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Detrás del asesinato de Berta Cáceres: complicidad empresarial

Ana Inés Abelenda

La negación por parte de las corporaciones involucradas de que haya habido violación de derechos humanos en la muerte de Berta Cáceres revela la trama de complicidades e impunidad que  provocó su asesinato.


Berta Cáceres fue asesinada mientras dormía en su hogar en La Esperanza, Honduras, el 3 de marzo de 2016. Durante los últimos años había sido hostigada y había recibido numerosas amenazas de muerte por su rol en los movimientos que lideraba, que se oponen al proyecto de represa Agua Zarca. El proyecto amenazaba con interrumpir el suministro de agua a la comunidad indígena lenca en Honduras, privándoles del derecho al manejo sustentable y a vivir de sus territorios y su río sagrado.

Cáceres recibió el Premio Ambiental Goldman 2015 por su trabajo. Pero incluso antes de su muerte ella ya había pagado un alto precio por su activismo, debido al cual sus hijas e hijo tuvieron que dejar el país porque sus vidas estaban amenazadas. Menos de dos semanas después del asesinato de Berta, 150 familias integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fundado por Berta, fueron desalojadas de la comunidad de Río Lindo, Cortés, por la Policía Militar y la Fuerza Especial “Cobras”. Y fue asesinado Nelson García, también miembro de COPINH, quien había ayudado a las familias desalojadas más temprano el mismo día.

Berta Cáceres y miembrxs de la asamblea comunal local en campaña contra la represa de Agua Zarca. Foto: cortesía del Premio Goldman.

Indignación mundial

El asesinato de Cáceres, el obvio clima de violaciones generalizadas a los derechos humanos, y la abrumadora impunidad en Honduras, han provocado indignación en el país y en todo el mundo. Esto se manifestó en marchas multitudinarias en Tegucigalpa, New York y otras ciudades, en un fuerte intento de presionar a los gobiernos y a las corporaciones involucradas en el entramado de complicidad con el asesinato de Berta, para que respondan y pongan fin a la escalada de violencia.

En el mismo día del asesinato de Berta, Hidroeléctrica Agua Zarca, un proyecto de la empresa privada hondureña de energía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), inmediatamente emitió una declaración negando cualquier participación en el asesinato: «Hidroeléctrica Agua Zarca afirma contundentemente que no existe ninguna vinculación directa o indirecta entre el proyecto y el lamentable hecho que ha terminado con la vida de la dirigente indígena».

Sin embargo, la familia Cáceres e integrantes del COPINH, cuestionan esta declaración en un comunicado en el que señalan a DESA como la fuente principal de numerosas amenazas, de la persecución y agresión contra la comunidad lenca y quienes conforman el COPINH.

Quiénes están involucrados

Una mirada más profunda sobre quién está detrás del proyecto de la represa Agua Zarca apunta a complicidades tanto nacionales como mundiales por parte de instituciones financieras y empresas.

En el nivel nacional, DESA es la empresa de energía privada a cargo de la implementación del proyecto. La compañía está parcialmente controlada por la acaudalada familia hondureña Atala, uno de cuyos miembros, el  multimillonario Camilo Atala, recientemente convirtió a su Grupo Financiero Ficosha en el mayor conglomerado financiero en Centroamérica al adquirir la mayoría de los activos del Citibank en la región.

La familia Atala ha hecho poco por ocultar su apoyo al golpe militar de 2009 en Honduras, que destituyó a Manuel Zelaya, el presidente electo democráticamente. Con el respaldo de las elites empresariales hondureñas, la administración de Lobo, instalada luego del golpe militar, adoptó el modelo neoliberal de desarrollo con el slogan ‘Honduras está Abierta a los Negocios’, otorgando 41 concesiones ilegales para represas hidroeléctricas sólo en 2010, incluyendo el proyecto Agua Zarca.

La mayoría de los proyectos de represas se otorgaron en territorio indígena sin el consentimiento previo informado de las comunidades afectadas, en una flagrante violación de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual exige que «se deben realizar consultas con los pueblos indígenas a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de las instituciones representativas de estos pueblos».

Pero el proyecto Agua Zarca también tiene apoyo financiero internacional clave de, al menos, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el banco holandés para el desarrollo FMO, Finnfund de Finlandia y la empresa alemana Voith Hydro. El Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI), su rama para el sector privado, ha negado su participación en el proyecto.

Proyectos que continuaron a pesar de la resistencia de la comunidad

La empresa estatal china Sinohydro Group, una de las mayores empresas de ingeniería en energía hidroeléctrica del mundo, era el contratista original para construir la represa. Pero hacia el final de 2013, Sinohydro decidió retirarse del Proyecto Agua Zarca, mencionando públicamente la resistencia de la comunidad y la indignación que siguió a la muerte del activista ambientalista del COPINH Tomás García, quien fue asesinado a balazos por el ejército cerca del lugar del proyecto.

En respuesta a una consulta del Business & Human Rights Resource Centre, el Sinohydro Group dijo: «Desde el inicio mismo de nuestra participación, se notó que había serios conflictos de intereses entre el Empleador del Proyecto, DESA, y las comunidades locales, los cuales fueron considerados como impredecibles y no controlables por el Contratista. Por lo tanto, el 15 de julio de 2013 Sinohydro Corporation Limited nos indicó suspender toda actividad en el sitio y los preparativos ya en marcha y retirar a toda su fuerza laboral del sitio del proyecto».

Sin embargo, el retiro sorpresivo de la empresa china en 2013 mencionando el conflicto con las comunidades locales, no generó ninguna duda en los presuntos bastiones de los derechos humanos, los patrocinadores holandeses y fineses del proyecto, quienes continuaron como si nada pasara hasta que el asesinato de Berta fue demasiado escandaloso como para ocultarlo.

Demasiado poco, demasiado tarde

Horas después de que Berta fuera asesinada, FMO y la corporación finesa difundieron una declaración lamentando el asesinato y reclamando «una investigación exhaustiva de los hechos y que los responsables deban rendir cuentas«, al tiempo que declaraban estar «trabajando en este momento con nuestros contactos en Honduras para revisar exactamente qué pasó».

Sin embargo, el día siguiente a la publicación de la declaración, FMO publicó un documento de preguntas frecuentes sobre el proyecto que claramente respondía a la obvia atención negativa que siguió al asesinato de Berta. El documento hace hincapié sólo en los beneficios del proyecto, prometiendo «priorizar la contratación local y proporcionar útiles escolares a todxs lxs estudiantes de las 11 comunidades». Además, dicen: «FMO también es consciente de que en muchos casos, nuestrxs clientes no tienen el conocimiento y/o la experiencia para implementar proyectos con los estándares internacionales de buenas prácticas ambientales y sociales que FMO exige...» Y así, con una misión declaradamente civilizadora orientada hacia «países en desarrollo con gobiernos débiles», tal como las preguntas frecuentes se refieren a Honduras, se despeja cualquier duda sobre complicidad en la violación a los derechos humanos. Lavado verde empresarial y neo-colonialismo en su máxima expresión. 

Fue sólo después del asesinato de Nelson García, otro miembro de COPINH, el martes 14 de marzo que FMO anunció en una declaración su decisión de «suspender todas las actividades en Honduras, con efecto inmediato. Esto significa que no nos embarcaremos en nuevos proyectos o compromisos y que no se hará ningún desembolso, incluyendo al proyecto Agua Zarca».

FinnFund decidió hacer lo mismo, suspender los desembolsos para el proyecto, aunque el CEO del fondo, Jaakko Kangasniemi explicó a Development Today que «todavía creemos que la gente en las áreas afectadas quiere este proyecto. Pero en esta coyuntura debemos revisar la situación».

La suspensión de actividades es una decisión bienvenida, pero es demasiado poco y demasiado tarde. Suspender las actividades en Honduras no es ni cercano a retirarse de forma permanente, algo que lxs integrantes de COPINH han estado exigiendo por un largo tiempo.

Complicidad de Estados Unidos, poder empresarial incontrolado e impunidad gubernamental

Los intentos por lavar la culpa también son válidos para el Departamento de Estado norteamericano, que abiertamente apoyó el golpe en Honduras en 2009. En una breve declaración emitida el 4 de marzo, ofrece «el pleno apoyo de los Estados Unidos para ayudar a llevar a los perpetradores ante la justicia«.

Hay silencio absoluto, como es esperable, sobre la permanencia de la ayuda militar estadounidense y de las tropas en Honduras, que sólo han impulsado la represión a los movimientos sociales y la violencia, poniendo al país en el podio como «el lugar más mortífero para lxs activistas ambientalistas» según el Global Witness.

El asesinato de Berta no es un caso aislado impulsado por el contexto específico en Honduras sino uno de los ejemplos más extremos de complicidad mortal entre el poder corporativo incontrolado, la impunidad gubernamental y las elites en todo el mundo. Los ejemplos abundan: desde el Delta del Níger, donde las mujeres siguen desafiando la exploración petrolera por compañías petroleras internacionales; en México, donde las mujeres indígenas están peleando para proteger la tierra de sus comunidades de proyectos de producción de energía eólica a gran escala; en Brasil, donde el colapso de una represa utilizada  por la industria minera en 2015 causó muertes en la comunidad local y continúa representando un riesgo para lxs sobrevivientes; en Sudáfrica, donde las compañías farmacéuticas siguen bloqueando el acceso a antirretrovirales genéricos baratos para lxs pobres y las comunidades vulnerables infectadas con VIH; y en las Filipinas, donde los ataques maliciosos y amenazas perpetrados por agentes estatales contra las Defensoras de derechos humanos, que resisten la represión y las operaciones de las compañías mineras aumentaron en agosto de 2015, provocando la condena de la Coalición Internacional de Defensoras de Derechos Humanos. Hay millones de Bertas alrededor del mundo que simplemente no pueden ser detenidas por asesinatos selectivos, porque ellas son la semilla en la perseverancia de las luchas.

«Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación racista, capitalista y patriarcal», dijo Berta al aceptar el Premio Ambiental Goldman. Ella simplemente describía la trama de complicidades e impunidad que provocaron su asesinato.

La negación empresarial de la complicidad en la violación de derechos humanos y en la muerte de Berta Cáceres es lavado verde corporativo y neo-colonialismo en su máxima expresión.


Este artículo fue escrito originalmente como parte de nuestra asociación con Open Democracy.

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Análisis