaires ou religieux comme Cristina Bautista.» - Point presse des Nations Unies, 1er novembre 2019

Visionnez le discours de Cristina Bautista d’août 2019 où elle dénonce de précédents assassinats de membres de la garde autochtone (en espagnol)