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© ACDI/Katalina Morales

HRC34: Integración de los derechos humanos en las iniciativas de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo

Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo - A/HRC/34/61 (en inglés)

En su informe final, el Relator Especial Ben Emmerson (en inglés) llamó a reformar la estructura de las Naciones Unidas para combatir el terrorismo.  Recomendó el establecimiento de una nueva oficina para las coordinación de las iniciativas para combatir el terrorismo, bajo la dirección del Secretario General, que trabajaría en cooperación con y con el asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado (ACNUDH).

Respecto de los estándares nacionales que deberían respetar las actividades para combatir el terrorismo, enfatizó que:

  • Las acciones de los Estados para combatir el terrorismo deben estar basadas en, y cumplir con, el derecho internacional, incluyendo las normativas sobre derechos humanos, humanitaria y de refugiadxs.

  • Los Estados deben garantizar que, al combatir el terrorismo, cualquier persona que alegue que sus derechos humanos o sus libertades fundamentales han sido violadas tenga acceso a la justicia, al debido proceso y a una solución efectiva, y que las víctimas de violaciones de los derechos humanos reciban reparaciones adecuadas, efectivas e inmediatas, las que deberían incluir, según corresponda, restitución, compensación, rehabilitación y garantías de no repetición.

  • Deben implementarse medidas para adoptar un instrumento internacional que consagre los derechos de las víctimas del terrorismo.

  • El uso de armas de operación remota tiene significativas consecuencias directas e indirectas.  Si bien el impacto inmediato es la pérdida de la vida de las personas que fueron el objetivo y de lxs espectadores del hecho, el efecto psicológico sobre todas las comunidades de la región afectada puede tener un serio impacto sobre una serie de otros derechos económicos, sociales y culturales, y sobre las libertades fundamentales.

  • El uso de drones armados debe estar sujeto a principios claros y públicos.  Los estados deben cumplir con sus obligaciones según el derecho internacional, incluyendo las normativas internacionales de los derechos humanos y las normativas humanitarias internacionales.

  • Todavía hay que avanzar para garantizar que existen adecuadas salvaguardas y supervisiones procedimentales sobre interceptación y vigilancia.  En particular, la norma debería ser la autorización judicial previa de la vigilancia.

Descargar el informe (en inglés)

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