En los últimos meses, el mundo entero ha sufrido una crisis en el precio de los alimentos. De acuerdo con las últimas cifras, actualmente 1.4 mil millones de personas viven por debajo de la nueva línea de pobreza de USD 1.25, y la mayoría son mujeres y niñas. Alrededor de 850 millones de personas en todo el mundo pasan hambre, y 820 de estos 850 millones viven en países en desarrollo, zonas propensas a verse más afectadas por el cambio climático. Estas cifras están vinculadas al aumento del precio de los alimentos, dado que el abastecimiento mundial de cereales en 2007 fue de 420 millones de toneladas, un mínimo histórico desde 1983. De acuerdo con el informe de la OCDE, un tercio del aumento de los precios de la agricultura previsto para los próximos nueve años es causado por biocombustibles.

En América Latina y el Caribe, más de 50 millones de personas aún no han tenido acceso a una alimentación adecuada. La desnutrición infantil, con sus efectos biológicos, sociales y económicos negativos, afecta actualmente a más de 9 millones de niños, lo que pone en riesgo los logros en la lucha contra la pobreza y la indigencia debido a la falta de alimentos. El problema de la pobreza y el hambre en la región está relacionado con una mejor distribución de la riqueza y la concentración de la tierra en el mundo. Esto es resultado de las políticas económicas neoliberales de privatización extrema y reducción de inversiones nacionales impuestas por instituciones financieras internacionales Esta situación ha sido más notoria en Haití, Argentina, Perú y México, y las agencias de la ONU en la región prevén un aumento del 5% en los precios de los alimentos, lo que aumentará la indigencia casi en un punto.
De acuerdo con la FAO, “América Latina y el Caribe tienen un superávit de 31% en recursos alimenticios. El problema del hambre en la región no es, pues, de producción, sino más bien de acceso a los alimentos” . Más allá de las tendencias económicas, de los factores climáticos o proteccionistas que tienen un impacto importante en la crisis actual, el principal problema de esta crisis alimentaria es la falta de acceso a la tierra y a propiedades y, en consecuencia, a los alimentos, en particular entre mujeres rurales e indígenas y jefas de hogar.
Esta situación empeora cuando se implementan políticas neutrales que subestiman e ignoran el papel y la contribución de las mujeres rurales e indígenas en la producción de alimentos y a través de estrategias de desarrollo que no tienen perspectiva de género, con un impacto negativo en las condiciones de vida de las mujeres y sus posibilidades de contribuir a la producción de alimentos y al desarrollo rural, local y regional.
La crisis alimentaria y el aumento de los precios pueden tener consecuencias políticas impredecibles. Si los precios continúan subiendo, otros 10 millones de personas corren el riesgo de convertirse en pobres, y un número similar de pobres podría aumentar.
En vista de esta situación, nosotro/as, organizaciones de campesinos y organizaciones de mujeres rurales e indígenas, organizaciones feministas y otras redes de mujeres preocupadas por reducir la pobreza y lograr la equidad de género, denunciamos que la actual crisis alimentaria es resultado del fracaso de las políticas estructurales y macroeconómicas implementadas durante los últimos 30 años bajo el liderazgo de las instituciones financieras internacionales (el FMI, el Banco Mundial, el BID y la OMC).

En resumen, estas políticas en América Latina y el Caribe:

- han reducido el espacio de políticas de países en desarrollo para definir su propio desarrollo y estrategias rurales;
- han promovido la exportación de la producción agrícola nacional y local sin considerar la necesidad de cubrir primero la demanda interna.
- han promovido acuerdos de libre comercio sobre bases desiguales para países en desarrollo, que aumentaron la vulnerabilidad de diversos sectores y grupos sociales, con claros efectos negativos sobre las mujeres rurales en varios países.
- han apoyado la especulación financiera sobre los alimentos y un estado que ya no tiene el papel de controlador de importaciones y exportaciones.
- han promovido la producción masiva de agrocombustibles.
- han ignorado el rol promotor de la adaptación agrícola y de la propiedad del territorio de las comunidades campesinas y rurales donde el rol de las mujeres es clave.
- han priorizado el servicio de la deuda externa en detrimento de la inversión pública interna con perspectiva de género en el sector agrícola nacional.
- han promovido estrategias nacionales de reducción de la pobreza sin considerar diferencias de desigualdad y discriminaciones.
- han promovido la reducción del papel del estado en todas las políticas, en particular en el desarrollo rural y la regulación del mercado, pero también en políticas sociales.

A través de las medidas mencionadas, han contribuido a empeorar las difíciles condiciones de vida de millones de campesinos y, en particular, de los grupos más vulnerables: mujeres, mujeres indígenas, niños y niñas.
La solución inmediata a esta crisis en América Latina y el Caribe puede desarrollarse a través de medidas a corto y mediano plazo; no pedemos dejar la solución para el largo plazo porque será demasiado tarde.

Hacemos un llamado a tomar las siguientes medidas urgentes en el corto plazo:

• Establecimiento de políticas agrícolas nacionales con perspectiva de género y con un presupuesto significativo como parte de un programa de inversión nacional más amplio, preparado con la participación de todas las partes interesadas.
• Desarrollo de políticas y estrategias con perspectiva de género que tengan en cuenta el papel, las responsabilidades y los derechos de hombres y mujeres de acuerdo con la edad y el origen étnico.
• Implementación inmediata de programas de apoyo y subsidios económicos, en los países de la región, dirigidos a los sectores más pobres de la población, incluidos programas de almuerzo escolar, distribución de paquetes de alimentos, en particular para mujeres jefas de hogar, programas de empleo.
• Implementación del proceso de reforma agraria y medidas para superar obstáculos legales y económicos para que las mujeres puedan tener acceso a recursos y beneficios como el acceso a la tierra, al agua, al crédito y a todos los insumos para la producción básica.
• Desarrollo de programas de microfinanciación flexibles que respondan a deudas contraídas por mujeres indígenas y rurales.
• Desarrollo y apoyo a programas y medidas basadas en el conocimiento tradicional, en particular en lo que se refiere a la conservación y el intercambio de semillas autóctonas.
• Los países desarrollados deben hacer honor a sus compromisos de asignar 0.7% de su PBI a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y elaborar planes de trabajo explícitos para lograr este compromiso; deberían además comprometerse a alcanzar el 10% de la AOD para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres para 2010 y el 20% para 2015, estableciendo estrategias en el plan de acción de donantes, países receptores y el CAD para lograr el objetivo, mediante el monitoreo del rendimiento y la evaluación del impacto.
• La comunidad internacional debe comprometerse para avanzar en acortar las brechas del ODM 8 y sus efectos negativos sobre la pobreza, la desigualdad y la actual crisis de cambio financiero, alimentario, energético y climático que afecta particularmente a las mujeres.
Hacemos un llamado a tomar las siguientes medidas urgentes en el mediano plazo:
• Promover estudios y análisis para visualizar el impacto de la crisis alimentaria y las estrategias de sustentos sostenibles para mujeres rurales, urbanas pobres e indígenas.
• Apoyar la inversión en la agricultura familiar y mejorar mercados, mediante la promoción del enfoque comercial justo para posibilitar la comercialización de productos de pequeñas agricultoras.
• Eliminar las barreras a la exportación con el objetivo de estimular a que los pequeños agricultores aumenten sus áreas de cultivo.
• Revisar los criterios de asignación de ayuda y alivio de la deuda, incluida la dimensión de desigualdad y teniendo en cuenta las particularidades de los países de ingresos medianos, en los que las mujeres enfrentan el efecto multiplicador de desigualdades y discriminación.

Firmas:
Action Aid
AWID
Equipo de Trabajo Feminista, GCAP
Oficina de Género y Educación (GEO) del ICAE

Ana Agostino
ICAE
International Council for Adult Education
General Secretariat
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