Protección de la familia
El contexto
Esta sección de análisis especial ofrece un análisis feminista crítico y acceso a los recursos clave relacionados con la «protección de la familia» en los espacios internacionales de derechos humanos.
Durante los últimos años, venimos observando una nueva y preocupante tendencia en el ámbito internacional de derechos humanos, donde se están empleando discursos sobre la «protección de la familia» para defender violaciones cometidas contra miembros de la familia, de modo de reforzar y justificar la impunidad y para coartar la igualdad de derechos en el seno de la familia y la vida familiar.
La campaña para «proteger a la familia» es impulsada por proyectos conservadores que tienen como fin imponer interpretaciones «tradicionales» y patriarcales de familia; quitando los derechos de las manos de sus miembros para ponerlos en las de la institución «familia».
Los proyectos de «protección de la familia» tienen su origen en los siguientes fenómenos:
- el auge del tradicionalismo,
- el auge del conservadurismo cultural, social y religioso, y
- posturas hostiles a los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales, los derechos de las niñas y los niños y los derechos de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no normativas.
Desde 2014 un grupo de estados opera como bloque en espacios de derechos humanos, bajo el nombre «Group of Friends of the Family» [Grupo de amigos de la familia], y a partir de entonces se han aprobado resoluciones sobre la «Protección de la familia» todos los años.
Esta agenda se ha extendido más allá del Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en inglés). Hemos visto cómo el lenguaje regresivo sobre «la familia» se ha introducido en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW, por sus siglas en inglés), y hemos asistido a intentos por incluir este lenguaje en las negociaciones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Nuestro enfoque
AWID trabaja con asociadxs y aliadxs para resistir conjuntamente las agendas regresivas de «Protección de la familia» y otras, y para defender la universalidad de los derechos humanos.
En respuesta a la creciente influencia de actores regresivos en los espacios de derechos humanos, AWID se ha unido con aliadxs para formar el Observatorio de la Universalidad de los Derechos (OURs, por sus siglas en inglés). OURs es un proyecto colaborativo que monitorea, analiza y comparte información sobre iniciativas anti-derechos tales como la «Protección de la familia».
Derechos en Riesgo, el primer informe de OURs, traza un mapa de los actores que conforman el cabildeo global anti-derechos e identifica sus discursos y estrategias principales, señalando los efectos que estos discursos y estrategias están teniendo sobre nuestros derechos humanos.
El informe expone a la «Protección de la familia» como una agenda que ha promovido la colaboración entre una amplia gama de actores regresivos en las Naciones Unidas. La describe como un marco estratégico que aloja «múltiples posiciones patriarcales y anti-derechos, cuyo marco, a su vez, apunta a justificar e institucionalizar estas posiciones».

Contenido relacionado
Snippet FEA In numbers (ES)
EN CIFRAS
Una gobernabilidad económica diferente
Contexto
La crisis económica global actual ofrece claras evidencias de que las políticas económicas de las últimas tres décadas no han funcionado.
La devastación causada por la crisis en los hogares más vulnerables del Norte y del Sur Globales nos recuerda que la formulación de políticas económicas y la realización de los derechos humanos (económicos, sociales, políticos, civiles y culturales) han estado separados durante demasiado tiempo. Las políticas económicas y los derechos humanos no tienen por qué ser fuerzas opuestas sino que pueden existir de manera simbiótica.
Las políticas macroeconómicas afectan el funcionamiento de la economía en su totalidad, e influyen sobre la disponibilidad y la distribución de los recursos. En este contexto, las políticas fiscales y monetarias son fundamentales.
Definición
- Las políticas fiscales incluyen tanto los ingresos como el gasto público, y la relación entre ambos tal como queda expresada en el presupuesto gubernamental.
- Las políticas monetarias abarcan las políticas sobre tasas de interés y de cambio así como la oferta de dinero y la regulación del sector financiero.
- Las políticas macroeconómicas se implementan a través de instrumentos como los impuestos, el gasto del estado y el control sobre la oferta de dinero y de crédito.
Estas políticas afectan los principales precios como las tasas de interés y de cambio que a su vez influyen de manera directa sobre otros elementos como el nivel de empleo, el acceso a créditos que se puedan pagar y el mercado de la vivienda.
Aplicar un marco de referencia de derechos humanos a las políticas macroeconómicas les permite a los Estados cumplir mejor con su obligación de respetar, proteger y promover los derechos económicos y sociales. Los derechos humanos son estándares universales que gozan de consenso internacional. Estas normas legales se expresan en tratados de Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
El artículo 1 de la DUDH dice que «Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos».
Aunque la DUDH fue escrita hace más de seis décadas, su relevancia perdura. Muchas de las ideas que expresa se refieren a preocupaciones y temáticas centrales a las que continuamos enfrentándonos en todo el mundo: el rechazo a los tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5), protección contra toda discriminación (artículo 7), la propiedad (artículo 17), igual salario por trabajo igual. (artículo 23.2) y el acceso a la educación (artículo 26.1) son asuntos pertinentes tanto en países ubicados al norte como al sur del Ecuador.
En un sentido más específico, la legislación internacional obliga a los Estados a respetar, proteger y promover los derechos humanos, que incluyen a los derechos económicos y sociales, de las personas bajo su jurisdicción. Esto cobra una relevancia particular en este momento de crisis financiera. En Estados Unidos, la regulación estatal se desvirtúa en función de intereses particulares. El fracaso en cuanto a extender el rol de supervisión de los gobiernos en el contexto de cambios sociales y económicos es también un fracaso frente a la obligación de proteger los derechos humanos.
Perspectivas feministas
Para realizar los derechos económicos y sociales, los Estados deben cumplir con los principios fundamentales de derechos humanos. Algunos de esos principios pueden tener consecuencias importantes para la gobernabilidad de las instituciones y mercados financieros, pero esas posibilidades todavía no se han explorado del todo.
Los derechos económicos y sociales tienen una base institucional y legal concreta. Las declaraciones globales, tratados internacionales, pactos y en varios casos también las constituciones nacionales han incorporado aspectos del marco de referencia de los derechos económicos y sociales, por lo que ofrecen una infraestructura institucional en el derecho doméstico e internacional.
Algunas personas consideran que tal vez no resulte útil pensar en una justicia global por las complejidades institucionales que implica. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que las instituciones globales ya ejercen impactos tanto positivos como negativos sobre la justicia social.
Resulta útil identificar las consecuencias que tienen algunos elementos de los marcos alternativos para la gobernabilidad económica y específicamente los que cuentan con el apoyo de instituciones existentes. Los derechos económicos y sociales constituyen uno de esos marcos de referencia específicos. Se trata de un marco de referencia en continua evolución que requiere de conversaciones y deliberaciones permanentes para abordar sus áreas aún no desarrolladas y sus potenciales deficiencias.

Para leer más acerca de esta propuesta:
- How to Apply a Human Rights Framework to Macroeconomic Strategies [Cómo aplicar un marco de derechos humanos a las estrategias macroeconómicas] (en inglés) del Center for Women’s Global Leadership (CWGL)
- Esta sección está inspirada por la entrada del blog del CWGL “Applying a Human Rights Framework to Macroeconomic Policies” (2012). Ver (en inglés)
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Yamile Guerra
Yamile Guerra était une avocate bien connue, leader communautaire et activiste politique dans la région de Santander en Colombie.
Activement impliquée dans la résolution de litiges entre les communautés locales et les promoteurs immobiliers, elle s’est battue contre l’appropriation des terres illégale. Yamile a occupé plusieurs fonctions politiques, dont celle de secrétaire générale du gouvernement de Santander à Bogota, et s’était également présentée comme candidate à la mairie de Bucaramanga. Au cours des dernières années de sa vie, Yamile s’était de plus en plus impliquée dans les causes environnementales, et particulièrement celle de la défense de la biodiversité des zones humides de Santurbán, une région qui approvisionnait près de deux millions de personnes en eau potable, contre les promoteurs du développement économique.
D’après sa famille et ses ami·e·s, Yamile recevait quotidiennement des menaces de mort et avait demandé la protection des autorités.
« Elle était tout à fait consciente de la question [du litige foncier] et avait à plusieurs reprises mentionné qu’elle se sentait en danger. » - Alixon Navarro Muñoz, journaliste et amie de la famille Guerra
Le 20 juillet 2019, Yamile a été tuée par balles par deux hommes à Floridablanca, Santander. Elle venait de clore une discussion avec eux en lien avec le litige foncier. Un suspect a ensuite été arrêté pour son meurtre, lequel a admis avoir été payé pour organiser son assassinat. Selon des rapports, Yamile est la troisième membre de sa famille a avoir été assassinée, en lien avec des litiges fonciers. Son père, Hernando Guerra, avait lui aussi été assassiné plusieurs années auparavant.
L’assassinat de Yamile s’inscrit dans une vague de violences et de meurtres systématiques de centaines d’activistes sociaux et défenseur·e·s des droits humains en Colombie. L’Institut d’études sur le développement et la paix (INDEPAZ) rapporte qu’au moment du décès de Yamile, plus de 700 leaders communautaires et activistes pour les droits humains ont été tué·e·s depuis la signature en août 2016 d’un traité de paix par la Colombie. La plupart furent assassiné·e·s pour s’être opposé·e·s à des trafics de drogue et des opérations minières; y compris les peuples autochtones, les Afro-Colombiens et les défenseures des droits humains étant les plus exposé·e·s.
Moins d’une semaine après le décès de Yamile, des milliers de Colombien·ne·s ont manifesté dans les petites et grandes villes, brandissant des photos en noir et blanc d’activistes tué·e·s, et sur lesquelles était écrit : « Il ne peut y avoir de paix sans leaders » et « Fini les bains de sang ».
Yamile Guerra n’avait que 42 ans au moment de son assassinat.
Snippet Intro The Feminist Realities Magazine (FR)
Magazine des Réalités Féministes
À l’AWID, nous concevons ces réalités féministes comme les exemples vivants des mondes que nous savons possibles. Nous concevons ces diverses réalités féministes comme des revendications et des incarnations d’espoir et de pouvoir. Elles sont ancrées dans les multiples manières de vivre, de penser et de faire autrement, que ce soit au niveau des expressions quotidiennes de nos modes de vie ou nos manières d'être en relations les un.e.s avec les autres ou au niveau de systèmes alternatifs de gouvernance et de justice.
Les Réalités féministes combattent les systèmes de pouvoir dominants tels que le patriarcat, le capitalisme et la suprématie blanche.
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Keila Almanza
Impactos principales sobre el sistema internacional de derechos humanos
Lxs actores anti-derechos han logrado ejercer un impacto sustancial sobre nuestro marco de derechos humanos y sobre la interpretación progresiva de estas normas, especialmente las relacionadas con el género y la sexualidad.
Cuando se trata del impacto de lxs actores conservadorxs sobre los espacios políticos internacionales, el panorama general de la situación actual es de inmovilidad y retrocesos.
Hemos visto cómo se diluyen los acuerdos y compromisos existentes; se estancan las negociaciones; o se debilitan en forma sostenida las agencias de Naciones Unidas, los organismos de revisión de los tratados y los Procedimientos Especiales, al mismo tiempo que se logra introducir un lenguaje regresivo en documentos internacionales de derechos humanos.
Comisión de la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW)
La CSW, que se celebra anualmente en marzo, ha sido durante mucho tiempo uno de los lugares más en disputa dentro del sistema de las Naciones Unidas. En marzo de 2015, los actores conservadores marcaron el tono ya antes de que comenzaran los eventos o las negociaciones: el documento final de la Comisión fue una Declaración muy débil, consensuada antes de que las activistas por los derechos de las mujeres siquiera hubieran arribado a la sede de la CSW.
En la CSW de 2016, el nuevo Caucus de la Juventud fue infiltrado por un gran número de actores que se hicieron oír contra el aborto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y que a gritos hicieron callar a las organizaciones juveniles progresistas. Una vez más, las intensas negociaciones dieron como resultado un texto deslucido, que incluía lenguaje regresivo sobre «la familia».
Precisamente ahora que los derechos humanos de las mujeres han cobrado una importancia urgente, la CSW se ha convertido en un espacio despolitizado y debilitado. Utilizarla para lograr avances en los derechos resulta cada vez más difícil, ya que la energía de lxs progresistas se agota tratando de defender los logros obtenidos frente a la reacción conservadora.
Consejo de Derechos Humanos (CDH)
Como organismo intergubernamental responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, el CDH es un punto de entrada fundamental para lxs actores conservadores. En los últimos años, este mecanismo ha sido el escenario de una serie de acciones anti-derechos que han resultado perjudiciales.
En concordancia con otrxs actores anti-derechos, una estrategia de los Estados y bloques de Estados conservadores es negociar agresivamente para eliminar lenguaje positivo e introducir enmiendas hostiles a las resoluciones, sobre todo a las que tratan de derechos relacionados con género y sexualidad.
Por ejemplo, durante la sesión de junio de 2016 del CDH, los Estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica y sus aliados atacaron una resolución sobre la discriminación contra las mujeres. Las negociaciones fueron muy tensas y tuvieron como resultado que se eliminaran múltiples referencias a temas como el derecho de las mujeres y las niñas a ejercer control sobre su sexualidad, su salud sexual y reproductiva y sus derechos reproductivos; la necesidad de derogar las leyes que perpetúan la opresión patriarcal hacia las mujeres y las niñas en las familias y aquellas que penalizan el adulterio o perdonan la violación dentro del matrimonio.
El CDH también ha sido el espacio en el que se desplegaron iniciativas conservadoras perniciosas para cooptar las normas de derechos humanos e introducir un lenguaje conservador de «derechos humanos», como ocurrió con las resoluciones sobre «valores tradicionales» lideradas por Rusia y, más recientemente, con toda la agenda sobre «Protección de la Familia».
Comité de Derechos Humanos
En 2015 varias organizaciones religiosas y de derecha religiosas decidieron abrir un nuevo frente y comenzaron a hacer incidencia en el Comité de Derechos Humanos, el órgano responsable de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), un instrumento fundamental de derechos humanos.
Cuando el Comité anunció que estaba redactando una nueva interpretación autorizada sobre el derecho a la vida, grupos anti-derechos se movilizaron con la esperanza de incorporar su discurso anti-aborto en el tratado.
Más de 30 actores no estatales conservadores enviaron aportes escritos, defendiendo que su discurso engañoso sobre el «derecho a la vida» — según el cual la vida comienza con la concepción y el aborto constituye una violación a ese derecho — se incorporara en la interpretación del artículo 6 del Comité.
Esta incidencia de los grupos conservadores frente al Comité de Derechos Humanos constituye un giro estratégico ya que históricamente estos actores han intentado socavar e invalidar la labor esencial de los órganos de monitoreo de los tratados, entre ellos el propio Comité de Derechos Humanos.

Negociaciones sobre ODS y Agenda 2030
Lxs actores anti-derechos participaron en el cabildeo por los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2015, centrándose de nuevo en los derechos relacionados con el género y la sexualidad. Tuvieron un éxito limitado en sus intentos por incorporar lenguaje regresivo en la Agenda 2030.
Aun después de haber logrado rechazar lenguaje progresista en el texto final, lxs actores conservadorxs redefinieron su estrategia. En un intento por evadir la responsabilidad estatal y socavar la universalidad de los derechos, varios estados han formulado diversas reservas a los ODS.
En nombre del Grupo Africano, Senegal afirmó que los estados de esta región solo «implementarían los objetivos en consonancia con los valores culturales y religiosos de sus países».
La Santa Sede también hizo algunas reservas, «confiada en que la promesa de ‘Nadie va a quedarse atrás’» se leería «incluyendo el derecho a la vida de la persona, desde la concepción hasta la muerte natural».
Arabia Saudita dio un paso más, declarando que no seguiría ninguna norma internacional relativa a los ODS que hiciera referencia a la orientación sexual o la identidad de género, que considera «contrarias a la ley islámica».
Asamblea General
Lxs actores anti-derechos están ocupando cada vez más espacio en la Asamblea General de la ONU (AG). En su sesión 71 (2016), la AG fue escenario de una ferviente manifestación antiderechos en contra del nuevo mandato creado por la resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre la orientación sexual y la identidad de género (OSIG) en junio de 2016: el Experto Independiente sobre esta temática. Hubo cuatro intentos de socavar este mandato en el marco de la AG.
Primero , el Grupo Africano lideró un intento de aprobar una resolución hostil al mandato en el Tercer Comité, que en esencia se proponía aplazar indefinidamente su implementación. Si bien este intento no fue exitoso, constituyó una táctica novedosa y preocupante. Al bloquear retroactivamente desde la AG la implementación de un mandato creado por el Consejo de Derechos Humanos lxs actores anti-derechos buscan socavar directamente la autoridad del CDH frente a la Asamblea General. Después se dirigieron al Quinto Comité (responsable de asuntos administrativos y presupuestarios) para atacar el mandato.
En una acción sin precedentes, varios Estados intentaron (de nuevo, sin éxito) bloquear el financiamiento para todxs lxs expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, incluido el nuevo experto sobre OSIG.
Si bien ninguno de estos esfuerzos logró bloquear la creación e implementación del nuevo mandato, el apoyo significativo que recibieron, lo novedoso de la estrategia empleada y las sólidas alianzas construidas con criterios regionales a través de negociaciones marcan dificultades que habrá que enfrentar en el futuro.
Otros capítulos
- Actores principales de la oposición
- Discursos principales de la oposición
- Principales estrategias y tácticas de la oposición
Puis-je communiquer cette enquête à d’autres?
Oui, n’hésitez pas à le faire! Nous vous encourageons à communiquer le lien vers l’enquête à vos réseaux. Plus les points de vue exprimés et collectés seront divers, plus notre compréhension du paysage du financement de l’organisation des mouvements féministes sera exhaustive.
Sylvia Robinson
"Life is...about living in joy - waking up with purpose, feeling our creative energy, answering your calling." - Sylvia Robinson
Sylvia Robinson, a tireless community organizer and leader, was the founder and Executive Director of The Emergence Community Arts Collective (ECAC) in Washington DC.
This hub and performance space combine education, civic engagement, arts, social and spiritual services, and sustainable environmental practices. Sylvia envisioned it as a home where “there was a balance and synergy with the activities that people needed in order to sustain life.”
She was also one of the founding members of the Georgia Avenue Community Development Taskforce, a neighborhood group that works on social justice and organizing in Northwest DC to make sure the community has a voice in redevelopment and gentrification in the area.
“We're asking for affordable housing. We're asking that the small businesses that have been here for a long time don't get wiped out by new retail. We're asking for green space and space for people to get together to socialize. We're asking for streetscape improvements—better roads and lighting in the corridor.” - Sylvia Robinson about the Taskforce
Prior to becoming an organizer and after receiving a degree in computer science, Sylvia worked in air traffic control systems for over a decade. She then moved into drug and alcohol counselling, becoming increasingly engaged in community work.
“It was my call to be involved in community.” - Sylvia Robinson
Born in Washington D.C. on 14 August 1961, Sylvia passed away on 18 September 2017 after a battle with cancer.
“Sylvia's spirit and legacy will continue to inspire this community for many years to come.” - ECAC
Snippet FEA Nadia Echazu (EN)
The Nadia Echazú Textile Cooperative carries the name of a pioneer in the struggle for trans rights in Argentina. In many ways, the work of the cooperative celebrates her life and legacy.
Nadia Echazú had a remarkable activist trajectory: she was one of the co-founders of "El Teje", the first trans newspaper in Latin America, alongside Lohana Berkins, Diana Sacayán and Marlene Wayar. Nadia was part of the Argentinian Association of Travestis, Transexual and Transgender people (Asociación de Travestis y Transexuales de Argentina, ATTA) and founded The Organization of Travestis and Transgender People of Argentina (Organización de Travestis y Transexuales de Argentina, OTTRA).
Shortly after her death, her fellow activists founded the cooperative in her name, to honor the deep mark she left on trans and travesti activism in Argentina.
Piera Oria
Centre de Presse
Nouvelles sur l'AWID
- Les femmes et filles rurales ne doivent plus être laissées pour compte . CNCD, mars 2018
- Deux idées reçues sur les droits des femmes. Ritimi, mars 2017
- La CSW 61 gâchée par le décret anti-immigration des états-unis. Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine, mars 2017
- Le bâillon mondial de trump : une catastrophe pour les droits des femmes. Amnesty International, janvier 2017
- IFEX – VBG à l’égard des femmes dans les médias, la nécessité d’un activisme du quotidienIFF, décembre 2016
- Nous, féministes, dénonçons l'impact négatif de l'évasion fiscale sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Huffington Post, novembre 2016
- Le village francophone au forum de l’AWID du 8 au 11 septembre. Consulat général de France à Recife, juin 2016
- Egypte: WHRDIC Statement: Une éminente organisation de défense des droits humains lancée par des défenseuses des droits humains fait face à une menace de fermeture. OMCT, mars 2016
- Lutte contre les flux financiers illicites : pourquoi le prisme du genre est nécessaire. Mediaterre, février 2016
Communiqués de presse
Kit de réseaux sociaux
- L'Hommage aux défenseuses des droits humains qui ne sont plus parmi nous
- La série numérique d’art visuel « Les mouvements comptent »
- Le Forum de l’AWID
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Maritza Quiroz Leiva
Maritza Quiroz Leiva fue una activista social afrocolombiana, líder comunitaria y defensora de los derechos humanos de las mujeres. Como una de las 7,7 millones de colombianxs desplazadxs internamente por 50 años de conflicto armado, Maritza dedicó su trabajo de incidencia a apoyar los derechos de otras personas, en particular dentro de la comunidad afrocolombiana, que sufrían similares desplazamientos y violaciones de derechos.
Maritza era líder adjunta del Comité de Víctimas de Santa Marta, y una voz importante para quienes buscaban justicia en su comunidad, exigiendo reparaciones por las torturas, los secuestros, los desplazamientos y la violencia sexual que experimentaban las víctimas durante el conflicto armado. También trabajó activamente en el movimiento nacional por la redistribución de la tierra y la justicia agraria.
El 5 de enero de 2019 Maritza fue asesinada por dos individuos armados que irrumpieron en su casa. Tenía 60 años.
Maritza se sumó así a lxs otrxs cinco activistas y líderes sociales colombianxs que fueron asesinadxs durante la primera semana de 2019. En Colombia, ese año fueron asesinadxs un total de 107 defensorxs de derechos humanos.
Snippet FEA Georgia this is only the beginning (ES)
Georgia
Sindicato Red de Solidaridad