We will analyze the survey responses, derive insights and trends, and present the results during the 15th AWID International Forum in Bangkok, and online, in December 2024. Register to attend the Forum here!

Young feminist activists are at the heart of AWID’s work.

In fact, 38% of our members are under the age of 30.

We believe that young feminists are both the present and the future of the struggle for women’s rights. We promote young leaders in the global women’s rights movement and our Young Feminist Activism program cuts across all aspects of our work.

At the same time, by defining young feminist activists as one of our Priority Areas, we contribute new analysis to current debates and ensure that young feminist activists are able to articulate their priorities and voice their concerns.

Find out more about our Young Feminist Activism Program

Definition

The solidarity economy (including cooperative economy and gift economy) is an alternative framework that is allowing for different forms in different contexts, open to continual change.

This framework is grounded in the principles of:

• solidarity, mutualism (Mutual Aid), and cooperation
• equity in all dimensions
• social well-being
• sustainability
• social and economic democracy
• pluralism

The producers in a solidarity economy develop economic processes that are intimately related to their realities, preservation of the environment and mutual cooperation.

Context

According to feminist geographer Yvonne Underhill-Sem, the gift economy is an economic system in which goods and services flow between people without explicit agreement of their value or future reciprocity.

Behind gifting is human relationship, generation of goodwill, and attention to the nurturance of the whole society and not just one’s immediate self and family, it is about the collective.

For example, in the Pacific region, this includes: collecting, preparing, and weaving terrestrial and marine resources for mats, fans, garlands, and ceremonial items; and raising livestock and storing seasonal harvests.

Feminist perspective

The incentives for women to be involved in economic activities are diverse, ranging from the fulfillment of career aspirations and making money for a long-term comfortable life to making money to make ends meet, paying off debt, and escaping from the drudgery of routine life.

To accommodate the diverse environments that women operate in, the concept of solidarity economy is in continual development, discussed and debated.

Learn more about this proposition

• The networks of organisations gathered within the Intercontinental Network for the Promotion of Social Solidarity Economy (RIPESS) issued a set of recommendations for the post-2015 development agenda that summarizes the key demands of a solidarity economy.
• The “Global Vision for a Social Solidarity Economy: Convergences and Differences in Concepts, Definitions and Frameworks” paper released by RIPESS in 2015 is part of a process of dialogue in which the network has been engaged. The global vision paper lays out the main points of the discussions and identifies areas to explore further.

من يجب أن يجيب على الاستطلاع؟

الاستطلاع هذا مخصّص للمجموعات، المنظمات والحركات التي تعمل بالأساس أو فقط على حقوق النساء، أفراد مجتمع الميم - عين، والحقوق الجندرية، في جميع السياقات، على جميع المستويات، وفي جميع المناطق. إن كان واحد من هذه المبادئ اساسًا لمجموعتكم/ن، تنظيمكم/ن أو شبكتكم/ن، أو أي نوع تنظيم آخر، إن كان مسجلاً أم لا، جديداً أو طويل العمر، ندعوكم/ن للإجابة على الاستطلاع.

*في الوقت الحالي، لا نطلب من الأفراد أو الصناديق النسوية أو النسائية تعبئة الاستطلاع.

تعرف على المزيد حول الاستطلاع: راجع/ي الأسئلة الشائعة

راجع/ي الأسئلة الشائعة

AWID ofrece una amplia gama de recursos para ayudarte en tu investigación

AWID proporciona una gran cantidad de recursos que pueden ayudarte en tu investigación. Te invitamos a explorar las Áreas Prioritarias y la sección «Infórmate» de nuestro sitio web, o que utilices la función de búsqueda para encontrar información sobre los temas específicos que estás investigando. .

Recomendamos especialmente que explores nuestro manual «¿Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres» (WITM). Este manual es una demostración política y práctica de los recursos y procesos necesarios para llevar a cabo una sólida investigación-acción.

Explora el manual «¿Dónde está el dinero» (WITM).

Contexto

La crisis económica global actual ofrece claras evidencias de que las políticas económicas de las últimas tres décadas no han funcionado.

La devastación causada por la crisis en los hogares más vulnerables del Norte y del Sur Globales nos recuerda que la formulación de políticas económicas y la realización de los derechos humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) han estado separados durante demasiado tiempo. Las políticas económicas y los derechos humanos no tienen por qué ser fuerzas opuestas sino que pueden existir de manera simbiótica.

Las políticas macroeconómicas afectan el funcionamiento de la economía en su totalidad, e influyen sobre la disponibilidad y la distribución de los recursos. En este contexto, las políticas fiscales y monetarias son fundamentales.

Definición

• Las políticas fiscales incluyen tanto los ingresos como el gasto público, y la relación entre ambos tal como queda expresada en el presupuesto gubernamental.
• Las políticas monetarias abarcan las políticas sobre tasas de interés y de cambio así como la oferta de dinero y la regulación del sector financiero.
• Las políticas macroeconómicas se implementan a través de instrumentos como los impuestos, el gasto del estado y el control sobre la oferta de dinero y de crédito.

Estas políticas afectan los principales precios como las tasas de interés y de cambio que a su vez influyen de manera directa sobre otros elementos como el nivel de empleo, el acceso a créditos que se puedan pagar y el mercado de la vivienda.

Aplicar un marco de referencia de derechos humanos a las políticas macroeconómicas les permite a los Estados cumplir mejor con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos son estándares universales que gozan de consenso internacional. Estas normas legales se expresan en  tratados de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

El artículo 1 de la DUDH dice que «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos».

Aunque la DUDH fue escrita hace más de seis décadas, su relevancia perdura. Muchas de las ideas que expresa se refieren a preocupaciones y temáticas centrales a las que continuamos enfrentándonos en todo el mundo: el rechazo a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), protección contra toda discriminación (artículo 7), la propiedad (artículo 17), igual salario por trabajo igual. (artículo 23.2) y el acceso a la educación (artículo 26.1) son asuntos pertinentes tanto en países ubicados al norte como al sur del Ecuador.

En un sentido más específico, la legislación internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos, que incluyen a los derechos económicos y sociales, de las personas bajo su jurisdicción. Esto cobra una relevancia particular en este momento de crisis financiera. En Estados Unidos, la regulación estatal se desvirtúa en función de intereses particulares. El fracaso en cuanto a extender el rol de supervisión de los gobiernos en el contexto de cambios sociales y económicos es también un fracaso frente a la obligación de proteger los derechos humanos.

Perspectivas feministas

Para realizar los derechos económicos y sociales, los Estados deben cumplir con los principios fundamentales de derechos humanos. Algunos de esos principios pueden tener consecuencias importantes para la gobernabilidad de las instituciones y mercados financieros, pero esas posibilidades todavía no se han explorado del todo.

Los derechos económicos y sociales tienen una base institucional y legal concreta. Las declaraciones globales, tratados internacionales, pactos y en varios casos también las constituciones nacionales han incorporado aspectos del marco de referencia de los derechos económicos y sociales, por lo que ofrecen una infraestructura institucional en el derecho doméstico e internacional.

Algunas personas consideran que tal vez no resulte útil pensar en una justicia global por las complejidades institucionales que implica. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que las instituciones globales ya ejercen impactos tanto positivos como negativos sobre la justicia social.

Resulta útil identificar las consecuencias que tienen algunos elementos de los marcos alternativos para la gobernabilidad económica y específicamente los que cuentan con el apoyo de instituciones existentes. Los derechos económicos y sociales constituyen uno de esos marcos de referencia específicos. Se trata de un marco de referencia en continua evolución que requiere de conversaciones y deliberaciones permanentes para abordar sus áreas aún no desarrolladas y sus potenciales deficiencias.

Para leer más acerca de esta propuesta:

• How to Apply a Human Rights Framework to Macroeconomic Strategies [Cómo aplicar un marco de derechos humanos a las estrategias macroeconómicas] (en inglés) del Center for Women’s Global Leadership (CWGL)
•  Esta sección está inspirada por la entrada del blog del CWGL “Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies” (2012). Ver (en inglés)

Укрепить наш коллективный голос и влияние на увеличение и улучшение финансирования феминистских организаций, организаций по защите прав женщин, ЛГБТКИ+ и смежных организаций по всему миру

Premier Dialogue de haut niveau sur le financement du développement, 29-30 octobre 2003.

Les  dialogues de haut niveau  de l’Assemble générale des Nations Unies sur le financement du développement, tenus tous les deux ans, sont l’un des mécanismes de suivi de la Conférence de Monterrey. À la suite de ce premier dialogue, huit tables rondes ont été organisées  autour de différentes questions comprenant les subventions agricoles, le commerce, l’allègement de la dette et le financement des OMD. Toutes les discussions se concentraient sur les manières de faire face aux  obstacles structurels qui pesaient sur ces questions et défavorisaient  les nations « en développement ».

D'autres mécanismes de suivi de la Conférence de Monterrey :

• Les réunions spéciales de haut niveau du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC)  tenues  chaque année sur le thème du suivi du Consensus de Monterrey et sous la direction  de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l’Organisation mondiale du commerce et de la CNUCED. En outre, au cours de chacune de ses sessions de fond, l’ECOSOC consacre jusqu’à deux jours à des  délibérations portant sur les priorités du FdD.
• L’organe des Nations Unies consacré aux questions fiscales, le Comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale, traite des différentes questions relatives aux politiques fiscales qui ont été identifiées dans le Consensus de Monterrey. Il constitue un cadre de dialogue visant à améliorer et à encourager la coopération fiscale internationale entre les autorités fiscales nationales.

Lxs actores ultra conservadores han desarrollado una serie de discursos en la esfera internacional de los derechos humanos. Utilizan argumentos que manipulan la religión, la cultura, la tradición y la soberanía nacional para minar los derechos relacionados con el género y la sexualidad.

Lxs actores anti-derechos se han alejado cada vez más del lenguaje explícitamente religioso. Vemos que actores regresivxs —que antes tal vez ridiculizaban los conceptos de derechos humanos — ahora los manipulan y cooptan para promover sus propios objetivos.

Protección de la familia

Este discurso emergente y exitoso parece inocuo, pero resulta útil como un tema ‘sombrilla’ bajo el que se cobijan múltiples posiciones patriarcales y anti-derechos. Por eso el tema de la «protección de la familia» resulta un ejemplo clave que muestra la tendencia de lxs actores regresivxs a llevar adelante una incidencia integral e integrada.

El lenguaje de la «protección de la familia» opera desplazando al sujeto de los derechos humanos, reemplazando al individuo por instituciones ya poderosas. También afirma una concepción unitaria, jerárquica y patriarcal de la familia que discrimina a todo formato familiar que esté fuera de estos límites rígidos.

Por último, intenta cambiar el enfoque del reconocimiento y la protección de los derechos de integrantes vulnerables de la familia a la no discriminación, la autonomía y la ausencia de violencia en el contexto de las relaciones familiares.

El derecho a la vida

La Santa Sede y varios grupos de la derecha cristiana buscan apropiarse del derecho a la vida para ponerlo al servicio de su misión contra el aborto. Mezclando el lenguaje de los derechos humanos con la doctrina religiosa conservadora, argumentan que el derecho a la vida, tal como se lo establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se aplica a partir del momento de la concepción.

Ningún instrumento universal de derechos humanos apoya ese argumento. Sin embargo, esta es una táctica atractiva para lxs actores anti-derechos, porque el derecho a la vida no puede ser violado bajo ninguna circunstancia y es un estándar legal vinculante.

Derechos sexuales

Lxs actores anti-derechos humanos utilizan una serie de dispositivos retóricos en su campaña para minar los derechos sexuales: sostienen que estos derechos no existen o que son «nuevos derechos»; que causan daño a las niñas, los niños y la sociedad; y/o que se oponen a la cultura, la tradición o las leyes nacionales.

Lxs actores conservadores dedicados a hacer incidencia en la ONU atacan el derecho a una educación sexual integral (ESI) desde varios frentes. Afirman que viola los «derechos parentales»; que perjudica a las niñas y los niños; y que no es educación sino adoctrinamiento ideológico.

También alegan que poderosos grupos de presión les imponen la Educación Sexual Integral a las niñas y los niños, los padres y las Naciones Unidas para beneficiarse de los servicios que estos mismos grupos proporcionan a niñas, niños y jóvenes.

Los intentos de invalidar los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género se han multiplicado. Lxs actores ultra conservadores argumentan que aplicar los principios y leyes históricos de derechos humanos a esta temática equivale a crear «nuevos derechos», y proponen un cambio radical en el significado actual de los derechos que resultaría de interpretarlos a la luz de la "cultura" o de las «particularidades nacionales».

Derechos reproductivos

Desde hace muchos años, las organizaciones de la derecha cristiana se movilizan en contra de los derechos reproductivos junto con la Santa Sede y otrxs aliadxs anti-derechos. A menudo argumentan que los derechos reproductivos no son más que una forma de control poblacional impuesto por Occidente sobre los países del Sur Global. Irónicamente, esta afirmación proviene a menudo de actores con sede en Estados Unidos y Europa Occidental, que en su mayoría trabajan activamente para exportar sus discursos y políticas fundamentalistas.

Lxs actores regresivxs también citan argumentos «científicos» de grupos de expertxs ultra conservadores y de fuentes que emplean metodologías de investigación poco sólidas, para sugerir que el aborto causa una serie de efectos secundarios psicológicos, sexuales, físicos y relacionales.

Protección de lxs niñxs y de los derechos parentales

Así como lxs actores anti-derechos buscan construir una nueva categoría de «protección de la familia», también proponen otra:  los «derechos parentales», que tampoco encuentra respaldo en las normas de derechos humanos vigentes. Este discurso paradójicamente intenta utilizar las protecciones de derechos que les corresponden a los niños y las niñas, tal como las expresa la Convención sobre los Derechos del Niño, para fundamentar el derecho de padres y madres  a controlar a sus hijas e hijos y limitar sus derechos.

La violencia contra las mujeres

Cada vez más, lxs actores anti-derechos, están intentando infiltrar y subvertir los estándares y discursos desarrollados por defensoras de derechos humanos, como la violencia contra las mujeres.

En la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres y en otros escenarios, estos actores insisten en tratar esta forma de violencia como un concepto al que le adosan argumentos anti-derechos reproductivos y otros de cariz patriarcal. Lxs actores ultra conservadores, por ejemplo, han argumentado que las relaciones de pareja no tradicionales ni heteronormativas son un factor de riesgo para la violencia, y enfatizan que los padres son necesarios para proteger a las familias de la violencia.

Género e «ideología de género»

La Santa Sede ha elaborado y sostenido una crítica al género, a la «ideología de género», lxs «radicales del género» y la teoría de género. Lxs actores anti-derechos a menudo leen el término ‘género’ como un código equivalente a ‘derechos LGBTQ’. La derecha religiosa utiliza el género como un concepto transversal que une muchos de sus discursos. Cada vez más, el pánico que generan en torno a este tema se concentra en la identidad de género y en los derechos de las personas trans.

Complementariedad y dignidad humana

Varios actores ultra-conservadores emplean el discurso de la complementariedad de los sexos. Estructuran su retórica en torno a una presunción de diferencia: se supone que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes pero complementarios en el matrimonio, la vida familiar, y también en su participación en la vida comunitaria, política y económica.

La referencia a los roles «naturales» tiene por objeto rechazar los derechos humanos universales a la igualdad y la no discriminación. También se utiliza para justificar las violaciones de estos derechos por parte de actores estatales y no estatales, y el incumplimiento de las obligaciones del Estado en cuanto a eliminar los prejuicios y las prácticas basadas en roles estereotipados para hombres o mujeres.

Soberanía nacional y antiimperialismo

Este discurso sugiere que organismos de la ONU o Estados que actúan a través de la ONU atacan injustamente a los gobiernos nacionales. Lo que se intenta aquí es desplazar el sujeto de los derechos humanos de la persona o sector marginado que sufre una violación de sus derechos a una institución poderosa y/o regresiva,  el Estado, para justificar excepciones nacionales a los derechos universales o para apoyar la impunidad estatal.

Libertad religiosa

Lxs actores anti-derechos han adoptado el discurso de la libertad religiosa para justificar violaciones a los derechos humanos. Se refieren a la libertad religiosa de una manera que contradice directamente el propósito de este derecho humano y entra seriamente en conflicto con el principio de la universalidad de los derechos.

Su argumento es que la libertad religiosa se ve amenazada y debilitada por la protección a los derechos humanos, particularmente aquellos relacionados con el género y la sexualidad.

Lo que se proponen instalar es que el derecho a la libertad religiosa tiene por objeto proteger a las propias religiones y no a las personas, que son quienes en verdad tienen la libertad de profesar  o no distintas creencias. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos protege a lxs creyentes y no a las creencias, y el derecho a la libertad de religión, pensamiento y conciencia incluye el derecho a no profesar ninguna religión ni creencia así como a cambiar de religión o de creencias.

Derechos culturales y valores tradicionales

El despliegue de referencias a la cultura y la tradición para debilitar los derechos humanos, incluido el derecho a la igualdad, es una táctica común entre lxs actores anti- derechos. Presentan la cultura como algo monolítico, estático e inmutable, y a menudo la oponen a las «normas occidentales».

Las alusiones a la cultura por parte de lxs actores anti-derechos en los debates de política internacional tienen como objetivo debilitar la universalidad de los derechos, defendiendo un relativismo cultural que prevalece sobre las reivindicaciones de derechos o las limita. El uso de los derechos culturales por parte de actores regresivxs se basa en una tergiversación deliberada de la cultura como derecho humano. Los Estados deben velar por que no se utilicen actitudes tradicionales o culturales para justificar violaciones a la igualdad. Las normas de derechos humanos exigen acceso, participación y contribución igualitaria en todos los aspectos de la vida cultural para todas las personas, incluidas las mujeres, las minorías religiosas y raciales y las personas cuya identidad o expresión de género difieren de las normativas.

La subversión del «universal»

En espacios políticos internacionales, lxs actores anti-derechos manipulan cada vez más las referencias a los derechos humanos universales o fundamentales para revertir el significado de la universalidad de los derechos.

En lugar de utilizar el término ‘universal’ para describir todo el conjunto de derechos humanos indivisibles e interrelacionados, lxs actores ultra conservadores lo emplean para delimitar y describir un subconjunto de derechos humanos que ellxs consideran «verdaderamente fundamentales». Todos los otros derechos estarían sujetos a la discreción del Estado, serían derechos 'nuevos' u opcionales. Este discurso resulta especialmente poderoso ya que instala una categoría indefinida - lo «verdaderamente universal» - que queda abierta a interpretaciones cambiantes.

Descargar capítulo

Otros capítulos

• Actores principales de la oposición
• Principales estrategias y tácticas de la oposición
• Impactos principales sobre el sistema internacional de derechos humanos

Descargar capítulo

Otros capítulos

• Actores principales de la oposición
• Principales estrategias y tácticas de la oposición
• Impactos principales sobre el sistema internacional de derechos humanos